La política mexicana tiene una constante histórica que, como péndulo, oscila entre dos polos: el federalismo como principio constitucional y el centralismo como tentación permanente del poder. Hoy, ese péndulo vuelve a moverse peligrosamente hacia el segundo extremo con la llamada “reforma electoral Plan B” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que, bajo el discurso de austeridad y eficiencia, encierra implicaciones profundas para el sistema democrático mexicano. El contexto no es menor: tras el rechazo de la reforma constitucional por no alcanzar mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ha optado por la vía de las leyes secundarias para materializar objetivos sustancialmente similares, lo que plantea, desde la técnica constitucional, una tensión evidente entre legalidad formal y legitimidad material.
El contenido del Plan B, de acuerdo con información oficial y reportes de los principales medios, gira en torno a la reducción del gasto electoral, la reingeniería institucional del Instituto Nacional Electoral, la modificación de los procesos de cómputo y resultados, y una transformación estructural de los sistemas políticos locales. Se propone reducir el tamaño de los congresos estatales y de los ayuntamientos, recortar el presupuesto de los organismos electorales, reconfigurar la estructura operativa del INE y, de manera particularmente delicada, replantear mecanismos como el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Bajo una narrativa de combate a los “privilegios” y de eficiencia administrativa, la iniciativa parece orientarse a simplificar el aparato electoral; sin embargo, una lectura más detenida revela que estos ajustes inciden directamente en el equilibrio de poder entre la federación y las entidades federativas.
En efecto, el problema de fondo no es administrativo, sino constitucional. México es una república federal, y ello implica que los estados conservan soberanía en lo relativo a su régimen interior, incluyendo la organización de sus procesos electorales. La imposición de criterios uniformes desde el ámbito federal para determinar la integración de congresos locales o cabildos municipales constituye, en los hechos, una invasión a esa esfera competencial. A ello se suma el fortalecimiento indirecto del INE como órgano central, no necesariamente en términos de autonomía, sino de concentración de funciones, lo que termina por debilitar a los organismos públicos locales electorales y homogenizar el sistema en detrimento de la pluralidad regional. El federalismo electoral, que fue una conquista progresiva tras décadas de reformas, se ve así erosionado por una lógica centralista que, aunque revestida de eficiencia, reduce la capacidad de autodeterminación de las entidades.
México no es una república centralista. El artículo 40 constitucional establece con claridad que somos una federación integrada por entidades libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior. Esto incluye, de manera esencial, la organización de sus procesos electorales locales. Sin embargo, el Plan B apunta en sentido contrario. Al reducir el tamaño y configuración de congresos locales y cabildos desde una lógica nacional uniforme, se invade un ámbito que debería corresponder a la autodeterminación de los estados.
Y esto no es un asunto menor. El federalismo electoral mexicano ha sido una construcción paulatina, producto de décadas de reformas orientadas a garantizar elecciones libres, equitativas y confiables. Debilitar la autonomía local bajo el argumento de la austeridad puede resultar, en los hechos, en una homogenización política que reduce la pluralidad y limita la capacidad de los estados para diseñar sus propios modelos democráticos.
A este escenario se suma un elemento particularmente preocupante que la iniciativa incorpora o fortalece: la figura de la revocación de mandato. En teoría, este mecanismo constituye una herramienta de democracia participativa que permite a la ciudadanía evaluar y eventualmente destituir a sus gobernantes. No obstante, en el diseño político que se vislumbra, la revocación corre el riesgo de convertirse en un instrumento de legitimación permanente del poder. La experiencia reciente ha mostrado que estos ejercicios pueden derivar en procesos de movilización política desde el propio aparato gubernamental, en los que el titular del Ejecutivo, lejos de someterse a un juicio ciudadano imparcial, participa activamente en la promoción del ejercicio.
Esta situación plantea una distorsión profunda del principio de equidad en la contienda política. Si la revocación de mandato se convierte en una plataforma para que la titular del Ejecutivo “salga a campaña” bajo el pretexto de rendir cuentas, se desdibuja la frontera entre gobierno y propaganda, entre ejercicio del poder y competencia electoral. Más aún, en un contexto donde los órganos electorales pueden ver reducida su capacidad operativa y presupuestal, la posibilidad de garantizar condiciones de imparcialidad se vuelve aún más limitada. Así, un mecanismo que en abstracto fortalece la democracia participativa puede, en la práctica, consolidar un modelo plebiscitario donde el poder se legitima a sí mismo mediante consultas controladas.
En paralelo, el debilitamiento del INE constituye otro eje crítico. Aunque formalmente se mantiene su autonomía, los recortes presupuestales, la reconfiguración de su estructura territorial y la eliminación o modificación de herramientas técnicas clave afectan su capacidad real de organización y supervisión electoral. La eventual desaparición del PREP, por ejemplo, no sólo implica un cambio técnico, sino la pérdida de un instrumento que ha contribuido a generar certeza y confianza la noche de la elección. Sustituirlo por mecanismos menos probados o más centralizados puede abrir espacios de incertidumbre y conflicto poselectoral, especialmente en un país con antecedentes de alta competitividad electoral.
En este contexto, el discurso de la austeridad se revela como una narrativa insuficiente para justificar la profundidad de los cambios propuestos. La democracia, por definición, implica costos: organizar elecciones, fiscalizar recursos, capacitar funcionarios y garantizar condiciones de equidad no es gratuito. Pretender reducir esos costos sin afectar la calidad del sistema es una premisa cuestionable. Más aún, cuando los recortes coinciden con una mayor concentración de poder político y con la introducción de mecanismos que pueden ser utilizados para reforzar la legitimidad del Ejecutivo, la austeridad deja de ser un principio republicano y se convierte en un instrumento funcional a un rediseño del poder.
El fondo del debate, por tanto, no es técnico ni presupuestal, sino profundamente político y constitucional. Nos encontramos ante una disyuntiva entre un modelo de democracia institucional, basado en contrapesos, autonomía y pluralidad, y un modelo de democracia plebiscitaria, donde la legitimidad se construye a partir de consultas recurrentes y de una narrativa centralizada del poder. El Plan B parece inclinar la balanza hacia esta segunda opción, reabriendo riesgos que la historia política mexicana conoce bien: la concentración del poder, la debilidad de los órganos autónomos y la subordinación de las reglas del juego democrático a la voluntad del gobierno en turno.
En suma, la reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum no puede analizarse únicamente en términos de eficiencia o ahorro. Sus implicaciones alcanzan el núcleo del pacto federal, la autonomía de las instituciones electorales y la equidad en la competencia política. La incorporación de la revocación de mandato como mecanismo potencialmente utilizado para la movilización política desde el poder agrava este panorama, al introducir un elemento de campaña permanente que distorsiona el equilibrio democrático.
México enfrenta así un momento definitorio: optar por fortalecer sus instituciones y su federalismo, o permitir que, bajo el discurso de la austeridad y la voluntad popular, se consolide un modelo más centralizado, más controlado y, en última instancia, más vulnerable a los excesos del poder. Porque si algo enseña la historia constitucional, es que la democracia no se pierde de golpe, sino gradualmente, a través de reformas que, en apariencia, buscan mejorarla.
