Ariel González
Si algo no se les puede reprochar a algunos dirigentes de morena es su consciente o involuntaria transparencia al momento de exponer la necesidad que tiene su partido de una reforma al poder judicial. Por ejemplo, la aspirante a presidir la cámara de diputados, Dolores Padierna, expresa sin ambages que el Poder Judicial es un obstáculo a la Cuarta Transformación. Y lo es por un hecho imperdonable: los opositores “nunca se asumieron como minoría, quisieron obligar, dominar, hacer prevalecer su política pública, su visión neoliberal (…) las cosas cambiaron de manera sustancial en 2018, y se convirtieron en obstáculo permanente, apoyados siempre por el poder judicial, en particular, algunos jueces y la suprema corte, situación que no debe seguir”. (Reforma, 1-VII-24).
Es decir, el Poder Judicial le ha dado la razón a sus adversarios políticos y eso lo convierte en un enemigo al que hay que destruir. A la claridad de la señora Padierna le falta ciertamente contundencia, pero también podría decirlo de esa forma. En su visión “democrática”, los opositores y el Poder Judicial debieron doblar las manos y dejar paso libre a las atrabiliarias –y muchas veces ilegales– iniciativas y reformas enviadas por el Presidente López Obrador y aprobadas íntegra y ciegamente por sus empleados en el Congreso.
La diputada sabe perfectamente que en este sexenio su “mayoría” nunca les alcanzó para convertirse en calificada; y también sabe que incluso ahora, con una mayoría formal más grande, sólo podrán serlo si consiguen la inconstitucional sobrerrepresentación a la que aspiran.
La ley, la Constitución y el garante último de su complimiento, el Poder Judicial, han sido efectivamente un obstáculo para Morena y su proyecto de poder omnímodo. De ahí que Lenia Batres, la “ministra del pueblo” (morenista), defienda en una entrevista con El Universal las supuestas bondades de la reforma que López Obrador ha enviado al Congresol: “el voto popular puede garantizar que abogados y abogadas que lleguen a ser jueces tengan un nivel de responsabilidad social con mayor conciencia, noción de la realidad…”
Suponer que la elección popular de magistrados y jueces los dotará de mayor “responsabilidad social”, “conciencia” o “noción de la realidad” es una falacia. El voto no otorga tales valores. Véase el caso de los legisladores de Morena: ¿su elección popular les ha dado responsabilidad o conciencia? El servilismo –confirmado al 100 por ciento– que ha acompañado su analfabetismo legislativo sugiere otra cosa. Nunca han tenido ni siquiera “noción” de que representan un poder que, por increíble que les resulte, no tiene por jefe al señor Presidente.
Más “enterado” (es profesor de Derecho Constitucional, malgre tout), el senador Ricardo Monreal dice en un reciente artículo: “se trata de una reforma judicial que no tiene comparación con otras similares en el mundo, debido a su profundidad y alcances, pero además es impostergable e ineludible, porque, en principio, gran cantidad de ministras, ministros y personas juzgadores se alejaron del pueblo, lo cual hizo mella en la confianza de este último, y porque, con la conducta y prácticas inadecuadas de otras y otros más, se contravino el principio elemental de proveer la impartición de una justicia equitativa, pronta y expedita”.
Pero nuestro jurista debería saber que esta reforma sí se parece a otras. En América Latina por lo menos tiene un nefasto antecedente: Bolivia, donde la demagogia populista ha hecho posible que desde 2011 los ciudadanos de ese país elijan los 28 cargos del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Las razones por la que Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, impulsó una reforma al poder judicial fueron esencialmente las mismas que alega el senador Monreal y –antes que él– su jefe y Jefe del Ejecutivo: los jueces se alejaron “del pueblo”, sólo sirven a los oligarcas, defienden la corrupción y la impunidad.
Suena muy bonito el objetivo de poner la justicia en manos de la gente, pero los resultados de ese experimento que acá piensa repetir la 4T han sido desastrosos y, en el mejor de los casos, están todavía muy lejos de resolver los problemas de la justicia en Bolivia (que ni siquiera son tan graves como los de México, si nos atenemos a las mediciones internacionales).
La experiencia boliviana se llevó a cabo con muchas dificultades para la organización del proceso electoral y tuvo poca participación del “pueblo”. También, como era previsible, se impuso la selección previa de candidatos a jueces hecha por el partido en el poder. La corrupción no ha cedido, ni tampoco la impunidad, pero quizá lo más grave es que la independencia del poder judicial ha quedado trastocada tal vez para siempre, toda vez que esta se garantizaba (como todavía sucede en México) por la carrera judicial, la cual deja de tener sentido cuando los jueces y magistrados pueden llegar a serlo por el voto popular.
El primer Atlas de Impunidad mundial presentado el año pasado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, decía en su introducción que “la impunidad es el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte, en su forma más cruda, en la comisión de delitos sin castigo… La impunidad es la idea de que ‘la ley es para tontos’”.
Y tan tontos, que Monreal, Batres, Padierna y demás empleados del Ejecutivo pretenden que se elija “democráticamente” a jueces y magistrados para alcanzar el verdadero objetivo de su reforma: un poder absoluto, sin contrapesos, que no le rinda cuentas a nadie; un poder que goce de impunidad total.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
