La Procuraduría General de la República (PGR) firmó la declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción, junto con otros 10 países, con el objetivo de investigar los presuntos sobornos cometidos por directivos y empleados de la empresa Odebrecht y Braskem.
En la reunión se acordaron ocho puntos esenciales para recabar la mayor información sobre los diferentes casos de sobornos, los cuales ya habían sido revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se mostró que funcionarios de Odebrecht habían pagado 788 millones de dólares para la compra de favores en al menos 15 países.
En el encuentro estuvieron presentes fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
El 23 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con Petróleos Mexicanos, manifestó que se abrió una diligencia sobre el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para la obtención de contratos.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que en sus documentos aparecían pagos de hasta 10.5 millones de dólares, con el objetivo de recibir beneficios en territorio mexicano.
