Una magna concentración de tintes meramente políticos y electorales fue el marco para la celebración de un aniversario más de la expropiación petrolera, que en realidad no expropió el petróleo, que ya era nuestro, sino a las empresas extranjeras que se encargaban de la extracción, lo que hicimos nuestra fue la industria petrolera y se estableció el primer monopolio a cargo del Estado.
Desde entonces y hasta muy recientes épocas, los ingresos derivados del petróleo fueron la principal fuente de ingresos del gobierno federal, y se debe reconocer que mucho se construyó con ellos.
En una economía cerrada, como la que siguió en los gobiernos del desarrollo estabilizador, el modelo funcionó pero volvió a nuestra economía muy dependiente del ingreso petrolero, lo que trajo incertidumbre y obligó a diversificar la economía, gracias a lo cual, hoy las exportaciones mexicanas, el turismo y no se digan las remesas, rebasan los ingresos que el petróleo proporciona.
Hoy Pemex, no es, ni será, el impulsor del desarrollo nacional. La situación actual es cabalmente descrita por el reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiriéndose a los apoyos extraordinarios brindados por el gobierno federal a la empresa del Estado: “estos apoyos no necesariamente se han traducido en un mejor desempeño financiero de la empresa, dado que no han sido destinados a inversión productiva”, resaltó el organismo, perteneciente a la Cámara de Diputados.
Y continuó: “Así durante los últimos años, y una vez pagados los impuestos, Pemex no ha contado con los ingresos suficientes para cubrir íntegramente su gasto corriente y el servicio de la deuda. En consecuencia, se ha visto en la necesidad de financiar su inversión mediante el endeudamiento”, agregó el CEFP.
Con ese diagnóstico es lógico deducir que nuestra empresa, esa lograda por una expropiación nacionalista para que la riqueza del subsuelo fuera la palanca del desarrollo de México, ha llegado ya a un punto en el que debe reconocerse que ya cumplió su función y no es más la esperanza de un futuro promisorio sino solamente una empresa quebrada.
Pemex pierde dinero. Con deudas que rebasan los 108 mil millones de dólares y activos que solo valen 96 mil 700 millones, sobrevive por las transferencias fiscales que recibe y por la fluctuación a la alza de los precios del petróleo.
El mismo Banco de México, en su reporte de estabilidad financiera de 2021 expresó lo siguiente: “Los déficit de la empresa y su creciente nivel de deuda representan un riesgo sistémico para las finanzas públicas del país.”
Precisamente para evitar ese riesgo, es que se le inyectan cada vez más, recursos fiscales. Según nota de Héctor Usla en El Financiero, Pemex ha recibido del gobierno; 117,900 millones de pesos en 2019; más 111 mil 300 millones en 2020; en 2021 se le destinaron 389 mil 700 millones y hasta el tercer trimestre de 2022 se le habían aportado 131 mil millones de pesos.
Por otra parte, la empresa presenta pérdidas operativas por varias causas, una de ellas, escandalosa, el huachicoleo. El año 2022 se registraron 13 mil 946 tomas clandestinas, un aumento de 26% comparado con las detectadas en 2021, según los datos tomados de la bitácora mensual de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. Esto significa una pérdida monetaria de 14 mil 243 millones de pesos.
Para llevar esta situación a términos llanos, Pemex es un negocio que aporta flujo pero cuesta mucho mantenerlo y su precaria situación representa un riesgo para las finanzas nacionales, como ya lo han hecho saber calificadoras internacionales.
Para que sus ingresos sirvan, como en sus inicios fue, para financiar el desarrollo nacional, se requiere reducir sus gastos y costos. Las conquistas sindicales aunadas a la obsolescencia de muchas de sus instalaciones y otras taras operativas obstaculizan mejoras empresariales y revertirlas cuesta mucho dinero.
Para darle viabilidad a largo plazo a la empresa, la administración anterior Peña Nietista, implementó una serie de reformas que transferían algunos costos a empresas privadas compartiendo utilidades y cobrando impuestos, lo que garantizaba ingresos, menos costos laborales y menos apoyos fiscales.
Dichas reformas fueron consideradas como lesivas para la soberanía nacional por la administración actual, pues permitían la participación del sector privado, mexicano y extranjero. Revertirlas ha significado una carga para las finanzas nacionales y ha puesto a Pemex al punto de perder el grado de inversión.
En conclusión, el petróleo sigue siendo nuestro, como antes de la expropiación petrolera, este sábado celebrada con algarabía electorera, pero mantener a la empresa resultante de ella hoy resulta oneroso y ominoso.
Pemex tiene la menor producción de crudo desde los años 70 y aún si se cumpliera el pronóstico de producir 1.7 millones de barriles diarios en 2023, estaremos por debajo de la producción promedio del sexenio anterior que fue de 2.2 millones.
85 años después, más allá de la efeméride, no hay nada para celebrar y debe reconocerse que Pemex ya cumplió su misión original y que pretender rescatarla con fondos públicos no solo es un anacronismo, sino también un riesgo que no vale la pena correr por resabios patrioteros y propósitos demagógicos. Es otro tiempo, otro siglo, otra circunstancia y otro debe ser su derrotero y su propósito.
