La alcaldía Benito Juárez enfrenta una crisis de contaminación del agua que ha generado una creciente preocupación entre sus habitantes. Esta situación se suma a una serie de problemas ambientales relacionados con la empresa petrolera, evidenciando la necesidad de una gestión más rigurosa y responsable de los recursos naturales.
Estudios independientes solicitados por los vecinos han revelado la presencia de trihalometanos (THM) en el suministro de agua, incluyendo compuestos como cloroformo, cloruro de metileno y bromodiclorometano. Esta situación ha alarmado a la comunidad, que demanda respuestas y soluciones inmediatas.
José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha subrayado la importancia de tomar muestras directamente del pozo Alfonso XIII para identificar con precisión los contaminantes. Según Luege Tamargo, la dilución de agentes volátiles en el trayecto hacia los domicilios podría alterar los resultados, haciendo necesaria la evaluación en el punto de origen.
En este contexto, Pemex ha sido señalada como una posible fuente de contaminación debido a una grieta que permitió la filtración de diésel hacia los mantos acuíferos. La falta de transparencia inicial por parte de las autoridades, junto con la reserva de los resultados del muestreo, ha aumentado la desconfianza y la preocupación entre los residentes de Benito Juárez.
La reacción de los vecinos no se hizo esperar, logrando una suspensión provisional que obliga al gobierno de la Ciudad de México a entregar los análisis del agua contaminada. Esta acción ha llevado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a intervenir, ordenando a Pemex proporcionar información detallada sobre la situación en un plazo de 10 días.
El INAI tomó esta medida tras un recurso de revisión presentado por un ciudadano, después de que Pemex se declarara incompetente para informar sobre el caso. La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, destacó la importancia social del acceso a la información, señalando que permite a los ciudadanos tomar medidas preventivas y proteger su salud.
Simultáneamente, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investiguen a los altos mandos de Pemex. Según Téllez, estos funcionarios han autorizado la compra y uso de químicos de baja calidad y altamente contaminantes en el proceso de refinación de petróleo crudo.
El legislador enfatizó que el uso de estos químicos representa una violación a las normas ambientales, insistiendo en la necesidad de la intervención de la ASF y la SFP. Mencionó que otros organismos ambientales podrían efectuar estudios para evaluar los impactos y riesgos asociados con los elementos utilizados en la refinación de combustibles.
La preocupación de Téllez no se limita a los procedimientos administrativos, sino que también abarca la salud de los empleados y visitantes de las instalaciones de Pemex. Expertos han advertido que la exposición a los gases liberados por estos procesos puede tener consecuencias graves para la salud, subrayando la urgencia de abordar esta problemática. La atención a la salud pública en este contexto es fundamental para prevenir posibles daños a largo plazo.
Finalmente, a inicios de mayo, el gobierno de Salamanca en Guanajuato inició una evaluación legal contra Pemex por la contaminación del manto freático en el pozo agrícola 7. Mientras personal de Pemex revisa la zona, los agricultores continúan usando agua contaminada para regar cultivos, añadiendo otra capa de preocupación a la ya compleja situación ambiental en México. Esta acción legal refleja la creciente tensión entre las comunidades afectadas y la empresa, destacando la necesidad de soluciones sostenibles y responsables.
