San Juan del Río.- La resolución de dos juicios exigen al gobierno municipal de San Juan del Río efectuar el pago de 15.5 millones de pesos; exclamó el alcalde Guillermo Vega Guerrero, dijo que realizará un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) para que intervenga y revise las sentencias de dos casos interpuestos en contra de la autoridad municipal, las cuales, en su conjunto, representan un daño patrimonial a las arcas municipales.
“El impacto que tendría el pagar los montos correspondientes a estos procedimientos representaría el dejar de invertir recursos para el pago anual del programa de 6 mil becas escolares; la obra de 11.2 kilómetros de asfaltado lineal, equivalente a la distancia entre el Puente de la Historia y Cerro Gordo o dejar de invertir en la construcción de 12 arcotechos para escuelas”, señaló.
A través de conferencia de prensa, el munícipe explicó que el primer caso, corresponde a una demanda interpuesta para exigir el pago de 6.5 millones de pesos, derivado de la contratación de los servicios profesionales del despacho legal “Cruz y Meza Abogados S.C”, representado por José Marín Meza Sánchez, en octubre de 2009, durante el gobierno municipal encabezado por Gustavo Nieto Chávez, para efectuar la recuperación de impuestos.
“En este primer asunto no estamos dispuestos a pagar, porque el despacho contratado no hizo nada”, dijo, al tiempo de explicar que de acuerdo a las facultades del gobierno municipal, no era necesario realizar la contratación de un agente externo para efectuar las diligencias y gestiones correspondientes a este tipo de temas.
Además, afirmó que el único trabajo de este despacho que hay en expedientes es que gestionó una cita con representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que costaría al gobierno municipal 3 millones de pesos, que al no haberse pagado, se incrementó el monto a más de 6 millones de pesos.
Añadió que a través de la Comisión Ordinaria Anticorrupción del Honorable Ayuntamiento, se revisará el actuar de los ex servidores públicos implicados en este asunto y se les llamará a comparecer, para que expliquen los motivos que llevaron a realizar este procedimiento.
En tanto, el segundo de los casos se deriva de un suceso ocurrido en mayo de 2007, durante la celebración de las fiestas patronales en el Barrio de San Isidro, cuando vecinos del lugar se opusieron a la instalación de juegos mecánicos, lo que derivó en la intervención de la Policía Municipal y el arresto administrativo de 3 personas durante 5 horas. Derivado de dicho acto, las personas afectadas reclaman la indemnización por daño moral, por 9 millones de pesos.
“Se apelará la resolución para solicitar al TSJ revise el proceso y se acredite que hubo daño moral por la cantidad demandada, en tanto las personas afectadas comprueben que la indemnización asciende a la excesiva cantidad solicitada. Estamos de acuerdo en que si se acredita por un juez que hubo daño moral, el municipio esté obligado a pagar lo justo. Sin embargo, tendrán entonces las personas que demostrar que por estar detenidas 5 horas dejaron de percibir 9 millones de pesos, lo cual no ha sido acreditado en el juicio”, explicó.
POR: ROSSY MARTÍNEZ / CORRESPONSAL
