El confinamiento por la pandemia de COVID-19 detuvo por un momento las protestas sociales que comenzaron en América Latina en 2018 y alcanzaron su punto álgido en 2019. No obstante, una vez que las medidas por el coronavirus han comenzado a relajarse, el descontento popular regresó a las calles en varios países de la región.
En 2021, los problemas no resueltos —que además se acentuaron con la llegada de la enfermedad—, sumados a los estragos de la propia pandemia y a una gestión gubernamental señalada como ineficaz, son los principales elementos que han terminado por detonar las crisis de gobernabilidad y de representación política que ya se gestaban antes del coronavirus.
En Colombia, el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno como una de las medidas para enfrentar la crisis sanitaria revivió las masivas movilizaciones y llevó al país a un paro nacional. En El Salvador, la población protesta en contra de lo que considera una deriva dictatorial y un atropello a la separación de poderes por parte del primer mandatario.
La población argentina, por su parte, se manifiesta en contra de las restricciones dictadas por la administración presidencial, frente a una segunda ola de COVID-19. En Chile, las demandas surgieron luego de que el mandatario tratara de frenar el tercer retiro en los fondos de pensiones. En Brasil, la sociedad busca obligar al presidente a rectificar su discurso ante la pandemia, y lo llama a construir un pacto institucional que involucre a los tres poderes del Estado.
En todos estos casos, se observa que los actuales disturbios se alimentan de una serie de factores que combinan tanto el malestar heredado como el que nace con la emergencia sanitaria.
Enmarcada por este descontento y un mayor uso de las tecnologías, aparece una sociedad con gran incertidumbre y desconfianza respecto al futuro. Hay un desencanto generalizado hacia la democracia y sus procesos; la cultura política se ha transformado y, en muchos casos, descompuesto, a la par que se extiende una mayor conciencia social y política. Igualmente, se hacen presentes poblaciones con ira y grupos violentos, que modifican el desarrollo y panorama de los disturbios, y movimientos masivos sin liderazgo, que obstaculizan el diálogo con representantes y autoridades de gobierno.
Adicionalmente, prevalece una crisis en las estructuras políticas tradicionales y emergentes, cuyo número de simpatizantes va a la baja, y surgen mayores desafíos para los nuevos representantes, lo que impacta en la capacidad para gobernar y dar atención a las demandas sociales.
Analistas, representantes de la vida académica y organismos internacionales califican como mala gestión la respuesta y las medidas dictadas por los líderes latinoamericanos ante la pandemia. Al interior de cada país, el malestar y la insatisfacción de la ciudadanía hacia sus gobernantes se traduce en una profunda crisis de representación política y de desconfianza respecto a las instituciones y a las élites en el poder. La brecha entre gobernantes y personas gobernadas es hoy más profunda que nunca, y las estructuras políticas y en el poder están experimentando una sobrecarga de demandas que no pueden solucionar.
En todos los países que en 2021 han vivido el descontento popular, la aprobación de los mandatarios ha caído: en Chile, el respaldo al presidente es de un 7 %; en Colombia, de un 33 %, y en Argentina, del 58.6 %. Por ahora, las excepciones son Brasil y El Salvador. En el primero, la aceptación de la figura presidencial pasó de un 35 % a un 40 %, luego de que se volvieran a entregar los pagos de ayuda ante las crisis sanitaria y económica. En el segundo, a pesar de las críticas al atropello del titular del Ejecutivo a la separación de poderes, el respaldo se mantiene en un 98 %.
El escenario latinoamericano es preocupante. Hoy, los retos a la democracia y a la gobernabilidad son mayores; las grandes grietas se podrían acentuar; las batallas se presentan en varios frentes y los gobiernos poseen muy poco margen para el error. Cualquier solución deberá asegurar la participación ciudadana, políticas públicas más amplias, mayor transparencia y rendición de cuentas, e incluso la negociación de un nuevo pacto fiscal.
Durante este año habrán de observarse los procesos electorales celebrados en países que registraron los mayores estallidos sociales en 2019, así como en aquellos que ya arrastraban problemas de estabilidad y representatividad. En Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, la población ya ha manifestado su descontento en las urnas. Al final del año, será el turno de Nicaragua, Honduras y Argentina. Al tiempo que en Venezuela y en naciones de Centroamérica continúa el agravamiento de una crisis sin precedente que ya afecta a toda la región.
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