En sólo siete meses, Jesús Octavio García González pasó de proveedor a director de Administración del INE, y ahora enfrenta denuncias por conflicto de interés.
El año pasado, García compitió por un contrato de casi 200 millones de pesos para proveer al Instituto de urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio.
Pero el 21 de septiembre fue nombrado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sin el aval de los consejeros, administrador de los recursos del organismo, que en un año sin elecciones ascienden a 15 mil 99 millones de pesos.
Por ese hecho, desde el 20 de enero pasado enfrenta una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por un probable conflicto de interés y abuso de funciones, ya que en un corto periodo pasó de representar a empresas proveedoras de material electoral a ser el responsable de contratarlas.
En enero de 2025, García González representó a Corporativo Zeg en la licitación para adquirir urnas electorales genéricas, mamparas especiales y dados marcadores, por un monto de hasta 197 millones 66 mil 735 pesos.
Aunque el procedimiento fue declarado desierto, el contrato terminó asignándose por adjudicación directa a Cajas Graf, empresa que cinco años atrás también había sido representada por el hoy funcionario.
Cajas Graf ganó las dos partidas más relevantes: urnas electorales por 21 millones 039 mil 769 pesos y mamparas especiales por 174 millones 068 mil 895 pesos, para un total de 195 millones 108 mil 664 pesos.
La denuncia anónima, registrada con el folio 20260120194039022, exige investigar a García González por presuntamente ocultar su relación con empresas proveedoras.
El denunciante exhibe un poder para pleitos, cobranzas y actos de administración otorgado el 1 de junio de 2023 por Corporativo Zeg, el cual asegura sigue vigente, además de señalar que dicha relación fue omitida en el currículum público del funcionario.
“Estas circunstancias ameritan una investigación para determinar si existió conflicto de interés y si se cumplió con la declaración y excusa previstas en la ley”, señala la queja.
La llegada del funcionario al INE se dio con hermetismo. Consejeros señalaron que su currículum omitía su papel como representante de empresas proveedoras, lo que generó cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
En meses recientes, los consejeros también han criticado adjudicaciones directas y promueven crear una Comisión de Administración para supervisar los contratos relevantes del instituto.
