A través de su cuenta de Twitter, la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), emitió un pronunciamiento como respaldo a las feministas detenidas por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Y es que la mañana de este jueves se dio inicio a la segunda audiencia de dos mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo de 2021, por su presunta participación en los daños a la Maqueta Monumental del Centro Histórico, de la Alameda Hidalgo.
“Ante la audiencia para dos mujeres activistas por su participación en la protesta en #Querétaro el #8M pasado, la ONU-DH recuerda lo señalado por diversas instancias sobre uso del derecho penal y protesta social”, puntualizó este organismo.
Destacó que la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELECIDH) define criminalización de la protesta social como el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal en contra de manifestantes.
Por este motivo, la ONUDH pidió a las autoridades analizar si la utilización de estas sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la que establece la necesidad de comprobar que la penalización es necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Reconocieron que las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos.
Comentó que la criminalización de la defensa de los derechos humanos tiene un efecto disuasorio para la sociedad en general: debilita los movimientos sociales y hace que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía.
“Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus #DDHH. Sobre este punto hoy emitimos un comunicado con las presencias de la ONU-DH en Latinoamérica, CIDH y la RELECIDH. Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, las detenciones que no sean acordes a derecho, no sigan los procedimientos aplicables o no sean proporcionadas, razonables y necesarias pueden ser consideradas detenciones arbitrarias”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha destacado que las detenciones consecuencia directa del ejercicio de ciertos derechos como la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, son consideradas arbitrarias por sí mismas.
