En el marco de las sesiones ordinarias de Pleno de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, se aprobó la iniciativa de Ley de reforma a la Ley de Salud y al Código Penal del estado de Querétaro, que define agravantes en el delito de usurpación de funciones, en el ramo médico.
En dicha sesión, estuvo presente el presidente del Colegio Médico de Querétaro, José Francisco León Salazar, quien enfatizó la importancia de inhibir este tipo de conductas. Argumentó que se han hecho al interior de este colegio mecanismos para fomentar la regulación, capacitación y certificación de sus integrantes.
“Siempre hemos regido precisamente esta situación de querer aportar esta normatividad, para evitar precisamente que muchos otros profesionistas o médicos que no tengan la capacitación y pongan en riesgo la salud”, señaló.
Francisco León destacó que se tiene registro de que las prácticas más usurpadas en materia médica son en salud mental, como psicólogos o centros de rehabilitación de adicciones; cirugías plásticas o de reconstrucción, y la profesión de residencias médicas.
Consideró que “todas las leyes son perfectibles”, pero celebró que desde el congreso local se comiencen con estas estrategias para garantizar la buena práctica médica y el aval de las cédulas profesionales. Además, hizo un llamado a la población a la constante atención de la salud.
“Tratamos de concientizar a la gente; si no se hace conciencia en el autocuidado de la población, las enfermedades se van a complicar más y no nos van a dar un tiempo de revisión de la enfermedad, ya sea con terapia, medicamento o cirugía”, sostuvo.
En dicha normativa, se propone modificar las penas y ampliar los alcances del delito, que actualmente marca de los 3 meses a los 5 años de prisión y de 20 a 200 UMAS en el delito genérico; para adherir una agravante de dos a seis años, y hasta 400 UMAS de multa.
Esto aplicará para quienes sean procesados por prácticas ilegales de medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología en sus diversas ramas y las demás que establezcan otras exposiciones legales aplicables.
También, se señala una agravante para quienes usurpen una función y, además, hayan practicado cirugías o procedimientos quirúrgicos; en donde se estipula una pena de 6 a 12 años y una multa económica de 450 a 600 UMAS.