La afirmación presidencial: “La honestidad vale 90 por ciento, y la capacidad el 10 restante”. Es un absurdo tamaño caguama, pues la incapacidad, según la Ley de Responsabilidades y la Suprema Corte, también es una forma de deshonestidad. Sobre Octavio Romero Oropeza, Director de PEMEX, recaen las dos sospechas: inepto y corrupto. De principio es un ingeniero agrónomo, reciclado por obra y gracia de su amistad con López Obrador, como especialista en petróleo. Por otra parte, circula en las redes sociales, una lista de parientes de Oropeza, con nombres y apellidos que están en la nómina con sueldos espléndidos. De seguro todas son especialistas en petróleo. Nada se ha aclarado ni por PEMEX, ni por ninguna autoridad.
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, candidato a la Organización Mundial de Comercio, se desbordó en elegancia y dispendios con viajes en primera clase y viáticos. Cuando le preguntaron al respecto, López Obrador, dijo que no sabía de esa investigación. Ignorancia que comparten las autoridades.
Hemos probado hasta el aburrimiento las acusaciones de corrupción en las que ni el Presidente ni la 4T aclaran o promueven una investigación. Al vicio de la lucha contra la corrupción, selectiva y discriminatoria, se agrega otro vicio, que hace de la bandera que enarbola una farsa, una acrobacia para entretenernos y no ir al fondo del problema. Este es el segundo vicio.
La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la principal responsable del control y vigilancia de la administración, y su esposo, John Ackerman, Lord Pataleta, presentaron una declaración de bienes millonaria que no corresponde a sus salarios como investigadores y es cinco veces menor a los precios del mercado. ¿Alguna investigación? Ninguna. El sangronsísimo Ackerman amenazó con demandar al periodista denunciante, Loret de Mola, por daño moral, hasta el momento no lo ha hecho.
Mientras la controladora, la Secretaria de la Función Pública, dependa del controlado, el Presidente, no hay realmente una lucha contra la corrupción. Eréndira Sandoval y Ackerman, tienen una abierta militancia en Morena. Sin el menor recato al claro conflicto de intereses elogian las políticas del Presidente. La solución sería que la designación del Secretario del Función Pública la hiciera el Congreso y tuviera autonomía técnica y financiera. El gobernador Francisco Domínguez propuso en campaña una Contraloría Social, magnífica idea, pero quedó en eso: en promesa de campaña.
En resumen, ni el Presidente ni la 4T tienen una política contra la corrupción. Realizan actos espectaculares y selectivos contra los enemigos políticos, apoyados por todo un aparato de autoridades que dependen del gobierno. El Presidente se asume como el Ku Ku del reloj del país, él dice a quién y a qué horas se aplica la ley. La lucha contra la corrupción es el reflejo su gobierno: un Presidente, socarrón, intolerante, egocéntrico, autoritario y vengativo.
