Un reciente estudio británico reveló que las personas con obesidad tienen un 40 por ciento más de probabilidades de fallecer si contraen la COVID-19, en comparación con quienes mantienen un peso saludable, en respuesta el Gobierno del Primer Ministro, Boris Johnson, presentó un plan para restringir la venta y el consumo de comida chatarra en Reino Unido.
Estados Unidos, México, Reino Unido, Nueva Zelanda, Hungría, Australia y Canadá son los países con mayor tasa de obesidad en el mundo. De éstos, los tres primeros se colocan entre las diez naciones con mayor número de contagios y de fallecimientos acumulados por la COVID-19.
Desde 1975, las cifras de obesidad y sobrepeso han reflejado un incremento alarmante entre la población mundial, y, aunque son condiciones que ya no distinguen edad, género o nivel de ingreso socioeconómico, prevalecen en mayor medida entre las personas en situación de pobreza y las de menores ingresos. Para enfrentar esta creciente problemática que afecta tanto el bienestar individual como el desarrollo económico de cualquier Estado, otros gobiernos del mundo han implementado medidas similares a las adoptadas por el Reino Unido.
La obesidad y el sobrepeso afectan más a quienes tienen menos ingresos, ya que la falta de recursos económicos condiciona muchas veces la compra de alimentos que complementen una dieta saludable. En 2019, cerca de 2 mil millones de personas carecían de acceso regular a alimentación segura, nutritiva y suficiente, y 3 mil millones no tuvieron acceso a dietas saludables ricas en frutas, verduras y proteínas. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que, este año, debido a las pérdidas en el ingreso, se duplicará la inseguridad alimentaria aguda en los países de ingreso bajo y mediano.
Distintos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial, entre otros, han enfatizado la necesidad de que las estrategias nacionales propicien una alimentación saludable; estimulen la actividad física; incorporen regulaciones como el etiquetado frontal o en los menús de los alimentos con alto contenido de azúcar, grasa o sal, y regulen la publicidad y comercialización de alimentos chatarra.
Si bien desde antes de la pandemia México había aprobado un esquema de etiquetado obligatorio para advertir a la población sobre los contenidos de los alimentos que consume, requerimos desarrollar un programa integral que promueva una alimentación saludable siguiendo las líneas de muchas de estas recomendaciones internacionales. Un programa integral que contemple una gama de medidas como impuestos a alimentos no saludables, subsidios a los saludables, nuevos marcos en la educación a las y los consumidores para generar conciencia social, con énfasis en los programas de nutrición durante la primera infancia y la ejecución de políticas de prevención.
La llegada del virus ha potencializado los múltiples factores económicos y sociales que contribuyen a la obesidad y el sobrepeso, por lo que es necesario que los gobiernos continúen priorizando medidas inmediatas para proveer de alimentos e ingresos a las personas más vulnerables no solo para atender las consecuencias de la pandemia sino para aliviar futuras crisis de salud.
