La relación entre CEOs y figuras políticas es una línea delgada que puede transformarse en un serio problema reputacional. El crecimiento de una empresa depende, con frecuencia, de una buena relación con las autoridades. Por ello, inauguraciones, presentaciones o anuncios de inversión suelen convertirse en momentos propicios para cortejar a funcionarios clave para la operación estable de una planta, la expansión de operaciones o la resolución de conflictos comunitarios.
Sin embargo, el entorno político actual —marcado por polarización, escándalos y sanciones internacionales— ha complicado estas vinculaciones. Lo que antes era un gesto protocolario puede convertirse en un dilema si el funcionario en cuestión es objeto de investigaciones o señalamientos que comprometen su integridad.
Esta encrucijada se ha vuelto especialmente visible en casos recientes, como el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. En mayo de 2025, la mandataria estatal informó que el gobierno de Estados Unidos había revocado su visa, al igual que la de su esposo Carlos Torres. Aunque no se han dado razones oficiales, diversos medios sugieren que podría tratarse de presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente con redes de contrabando de combustible. El caso reforzó rumores sobre la existencia de una “lista negra” de políticos mexicanos de todos los niveles de gobierno bajo investigación estadounidense por posibles vínculos con organizaciones catalogadas recientemente por Estados Unidos como terroristas.
Para las empresas que han compartido escenario con la gobernadora, recibido fondos estatales o participado en eventos públicos con ella, el riesgo reputacional es real. En un contexto de tensiones diplomáticas, algunas firmas incluso temen que el Departamento del Tesoro estadounidense pueda extender sanciones bajo marcos como la Ley Global Magnitsky, que permite castigar a entidades que mantengan relaciones con personas señaladas por corrupción o violaciones de derechos humanos.
La pregunta que muchas compañías se hacen hoy es simple pero crucial: ¿Debe mi CEO salir en una foto con un secretario de Estado, un gobernador o un presidente municipal?
No se trata de una situación aislada. En Estados Unidos, varias empresas enfrentaron llamados al boicot tras aparecer junto al expresidente Donald Trump en eventos públicos, especialmente después de decisiones políticas polarizantes. A nivel global, ocurre lo mismo con CEOs que han sido asociados con figuras como Vladimir Putin o líderes acusados de violaciones a derechos humanos. En México, la cercanía de ciertos empresarios con gobiernos estatales o federales también ha levantado sospechas, y en algunos casos ha derivado en investigaciones judiciales o pérdida de contratos.
Entre las consecuencias más comunes que las empresas pueden enfrentar se encuentran:
1.- Pérdida de confianza del público y socios: Cualquier percepción de complicidad con actores cuestionados puede traducirse en pérdida de clientes o inversionistas.
2.- Exposición a sanciones internacionales: Relaciones con funcionarios vinculados a actividades ilícitas pueden conllevar restricciones o bloqueos financieros.
3.- Conflictos internos: Empleados, sindicatos o accionistas podrían cuestionar la estrategia de relacionamiento institucional, generando tensiones internas o fugas de talento.
4.- Cobertura mediática negativa: Un evento aparentemente inocente puede escalar a escándalo viral si la figura política está bajo controversia.
Ante estos escenarios, resulta indispensable que las empresas cuenten con una estrategia preventiva y de gestión de riesgos que incluya:
1.- Evaluaciones de riesgo reputacional para sopesar el contexto, percepción pública y antecedentes de los funcionarios invitados antes de aceptar participaciones públicas.
2.- Diversificación de vínculos institucionales, evitando que una sola relación se convierta en el eje de su estrategia de incidencia o colaboración.
3.- Protocolos de comunicación preventiva que dejen claro el carácter institucional y no partidista de la presencia de funcionarios públicos.
4.- Planes de manejo de crisis reputacional, con voceros definidos, mensajes clave y canales oficiales, en caso de que surja una vinculación no deseada.
La relación con figuras políticas es, en muchos casos, inevitable. Su manejo requiere previsión, transparencia y responsabilidad. La línea entre la cortesía institucional y el daño reputacional es cada vez más delgada, especialmente en un entorno donde la política es volátil y las consecuencias pueden ser globales. Hoy más que nunca, los consejeros en asuntos públicos ya no son un lujo, sino un escudo necesario. Y el capital político del CEO debe ser cuidadosamente administrado: lo que ayer fue una foto protocolaria, mañana podría ser parte de una crisis de primera plana.
