Sobre la petición que hiciera un colectivo de periodistas a las recién aprobadas reformas del Artículo 159, la Secretaria de Gobierno señaló que podría haber un veto a dicha ley y reiteró que nunca hubo la intención de ir en contra del trabajo periodístico y sus fuentes de información. Así mismo, Guadalupe Murguía acotó que dicho paquete de reformas se gestó desde las áreas de seguridad “Ese fue el origen de este paquete. Nunca se pensó el limitar ni establecer una ley mordaza para medios de comunicación, periodistas o sanciones en caso de no revelar sus fuentes. El gobernador lo ha dicho. La labor del gobierno requiere de contrapesos y del reflejo de los medios de comunicación. Se que el criterio del gobernador en este artículo es revisarlo e incluso si las condiciones tales como está redactado pueden generar confusión, bien pudiera vetarse”.
Mas tarde, a Palacio de Gobierno acudió el asesor en políticas de seguridad Juan Martín Granados Torres, área a la que se atribuye la generación del paquete de reformas que se mandaron al Congreso local, así como el Consejero Jurídico del Gobernador, adscrito a la jefatura del gabinete, Victor Antonio de Jesús Hernández.
No se ha dado a conocer si el Congreso local ha mandado el paquete de reformas al Ejecutivo Estatal para que se hagan las observaciones correspondientes.
En la Gaceta Legislativa publicada el 31 de marzo, en el Artículo 159 se establece que “ARTÍCULO 159.- Se impondrá de uno a cinco años, hasta 500 veces el valor diario de la UMA, por concepto de multa y trabajos en favor de la comunidad hasta por seis meses, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, utilice, revele, entregue o facilite el acceso a información, documentos o cualquier objeto que se le hubiese confiado sea público o privado.” .
El propio gobernador, ha platicado con los trabajadores de la información en el sentido de que se harán las modificaciones pertinentes a la redacción para que no quede en un tema de interpretación y en su defecto, vetarla.
