El vocal de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy informó que el proyecto de ‘El Batán, Agua Para Todos’ pudiera tener un costo de 10 mil millones de pesos, asegurando que la intención del proyecto es que no se genere una deuda para el estado, sino que a través de un financiamiento mixto, pues el Gobierno del Estado aportará principalmente mediante propiedades y derechos de paso, sin transferencias de propiedad a entidades privadas.
Destacó que el proyecto no implicará deuda pública. Según lo señalado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda, pues no lo clasifica como endeudamiento.
“El costo del proyecto se estima en un capital cercano a los 10 mil millones de pesos, el gobierno no se está endeudando para esto, no implica que sea deuda, no es una deuda, el gobernador no quiere dejar deuda en el final de su sexenio y no va a dejar deuda”, explicó.
Respecto al proyecto, Vega Ricoy indicó que el agua pasará a través de un proceso técnico que incluye tratamiento, paso por humedales, dilución con agua pluvial, almacenamiento temporal en la presa del Batán y posterior potabilización. Esta agua podría alcanzar una calidad igual o superior a la del agua extraída actualmente de los pozos.
Además, señaló que en una reunión con aproximadamente 30 ambientalistas, se les presentó el proyecto, en donde los asistentes pudieron hacer preguntas y, según lo reportado, se mostraron satisfechos con la información recibida.
“Estuvimos con ellos, hicieron sus preguntas y dudas respecto al proyecto y nosotros respondimos, la verdad fue un buen ejercicio para poder atender todas las dudas que ellos tuvieran sobre el proyecto de El Batán”, acotó.
Respecto al proceso legislativo, indicó que la presentación formal del proyecto ante el Congreso dependerá de una invitación por parte de los diputados. Mientras tanto, el proyecto ya fue abierto oficialmente y se presentó una propuesta que incluye cuatro elementos clave: la posibilidad de una asociación público-privada, la desincorporación de bienes inmuebles a favor de la CEA, el análisis de viabilidad financiera y las garantías correspondientes.
