A estas alturas de enero, Querétaro ya registra hechos que desmienten cualquier narrativa de tranquilidad. Feminicidios, intentos de asesinato, agresiones extremas y órdenes de aprehensión que no se ejecutan. Casos que se repiten, se acumulan y se normalizan bajo la idea de que “aquí no pasa lo que pasa en otros estados”. Como si la comparación fuera consuelo. Como si el umbral de lo tolerable pudiera seguir subiendo. Nombrar esto no es exagerar. Insistir no es provocar. Señalar no es activismo. Es responsabilidad.
A este escenario se suma un hecho que debería encender todas las alertas: la desaparición de cuatro niñas y adolescentes que se encontraban institucionalizadas en Querétaro. De acuerdo con la información que ha trascendido, estaban internadas en un convento bajo resguardo del Estado, al tratarse de menores huérfanas o sin redes familiares. Una de ellas ya fue localizada en Guanajuato. Las otras continúan desaparecidas.
Aquí no solo hay una emergencia, hay demasiadas incógnitas.
¿Por qué el Estado decide institucionalizar a niñas en un espacio religioso? ¿Bajo qué criterios se delega el cuidado de menores a este tipo de instituciones? ¿Qué protocolos existen para supervisar las condiciones en las que viven? ¿Quién vigila a quienes supuestamente cuidan?
Las versiones que han comenzado a circular resultan todavía más preocupantes: que las menores mantenían comunicación a través de perfiles falsos en redes sociales y que habrían salido “por su propio pie” debido a los malos tratos que vivían dentro del lugar. Si esto se confirma —y debe investigarse a fondo— el problema es aún más grave.
Porque cuando niñas bajo tutela del Estado prefieren huir antes que permanecer en el espacio que debía protegerlas, no estamos frente a un acto de rebeldía adolescente. Estamos frente a una falla estructural del sistema de protección.
Y, una vez más, la respuesta institucional ha sido lenta, fragmentada y poco clara. La información llega a cuentagotas, por versiones extraoficiales, por lo que circula en redes o por lo que preguntan las colectivas. No por informes públicos contundentes ni por una comunicación responsable que dé certeza a la sociedad.
Mientras tanto, quienes acompañamos casos, documentamos violencias y exigimos respuestas volvemos a ser las mujeres organizadas. No porque queramos ocupar ese lugar, sino porque, si no lo hacemos, nadie lo hace. Sin presupuesto, sin respaldo institucional y, muchas veces, bajo el señalamiento de que exageramos o generamos conflicto.
El calendario avanza y el contraste es brutal. Nos preparamos para el 8 de marzo mientras las violencias continúan. Se nos acusa de marchar, de incomodar, de “no mover temas”, cuando lo que está ocurriendo es mucho más simple y más grave: hay razones de sobra para alzar la voz desde el primer mes del año.
No es activismo lo que hoy incomoda. Es la insistencia en señalar que el Estado no está llegando a tiempo. Cuando se minimizan los feminicidios, cuando se normalizan las agresiones, cuando las órdenes de aprehensión no se ejecutan y cuando incluso niñas institucionalizadas desaparecen sin respuestas claras, el problema no es quien pregunta, sino quien calla.
Aún no termina enero y ya sobran las razones. No se trata de exageraciones ni de agendas ocultas. Se trata de vidas. Y de un Estado que no puede seguir delegando su responsabilidad ni esperando que el silencio resuelva lo que la omisión ha provocado.
