Más que factible, es necesario que se ejecuten las reformas necesarias para que aquellos que enfrentan un proceso legal en prisión preventiva y sin sentencia firme, puedan emitir su voto. Así lo consideró la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa. Al referir que se ha dado un extenso debate al respecto en los últimos años, la titular del Poder Judicial comentó que “Las personas privadas de su libertad con sentencia firme, tienen privados sus derechos políticos y civiles. Si un individuo tiene suspendidos estos derechos, no puede votar ni ser votado. La discusión se ha centrado mucho en las personas procesadas que no tienen sentencia firme y enfrentan su proceso en prisión preventiva como medida cautelar, que se les permita su derecho a votar”.
El texto en cuestión. “Voto en Prisión Preventiva”, fue también presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En aquél evento, la Magistrada Mariela Ponce Villa hizo junto a otros especialistas en materia penal, sus consideraciones al respecto. Entrevistada desde la Plaza de Armas, la Presidenta del TSJ afirmó que se han publicado diversos textos en los que se aboga por dichas reformas. Aseveró que a partir de los trabajos que ha realizado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), han hecho pruebas piloto en coordinación con el INE con la intención de que a partir del próximo proceso electoral, aquellos que no hayan sido sentenciados, puedan ejercer su voto.
Mariela Ponce Villa, reconoció que será un reto importante en cuestiones jurídicas y logísticas el que se pueda materializar dicho programa y confió en que tanto el Poder Legislativo, como las instancias electorales hagan lo necesario para que el proyecto se pueda ver materializado y ejecutado.
Por último, la Magistrada Mariela Ponce Villa no descartó el hecho de que en un futuro, se pueda restablecer el derecho al voto incluso para quienes ya purgan una condena. Aseveró que la coordinación con los centros penitenciarios en la entidad, será fundamental para que dichas acciones se puedan llevar a buen puerto.
Hasta la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI, que en Querétaro había hasta 2 mil 800 personas privadas de su libertad.
De estas, el 70.3 por ciento tiene entre 18 y 39 años de edad.
Un dato relevante para el proyecto que se ha planteado, va en el sentido que de acuerdo a la ENPOL, de las 2 mil 800 personas que habitan los centros penitenciarios, el 79.8 por ciento contaba con sentencia firme hasta el 2021.
