El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), determinó una multa de 80 mil pesos y la inhabilitación por dos años a la empresa Soluntitec para participar en cualquier proyecto de obra en la entidad. Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario de la Contraloría Oscar García González quien acotó que fue la Secretaría de Obras la encargada del proceso y en base a sus normas la que determinó el monto de la sanción “ Se recibieron las pruebas y se dio la oportunidad a la parte acusada de presentar sus pruebas. Se llevó a buen término la obra, ya está funcionand. Sin embargo, la situación administrativa de empresa sí tenía que ser sancionada. El fin se semana me informó el Órgano de Control su resolución y la sanción pecuniaria que se aplicó fue de 80 mil pesos, que es lo que marca la Ley y la inhabilitación de dos años para que esta empresa no ejecute obra pública en el estado”.
Cuestionado sobre el monto, el Secretario de la Contraloría advirtió que el Órgano de Control Interno de la SDUOP, si bien es cierto que son “Brazos auxiliares” de la Contraloría “Tienen plena jurisdiccción y autonomía para emitir sus resoluciones con base en lo que hayan desahogado en su expediente”. En lo que ve a engaergados de supervisar la obra y funcionarios de la dependencia, Oscar García declaró que hasta el momento, no se ha sancionado a servidores úblicos aunque está abierto el expediente en contra de quien debía supervisar la obra por parte de la Secretaría. Aeveró que se trata de un supervisor que estaba asignado la noche que se deslizó una de las trabes.
Sobre los daños que se generaron a las vías de comunicación y la infraestructura, García González refiriró que todo fue absorbido por Soluntitec. Fue la mañana del 21 de agosto del 2022 cuando una de las trabes terminó por deslizarse para caer sobre carriles centrales de Bernardo Quintana en dirección a Los Arcos. Tras lo ocurrido, la obra se detuvo y se retrasó por varios meses. En paralelo, instancias como el Colegio de Ingenieros y universidades públicas participaban en el peritaje para el deslinde de responsabilidades.