El pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, señaló que los derechos de las mujeres se encuentran amenazados y en retroceso, “en algunos casos incluso revertidos”, e instó a los Gobiernos a priorizar la igualdad de las niñas y las mujeres.
Además, ONU Mujeres apuntó que una de cada diez mujeres en el mundo vive en situación de pobreza extrema, y que para eliminar la feminización de la pobreza y la desigualdad de género en América Latina se requiere erradicar la discriminación que viven las mujeres, y en particular las indígenas, rurales, afrodescendientes, con discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+ y en situación de migración.
Si no se toman las medidas necesarias para revertir las tendencias actuales, 20 millones de niñas y mujeres en Latinoamérica y el Caribe vivirán en situación de pobreza extrema para 2030, es decir, con 1.90 dólares al día. Al ser la pobreza una de las principales razones que impulsan a migrar —junto con la inseguridad, la violencia, los conflictos o los efectos del cambio climático—, la afectación podría ser mayor para las mujeres y las colocaría en situaciones críticas de extrema vulnerabilidad.
Se estima que en el mundo hay 281 millones de personas migrantes internacionales, de las cuales la mitad son mujeres, y que ellas han sido un componente importante en el fenómeno migratorio; actualmente dejaron de ser acompañantes o dependientes de otras personas migrantes, para emprender el viaje solas o como jefas de familia.
A estas mujeres que cruzan fronteras entre países también se unen las mujeres en situación de desplazamiento interno forzado, que en México suma un acumulado de 386 mil personas desplazadas, de acuerdo con datos del Informe global sobre desplazamiento interno del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para Refugiados (2022). Al segmentar los datos, según investigaciones de El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), sede Ciudad Juárez, se obtiene un 57 % de mujeres desplazadas.
Todas las personas en movilidad humana son vulnerables al abuso y la explotación, pero las niñas y mujeres migrantes se encuentran especialmente en riesgo y con mayor probabilidad de ser multidiscriminadas: por ser mujeres, indígenas, adultas mayores o de la comunidad LGBTTTIQ+ y estar en situación de migración y pobreza.
La importancia de ver, atender e incluir a las mujeres en el análisis y propuestas de solución a las diversas problemáticas globales —como la migración— es evidente y necesaria. Por ejemplo, para implementar estrategias de políticas públicas y programas que reconozcan y valoren adecuadamente su participación a nivel local e internacional, es fundamental conocer la aportación cuantitativa y cualitativa de las mujeres inmigrantes al desarrollo económico de los países de destino, a través de sus competencias y habilidades, y por su contribución a sus países de origen, ya sea por el envío de remesas, por ser agentes de cambio para transformar las relaciones de género dentro de sus propias familias o difundir la importancia del ejercicio de sus derechos. Es decir, en todas las esferas se debería estar trabajando para eliminar estereotipos de género, promover la participación equitativa en la toma de decisiones y garantizar el acceso igualitario a derechos, recursos y servicios.
Sin embargo, como lo declaró Guterres, actualmente los derechos de las mujeres están en riesgo de sufrir retrocesos. Acciones como la votación en Irlanda, con el 73.9 % en contra de modernizar el rol de la mujer en su Constitución (borrando de ella conceptos sexistas y discriminatorios), o acciones como las que pretendían implementar los presidentes de Argentina, Javier Milei, o de El Salvador, Nayib Bukele, que niegan la importancia de la perspectiva de género, las brechas entre hombres y mujeres, y prohíben el lenguaje inclusivo, entre otras, van en contra de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, la Convención de Belém do Pará y la realidad de las mujeres.
Las regulaciones mexicanas, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los principios contenidos en la Ley de Migración, permiten al Gobierno federal identificar y abordar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, y marcan la ruta para emprender las acciones que permitan crear las condiciones de cambio para avanzar en la construcción de la igualdad. Ir en contra de esto refleja un alarmante deterioro de los derechos humanos y una propensión a no reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo global, a no reconocer a la mitad de la población que también busca mejores condiciones sociales, económicas y políticas.
