Lo resucitó para donar terreno
Grave acusación formuló la señora María del Carmen Sánchez Chaparro, en contra del notario público número 2 de Cadereyta, licenciado Francisco Alejandro Pedraza Montes, por haber dado fe de en mayo de este año -en escritura pública- de una supuesta donación con reserva de usufructo vitalicio por parte de su esposo Macario Garduño Osorio, ¡fallecido el 22 de diciembre de 2011!
El hecho fue denunciado formalmente ante el secretario Juan Martín Granados Torres en un documento, del que PLAZA DE ARMAS tiene copia y que fue recibido y sellado en la dependencia el 15 de julio pasado, pidiendo se realicen las indagatorias e investigaciones del caso y se sancione al fedatario público por los actos ilícitos a que haya lugar.
La viuda, de 92 años de edad, advierte que su difunto marido no dejó testamento alguno y en el Registro Público de la Propiedad aparecía solamente su casa de San Juan del Río, ubicada en Avenida Juárez Poniente 124 y 126, por lo que abrió el juicio sucesorio intestamentario en el juzgado tercero civil de esa ciudad, con el número de expediente 618/2021.
Indica también que producto de su matrimonio tuvieron seis hijos, tres de ellos ya fallecidos, por lo que solicitó se notificara del trámite a los tres sobrevivientes para hacer valer sus derechos.
Posteriormente apareció la escritura pública en la que el notario Francisco Alejandro Pedraza Montes formaliza la donación el 7 de mayo de 2021 por parte de Macario Garduño Osornio, diez años después de muerto, a favor de sus nietos Greta Damaris, Brenda Samara, Freda Magali y Enrique Iván, todos de apellidos Garduño Ortega, descendientes del hijo mayor de nombre Enrique Garduño Sánchez.
Con base en ello, María del Carmen Sánchez Chaparro, señala que es totalmente imposible que el fedatario de Cadereyta haya contado con la presencia física y la identificación de su difunto esposo al formalizar tal acto jurídico, del que por cierto ya se dio aviso definitivo ante la Subdirección del Registro Público de la Propiedad de San Juan del Río.
Con tales evidencias y ante el riesgo de ser despojada de su único patrimonio, la mujer ha denunciado el hecho no solamente ante el gobierno estatal sino ante el Consejo de Notarios.
