El tono del régimen obradorista contra Estados Unidos por la acción militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro se ha elevado. Es clara la cohesión en la cuatroté, que ha llevado a alinear todas las voces, incluida la de la presidenta Claudia Sheinbaum, a las de su líder moral y político, Andrés Manuel López Obrador, que, se puede confirmar hoy, es un objetivo de la justicia estadounidense por sus presuntas relaciones con los cárteles de las drogas y actos a favor de gobiernos enemigos de ese país, que afectan su seguridad nacional.
Hablar en estos términos no significa avalar la intervención militar y las acciones de fuerza en Venezuela, que los mexicanos conocemos de sobra, sino de tratar de entender que el contexto actual obliga a la presidenta a actuar con más inteligencia, condenando, pero sin tomar partido por Maduro y su régimen dictatorial orgánicamente estructurado con el crimen organizado. El presidente Donald Trump está jugando simultáneamente en dos campos: quitar el control de América Latina, que había sido la plataforma de su hegemonía, a rusos y chinos, y descabezar regímenes que se involucraron con los cárteles de las drogas, que es algo que Sheinbaum debería procesar y entender.
En Venezuela, si bien no les gustaba que Hugo Chávez fuera presidente, no hubo una acción para derrocarlo o detenerlo porque no involucró al régimen con el narcotráfico. Maduro sí lo hizo, como fue el caso de Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, a quien capturaron tras una intervención militar similar a la que reciente vimos en Venezuela. Esa es la razón, según los estadounidenses, por la que quieren a Gustavo Petro fuera del poder -la guerrilla del M-19, a la que perteneció, recibía dinero de Pablo Escobar, el jefe del Cártel de Medellín-, y por la que pretenden llevar a proceso a López Obrador.
Para Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios, México es la joya de la corona y el país que está en la prioridad más alta de la seguridad nacional por una sencilla razón: aparece en prácticamente todas las acusaciones que ha formulado el Departamento de Justicia contra gobernantes, políticos y narcotraficantes en la región, como pieza fundamental en el trasiego de drogas a ese país. La acusación contra Maduro, su esposa Cilia Flores, el ministro del Interior, Diosdado Cabello y otras personas, está llena de referencias a México, como lo está la del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Las referencias abarcan cuatro sexenios, pero no hay un interés, al menos por ahora, de procesar a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque consideran que si bien hubo corrupción y funcionarios ligados al crimen organizado, no crearon como gobierno una economía paralela criminal, como afirman sí lo hizo López Obrador. No fue coyuntural.
Por diseño, cubanos y rusos infiltraron gobiernos democráticos en la región para democratizarlos, y más adelante, con el apoyo de los chinos, los fueron utilizando para inundar de drogas a los hambrientos consumidores estadounidenses y mermando sus capacidades y recursos. Los servicios de inteligencia estadounidenses, como parte de su contraofensiva, infiltraron a los cárteles para reclutar a sus líderes y con sus información descabezar a los gobiernos que se prestaron a ello, que no casualmente, habían fortalecido sus relaciones con esas tres naciones.
En función de los resultados, en este momento los frutos los está recogiendo Washington, que utilizó a Ismael El Mayo Zambada y a los chapitos para documentar la complicidad de Maduro y los líderes del Cártel de los Soles, con el Cártel de Sinaloa. Ahora, como pieza final del rompecabezas, quieren que Maduro documente la complicidad de López Obrador, la cúpula política de su movimiento y empresarios que estiman se coludieron con el narcotráfico.
Esto será, adelantó un funcionario, una parte importante de las preguntas que le harán los fiscales a Maduro, cuyo cuestionario será mucho más amplio y sobre países que les interesa neutralizar. La información que pueda dar Maduro a los fiscales no producirá acciones judiciales en el corto plazo. Su acusación fue producto de un trabajo de casi una década, aunque fue con Trump que se tuvo la decisión política de ir por él. En efecto, es ahora cuando los términos políticos de la relación de Washington con América Latina han cambiado, que es algo que la presidenta Sheinbaum no parece comprender a cabalidad o lo entiende, pero se niega a actuar en consecuencia.
La forma como se ha elevado el tono por las acciones militares, en donde ella, que también lo hizo, es la figura más relevante, la coloca en una situación incómoda, aunque no se haya dado cuenta. Su discurso de coordinación y la existencia de comunicación con la Administración Trump sirve para fines domésticos, pero no es un antídoto. En Washington, por el contrario, la exasperación va creciendo, como se puede apreciar por la reiteración belicosa de Trump, que en estos días ha ido de “algo tendrá que hacerse con México” a sugerir acciones similares a las de Venezuela en este país.
Es cierto, como dice, que ha mejorado sustancialmente la coordinación -les han hecho caso en el combate a la extorsión y el huachicol-, pero les ha dado largas en la petición de fondo que le han hecho: iniciar procesos judiciales contra figuras políticas de Morena presumiblemente relacionadas con el crimen organizado. Sheinbaum dice públicamente que no le han dado pruebas, lo que técnicamente es cierto. Diversos funcionarios le han dado nombres de políticos de Morena ligados a los cárteles, pero se han negado a entregarle el soporte documental porque, se lo han dicho, desconfían que se vaya a filtrar.
El nombre de López Obrador nunca se lo han puesto sobre la mesa, hasta donde se sabe, pero hay otros en los que son insistentes, sobre todo Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado. Maduro, Venezuela, Cuba y Nicaragua, conectan con la élite de la cuatroté, según las investigaciones en Estados Unidos, y algunos de los presuntamente implicados trabajan muy cerca de Sheinbaum. Las señales que ha mandado, particularmente en estos días, no es lo que esperaban en Washington de ella: una posición mesurada y una actitud que deje de ser pasiva y combata la narcopolítica.
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