Carlos A. Pérez Ricart
El año pasado fue el menos violento -medido por homicidios- de la administración del Presidente López Obrador. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2023 cerró con 29 mil 405 homicidios, mil quinientos menos que en 2022. Eso significa que hubo una disminución del 5% con respecto al año anterior.
La nota es importante, menos por el número absoluto y más por la tendencia a la baja. Aun así, los números son escalofriantes: en México se cometen 80 homicidios diarios, uno cada 18 minutos. De poco consuelo sirve contrastarlo con la cifra de 2018: 90 homicidios al día. Uno cada 16 minutos. La mejora es, por decir lo menos, residual. Nada que presumir.
El mapa de riesgos
En 2024, México continuará enmarañado en su problema de seguridad pública. Hay cuatro regiones que mirar con lupa.
La primera es Chiapas y, al interior del estado, dos zonas en particular, la región de los Altos y el corredor Tapachula-Frontera Comalapa. Ya en 2023 fuimos testigos de secuestros masivos, bloqueos carreteros, desplazamientos forzados y desfiles despampanantes de grupos férreamente armados.
Es previsible que las elecciones locales en el estado y el cada vez más redituable negocio de tráfico de migrantes, potenciará el conflicto que mantienen desde hace dos años en el estado las células locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (“Los Chumises”, “Los Pelones”, “Chamula Power”). La incipiente, pero probada llegada de pandillas salvadoreñas (“Mara Salvatrucha 13” y “El Barrio 18”) agregan un ingrediente de complejidad a la difícil situación de seguridad en el estado.
En el mapa de riesgos de 2024, Tierra Caliente aparece en segundo lugar. La Nueva Familia Michoacana, al mando de los hermanos Hurtado Olascoaga, ha logrado establecer un imperio criminal en los vértices del sur del Estado de México, Guerrero y Michoacán. Su centro de operaciones es Arcelia, Guerrero, desde donde mantienen un férreo control sobre transportistas, campesinos y pobladores. En la región, su impacto se extiende hasta el sobreprecio de todo lo que se produce, incluyendo la tortilla, el pollo, los limones y el aguacate.
La expansión criminal de los hermanos Hurtado Olascoaga -amenazada por la ofensiva del CJNG- difícilmente se habría logrado sin la coadyuvancia de la gobernadora Evelyn Salgado y al menos una docena de alcaldes de la región. Si el gobierno federal no reacciona ante lo que parece un evidente caso de captura estatal, lo visto en Texcaltitlán será solo el preludio de una crisis más grave. Ya se sabe: no hay límites a lo peor. Siempre hay formas de degradarse más.
“No sabemos lo que pasa, pero intuimos que lo que pasa es terrible”, así describió Jorge Luis Borges las novelas de William Faulkner. De la misma manera podría haber descrito la situación en Chilpancingo y en la zona de la Montaña Baja de Guerrero. En esa región, la tercera que es preciso mirar con atención en 2024, se enfrentan desde hace poco más de un año los Tlacos y los Ardillos, dos mafias regionales que pelean por el control de las rutas de transporte de al menos una treintena de municipios de la zona.
Ambos grupos mantienen gran arraigo social. Un botón de muestra fue la movilización de más de dos mil pobladores que durante dos días tomaron las arterias principales de Chilpancingo en julio de 2023. Según se supo después, la alcaldesa Norma Otilia Hernández había incumplido sus acuerdos con el grupo. Hoy, a pesar de las pruebas que la vinculan con la agrupación criminal, Otilia Hernández está apuntada para ser senadora. ¿A qué nivel llega el grado de cooptación de las autoridades municipales? A eso solo cabe responder con la máxima de Borges respecto a las novelas de Faulkner.
Guanajuato completa este mapa (mínimo) de riesgos con una alarmante cifra de tres mil homicidios en 2023. El estado volvió a ser puntero nacional en esta métrica, la más triste de todas. Tres de los diez municipios más peligrosos del País están a pocos kilómetros de distancia: León, Celaya e Irapuato.
El de Guanajuato es un fracaso federal, pero, sobre todo, de la política local. Trece años en el puesto no han sido suficientes para que el fiscal logre reducir los índices de homicidios y extorsión. Tres décadas de gobiernos panistas no han sido suficientes para construir una policía estatal decente. La masacre de Salvatierra en diciembre de 2023 solo evidenció las deficiencias institucionales de las fuerzas de seguridad y justicia del estado. Nadie se sorprenda con el resultado electoral del 2024 en aquel territorio.
Migración, violencia electoral y fentanilo
Hay tres temas que transversalmente y de manera diferenciada impactarán las distintas regiones del país en 2024: el incremento de los flujos migratorios, el periodo electoral, y la entrada del fentanilo a México.
Empiezo por el primero. En 2023, más de medio millón de extranjeros (588 mil) fueron detenidos por autoridades migratorias, 532.26% más que en 2017 (93 mil 846). La oleada migratoria abrió posibilidades inéditas a negocios de mafias criminales. El secuestro, la trata de personas y el tráfico de órganos emergen como formas a partir de las cuales se expande el portafolio criminal de redes preexistentes. No se trata de sustitutos de otros delitos (cobro de piso, huachicol o narcotráfico), sino de complementos perfectos a la labor delincuencial.
El segundo tema que -trágicamente- asaltará las páginas de los periódicos nacionales será la violencia electoral. En el proceso electoral de 2018 se contabilizaron 48 asesinatos a aspirantes o candidatos; en el de 2021, fueron 36 los candidatos o aspirantes ejecutados. Casi todos eran opositores a los presidentes municipales del lugar donde vivían. No hay nada que permita presagiar que 2024 tendrá mejores números. Todo lo contrario. ¿Puede haber democracia donde domina el miedo?
Por último, el fentanilo. A cuentagotas, pero sin descanso, comienzan a llegar las cifras que confirman lo que ya muchos sospechábamos: la crisis de opioides sintéticos aterrizó ya en el país.
Dos botones de muestra: una investigación conducida por el director del Servicio Médico Forense de Baja California encontró que una cuarta parte de los mil 100 cuerpos enviados a la morgue de Mexicali dieron positivo a fentanilo. En Tijuana se realizó el mismo experimento. Entre marzo y agosto de este año se examinaron 503 cuerpos, 338 dieron positivo a alguna droga y, de ese total, 82 dieron positivo a fentanilo.
En los primeros meses de 2024 se darán a conocer resultados de exámenes similares en otras ciudades del país. Solo entonces conoceremos la magnitud de la crisis. Algo es seguro: la narrativa del Gobierno se caerá por completo. Tarde o temprano, en Palacio Nacional tendrán que reconocer que en México no solo se sintetiza fentanilo; también se consume. El 2024 cobrará factura a la ausencia de una política de drogas de vanguardia y enfocada en la reducción de riesgos. ¿Vendrá en el siguiente sexenio? El silencio de las candidatas en torno al asunto lastima.
Hacia el futuro
México entra, por 17 año consecutivo, a un enero que se vislumbra extremadamente violento. A pesar de algunos avances modestos, el país está lejos de contar con instituciones capaces de hacer frente al fenómeno de la violencia.
No obstante los millones de pesos invertidos, en el País no ha crecido el número de policías estatales.
Combatimos el problema de la seguridad exactamente con el mismo número de elementos que hace una década (alrededor de 220 mil). La recién creada Guardia Nacional ha servido para realizar labores de prevención. Sin embargo, su eficacia ha sido mínima: en 2022 los guardias nacionales realizaron dos mil 662 puestas a disposición del Ministerio Público en todo el país, un promedio de algo más de siete al día. Una aguja en un pajar.
Un mejor despliegue de policías o militares no tendrá efectos mientras continúe la inacción de las autoridades encargadas de la procuración de justicia local y federal. Estamos ante un problema de seguridad, pero, sobre todo de justicia. No entender eso, es no comprender nada.
Quien triunfe en las elecciones de 2024 tendrá un desafío que escapa, por mucho, a las herramientas que tiene disponibles para afrontarlo. El País enfrenta un fenómeno criminal muy distinto al de 2006 con rasgos distintivos como la diversificación de las actividades criminales, la balcanización de los grupos y su mayor poder de fuego. En la última década, al País han entrado, de manera ilegal, según cifras de la Cancillería, al menos dos millones de armas. No hay modelo policial ni reforma de justicia que aguante el poder de un fusil Barrett en manos equivocadas. Así de sencillo.
Salir del laberinto costará más de seis años. Y más de doce. Humildad y más humildad deberán ser el rasgo que deberá cultivar el próximo gobierno para enfrentar al toro indómito que viene de frente. Ojalá que la próxima presidenta no cometa el error de cada seis años: pensar que desde Palacio Nacional se puede construir todo desde cero. Nada más falso, nada más dañino.
*Carlos A. Pérez Ricart es profesor Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
