En Querétaro, el debate sobre el aborto vuelve a instalarse en el espacio público envuelto en una narrativa que se repite cada cierto tiempo: la defensa de la vida “desde la concepción” como un mandato jurídico incuestionable. Esta semana, una diputada del PAN retomó ese discurso para impulsar la declaratoria del 25 de marzo como “Día de la Vida”, citando como sustento el llamado Pacto de San José y el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.
El problema es que ninguno de los dos argumentos sostiene lo que se pretende hacer creer.
Empecemos por el llamado Pacto de San José, cuyo nombre correcto es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México lo firmó con reservas expresas, y eso no es un detalle menor. En derecho internacional, las reservas existen precisamente para limitar los efectos jurídicos de un tratado. En este caso, México dejó claro que la referencia a la protección de la vida “en general, desde la concepción” no genera una obligación absoluta ni automática para criminalizar el aborto.
Esto no es una interpretación caprichosa ni una postura ideológica. Es derecho vigente. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que esa cláusula no reconoce personalidad jurídica al embrión ni impone a los Estados la prohibición del aborto. Usar el tratado como si fuera un candado jurídico es, en el mejor de los casos, una lectura superficial; en el peor, una manipulación deliberada.
Ahora bien, el segundo argumento es aún más problemático: citar el artículo 2 de la Constitución de Querétaro, que establece la protección de la vida desde la fecundación, como si eso resolviera el debate. No lo hace.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara y reiterada: las legislaturas locales no tienen facultades para definir cuándo inicia la vida con efectos penales. Esa definición no puede utilizarse para restringir derechos fundamentales, mucho menos para justificar la criminalización de las mujeres.
La Corte ha establecido que las cláusulas constitucionales locales de “protección de la vida” no pueden interpretarse como prohibiciones absolutas del aborto, ni pueden estar por encima de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales. Pretender lo contrario es desconocer el sistema constitucional mexicano y el control de convencionalidad que rige desde hace años.
Lo que estamos viendo no es un debate jurídico serio. Es una estrategia política que usa el derecho de forma selectiva, omite deliberadamente los criterios judiciales y mezcla convicciones religiosas con normas constitucionales. Y eso, en un Estado laico, no es menor.
Declarar un “Día de la Vida” mientras se ignoran las resoluciones judiciales, las muertes por abortos inseguros, la criminalización de mujeres pobres y la violencia estructural que enfrentan miles de queretanas no es una política pública: es un gesto simbólico cargado de moral, pero vacío de responsabilidad institucional.
El derecho no está para confirmar creencias personales ni para imponer una visión única de la moral. Está para proteger libertades, garantizar derechos y limitar el poder. Cuando se tuercen los tratados, se descontextualizan los artículos constitucionales y se ignora a los tribunales, lo que se defiende no es la vida, sino el control.
Y eso, aunque se disfrace de legalidad, no lo es.
