La delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Querétaro, Lucitania Servín Vázquez, informó que más del 37 por ciento del territorio estatal se encuentra bajo alguna figura de protección, ya sea federal, estatal o municipal. De ese porcentaje, más del 30 por ciento corresponde a la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, mientras que el área más reciente en obtener esta categoría fue Peña Colorada, con casi cinco mil hectáreas distribuidas en los municipios de Querétaro y El Marqués.
“Hay una política muy importante del actual gobierno de México por proteger y conservar nuestro territorio (…) Querétaro es uno de los estados que tiene mejor protegido su territorio”, destacó Servín Vázquez. Explicó que la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) recae en direcciones locales que, junto con brigadas comunitarias, promueven la conservación de los ecosistemas y realizan labores de vigilancia.
La funcionaria detalló que cuando se detectan actividades ilícitas, como la remoción de vegetación sin permiso, interviene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). “Llegó, verificó que se estaban realizando esas actividades y se procedió a realizar la clausura correspondiente”, señaló al referirse a una denuncia atendida este año en Peña Colorada.
Respecto a la creación de nuevas áreas naturales protegidas, Servín Vázquez indicó que actualmente no existe en trámite algún decreto federal en Querétaro, aunque los procesos estatales y municipales también siguen procedimientos exhaustivos. “Hay municipios muy interesados en impulsar estos mecanismos de protección”, dijo, además de funcionarios del gobierno estatal.
Subrayó que la política ambiental nacional impulsa la ampliación de ANPs, pero al mismo tiempo, refuerza los esquemas de supervisión para garantizar que los ecosistemas conserven su equilibrio. “Dentro de las Áreas Naturales Protegidas federales, la dependencia que se encarga de su administración es la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), y la parte de inspección y vigilancia se realiza entre la CONANP y la Profepa”, explicó.
En ese sentido, insistió en que el trabajo de protección no solo recae en las instituciones, sino también en la participación de las comunidades. “Se conforman también algunas brigadas comunitarias dentro de las propias zonas para que sea el propio territorio, los propios pobladores de los territorios quienes realicen esa supervisión”, apuntó.
