ALHAJERO
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla encontró un antecedente extraordinario sobre la intentona antidemocrática que hoy se vive en Baja California con la ampliación de mandato –de dos a cinco años, validada por el Congreso local– al gobernador electo Jaime Bonilla.
Sucedió en Jalisco, en febrero de 1947, cuando era gobernador Marcelino García Barragán.Entonces, el congreso jalisciense –también a la brava y fuera de tiempo– aprobó la ampliación del periodo del gobernador entrante de cuatro a seis años.
El general se opuso: sentaría un “precedente funesto”,–declaró–. De avalarse esta reforma, “se abriría el camino a las dictaduras”, pues se podría cambiar el mandato de los presidentes y de los gobernadores en cualquier momento.
García Barragán se negó a promulgar la reforma (entonces no existía la posibilidad de que el Congreso local la promulgara si el gobernador no lo hacía). Faltaban 11 días para concluir su mandato. Fue destituido.
Ayer, en el intenso debate sobre Baja California en la Comisión Permanente, alcanzó a delinearse, por todos los partidos, una ruta a seguir para salir del embrollo.
La priista Dulce María Sauri marcó la ruta de arranque: que el gobernador actual Kiko Vegapromulgue cuanto antes la reforma aprobada por el Congreso bajacaliforniano, para poder echar a andar las defensas legales.
Exhortó a los panistas a urgir a su mandatario a hacerlo para evitar que la reforma se quede en el limbo y pueda reaparecer en algún otro momento agarrándolos desprevenidos.
Luego, a propuesta del diputado blanquiazul José Elías Lixa, pidieron a su vez a los morenistas que le digan a Bonilla que, a la publicación de la reforma, “por orgullo, honor o vergüenza”, interponga un amparo. Sería, dijo, lo primero en resolverse.
El senador blanquiazul Damián Zepeda agregaría que, en tanto que al Presidente de la República le corresponde no sólo “guardar”, sino “hacer guardar” la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador “está obligado” a acompañar esta lucha. Planteó que a través de su consejero jurídico, Julio Scherer, presente una acción de inconstitucionalidad.
Pidió además que se dé “una sanción ejemplar” a toda aquella persona que haya hecho posible esta acción (desde el gobernador actual, el electo, hasta los legisladores y presidentes municipales que votaron el cambio a la ley).
Cristóbal Arias, senador por Morena, consideró que “salvo algunos deslices, estamos coincidiendo en lo fundamental”. Esto es, que lo sucedido en BC es “inaceptable, es un atentado al federalismo, a la normatividad constitucional local… Se pretende una ruptura del orden constitucional.
Y se dijo seguro de que “esta intentona (antidemocrática) va a fracasar”.
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