VOCES DE MUJERES
En el curso de la historia de México mujeres de todas las clases, etnias, estado civil y rincones de la república han terminado sus embarazos, tanto antes de que hubiera leyes que permitieran hacerlo de forma legal como después de que la interrupción del embarazo se aprobara en la Ciudad de México. Nuestra ignorancia de la historia ha dado a quienes lideran el movimiento antiderechos el poder de propagar mensajes falsos y peligrosos sobre las normas que protegen los derechos sexuales y reproductivos mientras pregonan a los cuatro vientos que despenalizar el aborto lo impondrá como una práctica quasi obligatoria en la sociedad mexicana.
En el México pre-hispánico la interrupción del embarazo formaba parte del universo de lo que ahora llamamos “control de la natalidad”. En los siglos XVII, XVIII y XIX era una práctica común durante las primeras semanas de embarazo y se empleaba por las mujeres de todos los grupos sociales como una forma de limitar el número de hijos junto con la lactancia, la abstinencia, el “ritmo”, las duchas vaginales y la herbolaria. A principios del siglo XX Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo y “Cuca” García, entre muchas otras, pugnaron por el reconocimiento los derechos de las mujeres a la igualdad sexual, laboral y politica. Estas pioneras del feminismo mexicano promovieron la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a rechazar las demandas sexuales de sus maridos y a tener hijos solo cuando ellas así lo decidieran. Esto nos muestra como el movimiento feminista desde su incepción ha luchado por el derecho de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad, al respeto de su autonomía y al control de cada mujer sobre su cuerpo como pieza clave para el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.
La reciente cruzada contra el aborto, importada de países como Estados Unidos, Brasil y Argentina es encabezada por grupos de ultraderecha e iglesias fundamentalistas tanto católicas como evangélicas. Este movimiento trata de persuadir a las y los legisladores mexicanos para que no solo no despenalicen el aborto sino que limiten aún más el acceso a métodos anticonceptivos y a la educación sexual integral. En sus argumentos anteponen los derechos de zygotos y embriones sobre los derechos de las mujeres, aún cuando ella sea una niña, una persona con discapacidad, en situación de pobreza precaria o que es víctima de violencia extrema, lo que es contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales.
Estos grupos también esgrimen el discurso promovido por grupos neo-facistas como La Vox en España y la Liga Italiana. Ejemplo de ello son sus referencias al “suicidio racial” y el “invierno demográfico” como justificación para oponerse a la despenalización del aborto, la educación sexual, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad sustantiva. Con argumentos xenofóbicos y aporofóbicos promueven que la consecuencia de que las mujeres mexicanas eludan sus “deberes maternales” permitirá el crecimiento de poblaciones extranjeras pobres y poco educadas, principalmente centroaméricanas lo que, según estas organizaciones, pone en peligro a la cultura mexicana igual que ha provocado la extinción de europeos blancos en países que han adoptado políticas en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Un ejemplo de como este discurso ha permeado en el ámbito político mexicano son las declaraciones, de las Diputadas Elsa Méndez y Connie Herrera en el Congreso queretano o de la ex-diputada Patricia Peña Recio en la Cámara de Diputados Federal.
En la última década, y como respuesta a la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la mayoría de los estados de la República gobernados por el Partido Acción Nacional han promovido y aprobado leyes que restringen la interrupción legal del embarazo al grado de solo permitirlo en caso de violación. Muchos de esos estados también han modificado sus constituciones para “proteger” la vida desde la concepción, tal y como ocurrió con la controvertida reforma al artículo 2° en Querétaro. A esto se suma el difícil acceso a servicios de salud y la falta de difusión de información sobre los derechos humanos de las mujeres; a las restricciones para adquirir dispositivos y métodos para controlar la reproducción y a las limitantes que las dependencias de gobierno imponen a la educación sexual misma que sigue impartiéndose como algo vergonzoso e irrelevante, lo que aumenta los riesgos para las mujeres y niñas. Una consecuencia de la imposición de éstas posturas conservadoras en la política pública es que en nuestro país cientos de mujeres, la mayoría jóvenes y de estratos económicos precarios, buscan métodos clandestinos para interrumpir sus embarazos lo que resulta en lesiones graves, úteros perforados, infecciones y pérdidas de sangre mismas que a menudo son fatales lo que convierte al aborto clandestino en una de las causas principales de muerte materna.
La despenalización del aborto en Ciudad de México y ahora en Oaxaca permite a las mujeres elegir de manera voluntaria interrumpir sus embarazos de forma segura durante el primer trimestre. Si algo nos enseña la experiencia de la Ciudad de México es que cuando los embarazos se interrupen en condiciones de higiene y por personas especializadas, la tasa de mortalidad materna disminuye significativamente. Además las estadísticas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos permiten constatar que un aborto legal presenta complicaciones significativamente menores que las que ocurren en un embarazo de alto riesgo, una cesárea o un parto.
Como podemos apreciar la información e historias falsas sobre el aborto que los grupos de ultra-derecha esparcen dominan un sector importante del discurso de los partidos conservadores y han influido en actores políticos que critícan como errónea, sin profundizar en el análisis, la posible amnistia para mujeres sentenciadas injustamente por aborto o delitos relacionados y que cumplen condenas en muchos casos superiores a 15 años. Es por eso que debemos participar de manera contundente en desmentir la propaganda antiderechos y sumarnos a la exigencia de las jóvenes para decidir libremente sobre sus cuerpos.
La historia se repite porque nos negamos a escucharla.
