POLÍTICA Y FICCIÓN
Es de llamar la atención el argumento esgrimido por los funcionarios estales y municipales, al momento en que son cuestionados por los periodistas en torno a los hechos violentos que suceden prácticamente todos los días en el Estado de Querétaro, pareciera que con la justificación de que se trata de un problema o conflicto en donde las partes involucradas son dos ciudadanos y en donde una de ellas pierde la vida, no pude atribuirse responsabilidad alguna por omisión a la autoridad. Sin embargo ha pasado desapercibido para muchos de quienes habitamos Querétaro; y que todas las mañanas de esta época reciente, despertamos con notas sobre ejecuciones, encobijados y feminicidios, por enlistar solo algunos de los delitos que encabezan la cifra negra en esta entidad federativa gobernada por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mismo que en un momento de este sexenio decidió eludir hablar sobre la inseguridad ante los medios de comunicación, a efecto de impedir ser exhibido por la incapacidad de su gabinete para resolver el problema grave que afecta a prácticamente la totalidad de los Estados que conforman la República Mexicana, que esta línea discursiva es acuñada o se tiene como referencia en unos de los personajes más oscuros de la política del siglo pasado de nuestro país, es decir, el señor Luis Echeverría Álvarez, ya que fue durante el ejercicio de su mandato que se utilizo el mismo argumento para evitar asumir la responsabilidad política y criminal de los sucesos ocurrido el día del “Halconazo” o el “Jueves de Corpus”, es decir, de la misma forma cínica y cobarde que se evitó rendir cuentas del actuar del Estado, las autoridades municipales y estatales en el aquí y ahora, hacen a un lado su obligación de garantizar a los ciudadanos habitar una ciudad segura y en paz, luego entonces, en cada momento en que se repita la frase “un conflicto entre particulares”, será el refrendo a continuar con la manipulación de la información e insultar la inteligencia de los gobernados. No puede pasar desapercibido por ninguno de los integrantes del gabinete de Seguridad del señor Gobernador ni de los Secretarios de Seguridad Pública municipal en los dieciocho ayuntamientos, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del mes de junio del año en curso, el 73.9 por ciento de la población mayor de dieciocho años, considera que vivir en su ciudad es inseguro. Por lo tanto, justiciables exigimos de nuestros representantes populares, de los tres niveles de gobierno, que en un ejercicio de transparencia y de garantizar el derecho humano de acceso a la información, reconozcan que han sido incapaces de diseñar políticas o estrategias a mediano plazo, que sean capaces de reducir, la violencia, entendida esta en su acepción más amplia. Y en el mismo tenor solicitamos que quienes planean postularse a un puesto de elección popular en el 2021, eviten y eliminen de su propaganda política promesas falsas y huecas como “el doble seguridad”, y si consideran que no cuentan con la trayectoria necesaria, no asuman posiciones políticas, eso, también es corrupción.
