San Juan del Río.- Endurecer penas contra los Centros de Rehabilitación que violenten los derechos humanos, propone el legislador de MORENA Christian Orihuela.
El diputado explicó que, tras las constantes quejas, es necesario que se endurezcan las penas en contra de Centros de Rehabilitación que utilicen maltrato físico en contra de los internos.
Detalló que con el objetivo es de sancionar penalmente a quien opere establecimientos que ofrezcan actividades de tratamiento, atención y reinserción social en temas de adicciones con atención residencial en el estado, sin apego de las normas, leyes, reglamentos y demás relativos aplicables en la materia de adicciones.
En este sentido Orihuela Gómez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud, así como el Código Penal del Estado en la materia; “en muchos casos son reportados por utilizar abusos físicos y psicológicos como parte del tratamiento de recuperación, los cuales en ocasiones han derivado incluso en la muerte de aquellos que solo buscaban una oportunidad de mejorar su vida. Además de que, en ocasiones, estos centros de rehabilitación se han convertido en un negocio para aprovecharse de la necesidad de las familias de enfermos drogadictos y alcohólicos, y se cobran cantidades imposibles de pagar”.
Precisó que con esta iniciativa se propone que la Secretaría de Salud tenga la facultad de presentar denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de este tipo de establecimientos que brinden y ofrezcan actividades de tratamiento, sin apego de las normas y demás relativos aplicables en la materia de adicciones.
Además, Orihuela Gómez planteó la necesidad de que sea competencia de los ayuntamientos del estado llevar un control de los Centros Atención y Tratamiento de Adicciones que brinden atención residencial y que operen en su territorio; además de realizar las denuncias correspondientes ante la Secretaría de Salud sobre aquellos operados irregularmente para su clausura y acciones legales correspondientes en cuanto a sus competencias.
Para finalizar, comentó que en esta iniciativa se plantea que se impongan de diez a quince años de prisión y de 500 a 1000 veces el valor diario de la UMA a quien, opere centros de Atención y Tratamiento de Adicciones con atención residencial en el Estado, sin apego a las normas, y demás relativos aplicables en la materia de adicciones y que, además, utilice violencia física como método contra cualquier tipo de adicción. Por otra parte, se duplicarán las sanciones establecidas en el artículo al que cause una lesión que produzca incapacidad parcial o total permanente o provoque la muerte en los Centros de Atención
