MALDICIÓN MINERA

PUEBLOS MARGINADOS VIVEN SOBRE LA RIQUEZA

Peñamiller tiene oro, plata y mercurio, pero es uno de los municipios más pobres de Querétaro por las disputas entre los ejidatarios

Localizado justo en la entrada a la Sierra Gorda Queretana, si bien es cierto Peñamiller es un municipio lleno de cerros y montañas, también es verdad que cuenta con una extraordinaria riqueza que le ha sido dada por la naturaleza, sin embargo, es un lugar en donde las familias no encuentran la brújula para aprovechar esos recursos naturales al máximo: En un breve recuento, le diré que Peñamiller cuenta con una larga tradición minera que data de hace siglos y que aún en la actualidad permanece activa en algunos lugares, ejemplo de ello son las comunidades Plazuela, Camargo, La Misión y Río Blanco, donde se han encontrado desde vetas de oro y plata, así como mercurio ; por otra parte, está la producción silvestre de orégano, damiana y la gobernadora, plantas que tienen un importante valor comercial y que en algunos períodos han sido el sustento de cientos de familias.

Peñamiller cuenta también con una zona productora de piñón en Camargo y Río Blanco; en tanto la región de Palmas cuenta con una fuerte presencia de ganado menor, sobre todo caprino, y en los últimos años el eco-turismo ha vivido un gran impulso por parte de la iniciativa privada. Este municipio ha vivido algunos años de progreso, como fue en la época de los alcaldes que lo gobernaron de 1991 al año 2003 y tal parece que hoy permanece estancado por el desconocimiento de las autoridades locales para priorizar la inversión que permita generar oportunidades de empleo a sus habitantes.

Con sus más de 140 comunidades, este municipio semidesértico vive en un constante problema que impide la generación de empleos, y ejemplo de ello es lo que hoy sucede en la comunidad de Plazuela, ubicada a unos 14 kilómetros de Peña Blanca, donde los abusos y los atropellos de un personaje pinalense, la mantiene sumida en la pobreza y la división.

La historia

Plazuela es una comunidad de unos 350 habitantes que está a 5 kilómetros de la carretera que lleva a la Sierra Gorda. Para llegar ahí, es preciso pasar por Peña Blanca y empezar el ascenso hacia Pinal de Amoles sobre la carretera San Juan del Río-Xilitla, a unos 9 kilómetros está la desviación que llevará hasta esta zona de larga tradición minera.

Al ir bajando ya hacia la comunidad, se puede ver desde las alturas a Plazuela, rodeada por cerros semidesérticos; muchas de las primeras viviendas que se observan al arribar, están hechas de carrizos, lodo, madera, cartón y plásticos, las cuales contrastan con las que se construyen en la zona central de la propia comunidad, donde hay viviendas de muy buena calidad y hasta con un buen diseño arquitectónico, son viviendas de dos y tres desniveles, pues las condiciones orográficas así lo exigen; las calles polvosas muestran la gran necesidad de invertir en obras de urbanización y en el arroyo que cruza por la zona minera se observa una afluencia de agua negra, contaminada por el proceso que se lleva a cabo para la extracción del mercurio.

En la época de los años 60 a los 80 esta comunidad vivió un importante auge minero, donde cientos de personas eran empleadas en la extracción del mercurio, un metal que llegó a venderse hasta en más de un millón de los viejos pesos el kilogramo, y que en el mejor de los casos se llegaban a extraer hasta 2 mil quinientos kilos por semana de una sola mina, como fue el caso de la mina “Crito Rey”, que era explotada por la empresa denominada “PROME”, cuyo presidente era Marín Torres Herrera y por Pascual Torres Martínez en su carácter de dueño de la concesión minera con título número 165656 expedido por la ya desaparecida Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de fecha 19 de noviembre de 1979.

También estaban las minas La Fé, El Mono, San Francisco y La Conchita, todas explotadas bajo el auspicio de Pascual y Marín Torres, empresarios de larga trayectoria en este ramo. Sin embargo, esa riqueza que se extraía del subsuelo no se reflejaba en la comunidad. Casi todo el dinero, las ganancias generadas por la extracción del mercurio no se plasmaba en mejoras para la comunidad y sus familias, no había una estrategia para elevar las condiciones de vida de la comunidad, a no ser por los salarios que recibían los trabajadores por su largas y pesadas horas para extraer el pesado metal.

El mercurio es un metal extremadamente tóxico, sobre todo cuando se producen vapores (azogue) y genera graves daños en quien lo aspira o consume; es utilizado para realizar termómetros, termostatos y en algunas aleaciones utilizadas en curaciones y empastes de dientes. El mercurio produce grandes daños sobre el cuerpo de los seres humanos, principalmente produce daños graves en el sistema nervioso, puede llegar a producir alergias e incluso daños cerebrales y en la estructura del ADN. Aspirar sus gases puede generar la muerte, tal y como ya ha ocurrido en la propia comunidad hace apenas unos meses, cuando falleció un padre de familia de apenas 28 años de edad.

En la industria, el mercurio es utilizado en las lámparas de arco de mercurio, las cuales producen rayos ultravioleta, en las lámparas fluorescentes y en la extracción del oro entre otros usos.

Así las cosas, los habitantes y trabajadores mineros de Plazuela externaron su inconformidad, porque los beneficios de la extracción del metal no se reflejaba en mejoras para su comunidad, al grado que ante el descontento social y la oposición de un grupo de habitantes, quienes invadieron la propiedad donde se ubica la mina, Pascual y Marín Torres se vieron obligados a vender sus acciones de la Mina “Cristo Rey”, mismas que tuvieron un precio de 2 millones de viejos pesos y que fueron compradas por un grupo de ejidatarios de Plazuela, como consta en el convenio de cesión de derechos y contrato de compra venta que se celebró ante notario público el 18 de abril de 1988 entre los representantes del ejido Plazuela, municipio de Peñamiller, por un lado, y el concesionario Pascual Torres junto con el vendedor Marín Torres Herrera, por el otro.

Este acto de compra venta se realizó ante la firma de Mariano Palacios Alcocer, entonces gobernador de Querétaro, quien firmó como testigo de honor y con ello se daba por terminado ese conflicto social.

Sin embargo, poco después de esta compra venta, el panorama cambió drásticamente, pues la caída del precio del mercurio a nivel internacional y el incumplimiento de algunas obligaciones de los mineros para seguir trabajando, propiciaron que ésta, que era la mina más importante de la zona, permaneciera cerrada durante varios años, hasta que en los primeros años del siglo XXI quedara “libre” y fue entonces cuando comienza a escribirse la historia de lo que hoy se vive en esta comunidad peñamillerense.

Sergio Arcega Pérez aparece en escena

Cuando una mina queda “Libre”, cualquier ciudadano mexicano (previo cumplimiento de ciertos requisitos y el pago que la ley establece) puede proceder a realizar el “denuncio” ante la autoridad competente, con la intención de explotarla y hacerla producir (en este caso el “denuncio” sobre la mina “Cristo Rey”, se realizó en la Agencia de Minería Querétaro, dependiente de la Secretaría de Economía, el día 12 de septiembre del año 2005).

En los meses anteriores a esta fecha, Sergio Arcega Pérez, hermano del expresidente municipal de Pinal de Amoles de extracción panista en el trienio 2012 a 2015, César Arcega e hijo de Juvenal Arcega Toris, un minero pinalense de larga trayectoria y que en varias ocasiones ha sido denunciado por vender dinamita en forma clandestina (como se acredita en la denuncia presentada en su contra el 19 de octubre de 1990 ante la Procuraduría General de la República bajo la averiguación previa número 32/990), realizaba constantes visitas a las oficinas de la Secretaría de Economía, cuyo titular era Manuel García Quintana, y muy pronto se ganó la confianza del delegado, al grado que no obstante ser un particular, le era permitido utilizar el equipo de la delegación y entrar a cualquier oficina a solicitar información sobre asuntos de su interés personal, incluso tomaba documentos oficiales sin problema alguno.

Fue ahí cuando Sergio Arcega Pérez obtuvo información privilegiada sobre las minas queretanas que estaban en proceso de ser declaradas listas para que fueran “denunciadas”, lo que equivale a la posibilidad de que alguna persona pretenda solicitar la concesión para explotarla.

Desde la época en que la mina “Cristo Rey” era explotada en la década de los 70 y 80, Sergio Arcega Pérez ya hacía acto de presencia en la comunidad de Plazuela, pues su padre vendía no solamente la dinamita, sino también el equipo que se requiere para comenzar la explotación minera, como son las motobombas, manguera, cable para instalaciones eléctricas, lámparas, equipo de seguridad, etc., por lo que sabía de la importancia de este yacimiento denominado “Cristo Rey”.

En estas visitas a Plazuela, Sergio Arcega entabló amistad con diversas personas, pero fundamentalmente con los directivos del ejido, ganándose su confianza, al grado de que aceptaron sus opiniones para realizar diversas acciones y movimientos dentro de la estructura de los mandos. Uno de estos “generosos y desinteresado apoyo” que Sergio Arcega brindó a los ejidatarios, fue “su asesoría” para realizar el trámite de denuncio sobre la multicitada mina, ya que los ejidatarios desconocían la tramitología y también mostraban interés en hacer producir nuevamente este yacimiento de mercurio.

Así las cosas, una vez que se publicó de manera oficial por parte del gobierno federal que la mina ubicada en la comunidad de Plazuela con el nombre de “Cristo Rey” ya había quedado libre, según consta en la declaratoria de Libertad de terreno publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2005, se procedió a convocar a los interesados en solicitar el terreno que amparaba la concesión minera “Cristo Rey” E-65/800 T-165656 en el municipio de Peñamiller.

La fecha límite para presentar la solicitud fue el 12 de septiembre del 2005 a las 10:00 hrs, momento en que los interesados deberían entregar en sobre cerrado toda la documentación requerida ante la Agencia de Minería Querétaro, dependiente de la Secretaría de Economía. Hasta ese momento, Sergio Arcega tenía la certeza de que los únicos interesados en hacer el “denuncio” de la mina eran los ejidatarios, representados por Anastasio Reséndiz Reséndiz, en su en su calidad de presidente del ejido Plazuela. Justamente Anastasio recibía toda la “orientación” y “asesoría” de su amigo Sergio Arcega Pérez para que realizaran el trámite sin demoras y correctamente.

El día y la hora señaladas llegaron, cada quien por su lado, a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Economía en la ciudad de Querétaro, tanto Sergio Arcega Pérez como Anastasio Reséndiz Reséndiz, quienes habían acordado reunirse para ver el trámite para lograr los derechos de la concesión minera.

Una vez ahí, faltando unos minutos para las 10 de la mañana, Sergio Arcega le pidió a Anastacio que checaran la documentación que llevaba, la cual estaría presentando momentos después y fue justo cuando al revisarlos, Arcega Pérez le comentó a Anastacio que “no se acordaba” que también tenían que haber realizado el pago de arancel por $657.00 pesos, cuyo recibo tenía que estar integrado en el expediente. Contra el tiempo, un acompañante de Anastacio fue de inmediato al banco a realizar el pago, pero Sergio sabía que era imposible llegar con el recibo a las 10 de la mañana en punto y también sabía que la falta de cualquiera de los documentos prácticamente dejaba fuera al Ejido de cualquier posibilidad de participar.

Así el panorama, Arcega Pérez pasó casi a las 10 de la mañana en punto a la oficina de Ruth Reséndiz González, la agente de minería y quien conduciría la reunión. Le entregó un sobre cerrado en donde contenía su propia solicitud para la concesión de la mina “Cristo Rey”. Hasta ese momento todo apuntaba que Arcega Pérez se iba solo por la concesión, pero el semblante le cambió abruptamente cuando la propia Ruth le informó que había otra solicitud y señalando a la espalda de él, le indicó que sobre su escritorio ya estaba la documentación que presentaban Macario Reséndiz García (hoy regidor por el PAN en Peñamiller) y José Luis Hernández Guerrero, ambos ejidatarios de Plazuela y a quienes algunas amistades y funcionarios del gobierno federal en aquel tiempo, les habían alertado que no confiaran en la “tan generosa y desinteresada ayuda y asesoría” que brindaba al ejido Arcega Pérez, pues era evidente que quería quedarse con la concesión de la Mina Cristo Rey.

Comenta el ejidatario José Luis Hernández que al enterarse Sergio de que ya habían presentado su solicitud, las manos le empezaron a temblar al pinalense, siendo incapaz de encender su cigarro y de inmediato empezó a proferir algunas palabras altisonantes contra Ruth, la funcionaria de minería, quien lo conminó a que dejara de hacerlo o de lo contrario asentaría en el acta esa situación. Las cosas volvieron a la tranquilidad y se procedió a la reunión.

Al abrir los sobres, tanto la solicitud de los ejidatarios Macario Reséndiz y José Luis Hernández , así como la de Sergio Arcega, estaban debidamente integradas y completas, no así la del ejido, cuyo presidente solicitó que le dieran una prórroga para presentar el recibo de pago, circunstancia que los dejaba fuera de cualquier posibilidad desde ese momento. El procedimiento para la adjudicación de una mina es muy “sui generis”, ya que si son más de dos los interesados, se realiza un sorteo, en donde con papeles que se van sacando, solo uno tendrá derecho a ser el beneficiario y los demás quedan fuera.

Fue la propia agente de minería, Ruth Reséndiz González, quien enteró de este asunto al delegado de Economía, Manuel García Quintana, que al saber del problema social que ya se había vivido en Plazuela por la explotación de la mina “Cristo Rey”, buscó una salida salomónica al tema y pide tanto a los dos ejidatarios como a Arcega Pérez, que declinen en su pretensión y que sea el ejido quien (no obstante que no llegaron a tiempo con el recibo del pago de arancel) sea el ganador de la concesión.

El delegado Manuel García platicó por separado, primeramente con los ejidatarios Macario Reséndiz y José Luis Hernández, quienes de inmediato aceptaron la propuesta para que la concesión quedara en manos del ejido Plazuela. Minutos después, el funcionario federal conversó con Sergio Arcega, quien en un principio se rehusó a aceptar la propuesta, señalando que el representante del Ejido no había cumplido con todos los requisitos y en particular el recibo por concepto del pago de arancel.

Ante la insistencia del delegado federal, Arcega Pérez “acepta” de mala gana la propuesta y de inmediato comenzó con otra estrategia para quedar dentro de lo que, él sabía con anticipación, sería un buen negocio, pues conocía de las limitaciones financieras de los ejidatarios.

El 4 de octubre del 2006, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Minas entrega al Ejido Plazuela, de Peñamiller, Querétaro el título de Concesión Minera número 228116, bajo el nombre del lote “Mina Cristo Rey”, que es como se le conoce hoy a esta extensión de 33.0937 hectáreas de superficie.

Ya con el título de concesión minera, los integrantes del ejido Plazuela se enfrentaron con varios problemas que les impidieron trabajar de inmediato en la mina y hacerla producir. Por un lado, constataron que estaba en condiciones de una elevada inseguridad y representaba mucho riesgo para los trabajadores; por otra parte, el precio del mercurio se había desplomado drásticamente, y en tercer lugar, no contaban con liquidez financiera. Es bajo este panorama que tiempo después Sergio Arcega aparece de nueva cuenta y se ofrece para “apoyarlos” con un capital inicial para la compra de algún equipo, así como el pago de salarios durante los primeros meses de actividades en la mina y se le pagaría una vez que comenzara la explotación.

A ciencia cierta nadie sabe cuánto invirtió Arcega Pérez en esa época, porque a nadie informó con detalle, pero los ejidatarios estiman que podría haber sido la cantidad de 250 mil pesos, misma que, aseguran, ya se cobró decenas de veces y aún sigue recibiendo jugosas ganacias semanalmente. Los propios quejosos aseguran que Arcega Pérez ya suma varios millones de pesos de “ganancia” y su ambición no parece tener límite.

Fue esta la forma como se colocó en el interior de la estructura del Ejido Plazuela, donde empezó a influir en las decisiones que se tomaban en la reuniones de los ejidatarios, manteniéndose siempre cercano a quien ocupa la presidencia del ejido en turno, persona a quien por cierto él mismo impone y que son dos básicamente: el propio Anastasio Reséndiz Reséndiz (Tacho) y Concepción García Reséndiz, mejor conocido como don “Concho”. Desde el año 2005 ellos dos se han alternado en la presidencia y se dejan influenciar por Sergio Arcega Pérez al momento de tomar las decisiones, como ocurrió el día en que el propio Sergio, con aliento alcoholizado, se presentó en una reunión en el año 2011, fecha en que ya la mina estaba operando, con una producción semanal de 40 botellas de mercurio, cada una con un peso de 38 kilogramos y cuya venta se realizaba a razón de 1,200 pesos el kilo, lo que significaba un ingreso semanal de 1 millón 824 mil pesos.

En esa reunión, ya había voces discordantes de algunos ejidatarios, quienes no veían cuentas claras en la distribución de los ingresos por la explotación del mercurio que daba la mina “Cristo Rey”, pues había semanas en las que no obstante la producción de más de tonelada y media del metal, a cada uno de los ejidatarios se les entregaban solamente dos mil pesos, así como el pago de casi 60 mil pesos a las tres docenas de trabajadores mineros. Las cuentas no cuadraban, pues ya con gastos de operación y salarios, los egresos no llegaban a los 200 mil pesos a la semana y quedaban muy buenas ganancias, pero éstas nunca se han reportado a los ejidatarios. Otro pendiente que tienen el presidente del ejido es informar cuántos kilos de mercurio se obtienen a la semana en la mina, pues de ello nunca informan a la asamblea, incluso han llegado a decir que hay semanas que no se produce nada.

Ese día, algunos ejidatarios como José Luis Hernández Guerrero, Macario Reséndiz y Felipe Rincón Aguas,entre otros, externaron su inconformidad por la ausencia de transparencia y la nula rendición de cuentas del dinero que genera la mina, a lo que Sergio Arcega respondió que “esa es la manera de trabajar y de distribuir el dinero (sic) y a quien no le guste, que se vaya a chingar su madre”.

Días después, el grupo disidente integrado por 7 personas (Raúl Ramírez; Guadalupe Aguas; Margarito Morales, Ciro Reséndiz; Macario García; José Luis Hernández y Felipe Rincón ) quedó fuera de cualquier posibilidad de ingreso económico derivado de las ventas del mercurio extraído. Pero no solo eso, sino que bajo la conducción y “asesoría” de Sergio Arcega, han enfrentado desde descalificaciones públicas a través de medios de comunicación como los periódicos Voz de la Sierra y El Mensajero; acusaciones infundadas de estar trabajando en la explotación de otras minas y ninguno de sus familiares puede ingresar como trabajador de la mina, cosa que no ocurre con los dos incondicionales que han ocupado la presidencia del ejido, pues sus hijos, hermanos, sobrinos y yernos gozan de espacios laborales y jugosos sueldos.

Piden la intervención del gobernador Francisco Domínguez

Ante este panorama, los ejidatarios inconformes con la manera en que se han llevado los asuntos administrativos y económicos de la Mina “Cristo Rey” de Plazuela, han estado litigando el asunto por la vía legal, pero cada que las cosas parecen tomar un buen camino “algo” sucede y casi siempre el resultado les es desfavorable.

Así ocurrió cuando el pasado 9 de mayo del 2016, el juez mixto de primera instancia de Tolimán, Lic. Ricardo Diógenes Garza Alcocer, desingó a un interventor para que reuniera toda la información necesaria para aclarar el panorama respecto de la cantidad de mercurio que se extrae semanalmente, los ingresos que ello significan, así como los costos de operación, de tal manera de contar con la información necesaria para saber el balance financiero y las ganancias económicas para llegar finalmente a saber cuánto le corresponde a cada uno de los ejidatarios titulares de la concesión de la mina “Cristo Rey”.

Sin embargo, el día que deberían iniciar esos trabajos en el mes de mayo del 2016, coincidentemente fallece la señora que fungía como tesorera del ejido y el grupo liderado por Sergio Arcega culpa de ese deceso a sus adversarios, señalando que le dicha muerte tuvo su orígen en este problema y que desencadenó un paro cardíaco.

“Agenda 18” tiene en su poder copia del acta de defunción de la ex tesorera y ahí se señala que el deceso no fue un paro cardíaco, sino una enfermedad que ya padecía desde hace años quien fuera tesorera, sin embargo y como suelen hacerlo, el grupo de Sergio Arcega aprovechó la circunstancia para exigir que se parara el asunto que tenía que ver con el interventor.

Los quejosos han continuado realizando varias acciones legales y hasta el momento, en todas las instancias han ganado, como es el caso del amparo que ganaron el pasado 4 de febrero del 2016, donde la justicia de la unión “Ampara y Protege a Macario Reséndiz García, Ciro Reséndiz Rincón, Ma. Guadalupe Aguas García y José Luis Hernández Guerrero”.

En ese amparo, otorgado en el Juzgado Segundo de Distrito, se reconoce el derecho de los quejosos a que se haga una “Rendición de Cuentas de la administración llevada a cabo por el demandado ( se refiere a los representantes legales del ejido Plazuela, y en particular a quienes se han desempeñado como presidentes del mismo) a quienes se les instruye para que “Rindan cuentas correspondiente a la explotación de mercurio de la mina ‘Cristo Rey’ desde el 28 de marzo del 2012 y hasta la fecha, así como la entrega de ganancias o utilidades, interés legal, daños y perjuicios, así como gastos y costas del juicio en cuestión”

El director jurídico de Peñamiller se desempeña también como asesor del gurpo de Sergio Arcega

En el tema legal, surge otro personaje que también se ha mostrado contrario a dar una solución apegada a derecho: se trata del actual director jurídico del municipio de Peñamiller, el Lic. Alvaro Mandujano Camacho, quien no obstante de ser un funcionario público, también ha estado actuando como representante legal por parte del grupo que liderea Sergio Arcega.

El abogado Mandujano Camacho, quien también fue director jurídico con el expresidente municipal pinalense Cesar Arcega Pérez, hermano de Sergio, es señalado por los quejosos por ser parcial y utilizar su cargo en la presidencia para entorpecer una solución, tal y como se señala en el amparo otorgado al grupo que pide claridad en las cuentas.

Cabe destacar que apenas el pasado jueves 29 de diciembre del 2016, en sesión de cabildo de Peñamiller, cuando se abordó el tema le la ley de egresos y los asuntos legales que tiene en trámite el Ayuntamiento, los regidores pidieron a la alcaldesa Margarita Hernández que compareciera el abogado Alvaro Mandujano.

Sin embargo, la comparescencia del director jurídico no fue presencial, sino vía telefónica y los regidores externaron su absoluta inconformidad por este hecho, al señalar que no es posible que el director jurídico, quien está en la nómina devengando un salario, no acuda a las oficinas del Ayuntamiento para tratar los asuntos propios de su cargo, sino que todo lo realiza vía telefónica desde la ciudad de Querétaro.

Ante esta circunstancia, los regidores acordaron que a partir de ahora, ningún asunto legal se abordará por el director jurídico de manera independiente, sino que en todo momento deberá informar y tomar en cuenta la opinión de este cuerpo colegiado.

En la próxima edición:

En nuestra siguiente entrega, le daremos a conocer los pormenores de la entrevista que sostuve con Sergio Arcega y con los dos personajes que durante los últimos 12 años han ocupado de manera alterna la presidencia del ejido. Su versión y la negativa a informar sobre la verdadera producción de la mina.

La permanente injerencia de Sergio Arcega en las decisiones del Ejido, pese a que él no es ejidatario, ni tiene la concesión.

La manera en que “convencen” para hacer que los votos les favorezcan cada que hay elecciones, sus propiedades adquiridas en los últimos años.

La Negativa del abogado Alvaro Mandujano para hablar sobre el tema, no obstante que es representante de Arcega Pérez, y al mismo tiempo, director jurídico del Ayuntamiento de Peñamiller, con un sueldo superior a 15 mil pesos quincenales.

Facundo Ugalde González