La guerra jurídica o judicial (lawfare, en inglés) consiste en la utilización indebida de las leyes y del aparato jurídico del Estado, para la inhabilitación política de oponentes o la destrucción de su imagen pública1.
Se trata de una persecución política vestida de procedimientos, normas, instancias y condenas legales, cuyo fin es el descrédito o el abatimiento de una persona dedicada a la política o en funciones de gobierno, así como de las ideas, principios o políticas de Estado que representa.
Esta judicialización de la política o guerra jurídica es un fenómeno que ocurre en diversos países de América Latina, especialmente en aquellos donde el Estado ha retomado y fortalecido su papel en los ámbitos económico y social; distribuido equitativamente la riqueza; nacionalizado o fortalecido sus empresas públicas y estratégicas; reivindicado su soberanía y, sobre todo, regresado la voz al pueblo y sus demandas, para su atención.
En Brasil el lawfare ha operado para intentar aniquilar políticamente a los ex jefes de Estado Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero también a las acciones de gobierno que ambos implementaron en beneficio de las mayorías. Cabe recordar, como ejemplo, algunos de los logros del exmandatario:
• Sacó de la pobreza a alrededor de 30 millones de habitantes.
• Puso en marcha diversos programas sociales, como Hambre Cero.
• Consiguió una mejor distribución de la renta petrolera entre la población.
• Al dejar la presidencia, contaba con un índice de aprobación del 83 por ciento, y la economía era creciente, con un 7.5 por ciento anual (en 2010).
La guerra jurídica contra el exmandatario a quien le fueron imputados diversos delitos ligados con corrupción y lavado de dinero, se dio en el marco de la operación Lava Jato, la cual era investigada por el juez federal Sergio Moro, y que fue descubierta en 2009, cobrando impulso en 2013.
La operación recibió ese nombre por el uso de una red de lavanderías y gasolinerías para lavar el dinero procedente de actividades delictivas. Hubo sobornos que involucraron a políticos y a empresarios brasileños en el otorgamiento de contratos por parte de la compañía petrolera estatal Petrobras a empresas constructoras como Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, entre otras.
Desde 2017, al expresidente Lula se le condenó por algunos de estos delitos a más de veinte años de prisión. Sin embargo, en noviembre de 2019, tras 580 días en reclusión, pudo dejar la cárcel, gracias a una resolución del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el cual estableció que una persona sentenciada sólo puede ser encarcelada una vez que haya agotado todos los recursos posibles ante la ley, y no cuando haya sido condenada en segunda instancia, como lo estipulaba anteriormente la ley de ese país, y como ocurrió contra el exmandatario.
El rumbo del caso de Lula da Silva cambió a partir del 8 de marzo de 2021, cuando el magistrado del STF, Gilmar Mendes, estableció que el juez Moro había sido parcial al juzgar y condenar en primera instancia al exmandatario en los casos de la investigación Lava Jato.
La decisión fue llevada al Pleno del STF el 22 de abril de 2021, para ser votada por los magistrados miembros. Sin embargo, el debate giró en torno a cuestiones técnicas y no sobre la parcialidad del juez Moro. La mayoría del Pleno (siete de once magistrados) votó a favor de mantener la postura del magistrado Gilmar Mendes.
Así, dos de los cuatro magistrados que votaron en contra de la resolución de Mendes se deberán pronunciar cuando se retome la discusión del caso, lo cual no tiene aún nueva fecha de celebración.
A esto se sumó que el 15 de abril de 2021 la mayoría de jueces del STF respaldó la decisión tomada el 8 de marzo de 2021 por el magistrado supremo Edson Fachin, la cual señaló que el tribunal radicado en Curitiba que condenó a Lula por dos causas y lo procesó por otras dos no tenía competencia jurisdiccional para hacerlo, y que el exmandatario debía ser juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia.
Si bien esta decisión no resuelve la presunta responsabilidad del expresidente en lo relacionado con los delitos referidos, sí le devolvió sus derechos políticos, en apego a la ley brasileña, la cual establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El mismo 22 de abril, el Pleno del STF resolvió enviar a la Justicia Federal de Brasilia la investigación de los presuntos delitos cometidos por el expresidente. Mientras tanto, éste se ha mostrado cauto respecto a la posibilidad de volver a contender por la presidencia de su país en 2022. Ha expresado que sólo será candidato si la izquierda brasileña y el pueblo así se lo piden. En cualquier caso, Lula da Silva ha hecho frente con la verdad a la guerra jurídica que se instrumentó en su contra y en contra de la mayoría del pueblo brasileño.
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Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
1 Camila Vollenweider y Silvina Romano, “Lawfare. La judicialización de la política en América Latina”, CELAG, 2017, https://bit.ly/3n8M4E3
