CONCIENCIA PÚBLICA
Doctrinariamente, el poder lo ejerce quien tiene la autoridad o la potestad para hacerlo y en las sociedades modernas el poder es siempre acotado por la ley. Quien lo ejerce está obligado a hacer un ejercicio ético del poder, no hacerlo es, además de ilegal, inmoral.
Es propio de los liderazgos carismáticos abusar del poder para modificar a su arbitrio las condiciones en que lo ejerce, generalmente para hacerse de más poder y sojuzgar, imponer su particular visión, porque otra característica de esos liderazgos, es que son unipersonales y desdeñan asesorías y consejos.
Viene a tono esta introducción, dado que la crisis sanitaria desatada por el COVID19 ha sido el subterfugio para que, en forma chapucera se legisle y se intente seguir legislando, con el pretexto de la emergencia nacional, sin otro objetivo que el de acrecentar el poder presidencial. Así, se aprueba una Ley de Amnistía violando procedimientos legislativos para amnistiar a ciertos delincuentes del orden federal, arguyendo para la urgencia que se trataba de evitar contagios en la población penitenciaria. Pretexto pueril para sacar una iniciativa presentada a la Cámara de Diputados a mediados de 2019, cuando no existía la emergencia sanitaria y sólo para cumplir una promesa de campaña rechazada y controvertida por las numerosas protestas de víctimas y sus familias. La utilidad de esta ley de amnistía es totalmente discutible y parte de una apreciación falaz, más demagógica que justiciera. Sin embargo, fue aprobada por un legislativo sumiso que hizo bueno el argumento de la emergencia nacional para tramitar sin modificaciones la misma iniciativa presentada meses atrás sin ningún añadido de protección sanitaria. Su trámite legislativo cuando la vida nacional está paralizada por el obligado distanciamiento social, es sin duda una chapuza que mal habla de la ética presidencial.
A este farfullero procedimiento ha seguido otro, que de consumarse anulará el papel de contrapeso, vigilancia y control que ejerce el poder legislativo sobre el poder presidencial. Siempre con el argumento de la emergencia nacional, el presidente emitió un decreto, a todas luces imperfecto e inútil, que en los hechos pretendió modificar las asignaciones presupuestales autorizadas por el Congreso en la Ley de Egresos. Para subsanar la aberración jurídica que se estaba cometiendo, siempre por complacer al presidente, se incluyó un artículo que anunciaba el envío de una iniciativa que modificará la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 21, en el que ya se regula, precisamente, una situación de emergencia como la que estamos viviendo.
Al igual que con la Ley de Amnistía, en la que ya existían mecanismos para que el presidente indulte y suspenda penas, en esta ley de Presupuesto ya existen mecanismos que permiten al presidente actuar en emergencia, pero que al actual titular del ejecutivo no le son suficientes.
La ley vigente establece que una estimación de pérdida de recaudación de más de tres por ciento es indicativo de una situación de emergencia, pero en este caso, la misma presidencia ha presumido que la recaudación aumentó en el primer trimestre del año y no se consolida la hipótesis legal. Lo que hay, es una disminución del PIB estimada en 4.8 puntos, motivada no por la crisis sanitaria, sino por una errática administración del presupuesto y de planeación y ejecución de políticas públicas.
Utilizando una vez más la situación actual, el titular del ejecutivo pretende no solo sustituir, sino anular al poder legislativo, arrogándose facultades absolutas para el manejo presupuestal.
En nuestra Constitución se contemplan ya, situaciones de emergencia y se establecen límites para que el equilibrio de poderes brinde los contrapesos necesarios para evitar el ejercicio unipersonal y omnímodo del poder. La emergencia nacional, que surge por el deterioro acelerado de la economía ya fue contemplada por la administración actual y así lo reflejó en la presentación de los Pre criterios Generales de Política Económica que contemplan una eventual reducción del ingreso y siguiendo el proceso que la ley marca, el ejecutivo debió presentar un proyecto de reasignación del presupuesto para subsanarlo; en lugar de ello, se emite un mamotreto de decreto y se solicita modificar la ley para ampliar las facultades del ejecutivo para disponer del recurso sin pasar por el Congreso.
Esto no es más que otro intento chapucero e inmoral de acrecentar el poder del titular del ejecutivo, que ha demostrado que no tiene la estructuración técnica administrativa necesaria para hacer un racional uso de los recursos, los cuales ha puesto al servicio de su muy particular objetivo político y no de la recuperación del crecimiento y solidificación de la economía.
Los momentos de crisis son para que los líderes auténticos exhiban sus virtudes y capacidades, pero por el momento, el hombre que llegó con el mayor apoyo electoral de la historia, está mostrando capacidad para el engaño y la chapucería en un comportamiento poco ético para su investidura.
