CONCIENCIA PÚBLICA
Definitivamente, el régimen está peleado con la racionalidad en materia de economía. Se entiende porque la cúpula que toma decisiones son políticos de carrera, dedicados a eso por “vocación social” ya que es evidente su falta de capacidad para las prácticas gerenciales.
Sus fijaciones ideológicas pesan más que cualquier criterio de rentabilidad o utilidad empresarial, y dirán que el gobierno no está para generar utilidades, sino para prestar servicios al pueblo, pero ese criterio es válido solo para efectos demagógicos, porque a lo que el pueblo aspira es a que, la riqueza del estado, que se genera con sus impuestos, sea bien administrada y no se dilapide en ocurrencias.
Es evidente que la actual administración trae conceptos diferentes pues no importa si se pierde dinero de los mexicanos, si en cambio se recupera la autoridad del Estado mexicano como rectora del desarrollo y promotora del bienestar de los mexicanos. Bien por la preminencia del estado y sus instituciones, mal por la decisión de trasladar al pueblo los costos. Bien que no quiera ser un gobierno rico con ciudadanos pobres, mal que sea un gobierno pobre para mexicanos más pobres. Peor es ser un pobre gobierno que desprecia las cifras y privilegia las doctrinas sociales y que en la incapacidad de aportar soluciones para la superación de condiciones, que desde antes ya sabía adversas, nos quiera convencer de que lo mejor es que todos seamos humildes, renunciando a lujos o a la “ridícula aspiración” de tener dos pares de zapatos.
Pésimo es, que la ideología les impida ver la crudeza de las cifras y desdeñar el alto costo que implica aspirar a volver a ser ricos rescatando a una empresa quebrada y además, que aun cuando se pudiera rescatar, sus productos financieros no serán suficientes para financiar la búsqueda del desarrollo y bienestar que se quieren implantar como unidades de medida.
Rescatar a PEMEX se ha vuelto una obsesión que afecta ya considerablemente a las finanzas públicas y a importantes segmentos económicos. La reciente decisión de suspender la incorporación de fuentes limpias de generación de energía eléctrica, tiene que ver con el proyecto de fortalecimiento de ese elefante reumático y oneroso en que se ha convertido la empresa petrolera del estado.
Durante 2019, tuvo pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos y tan solo en el primer trimestre de 2020 ya registra pérdidas por 562 mil millones. Sus costos de operación son mayores que el costo promedio del barril de petróleo en el mercado internacional. La inversión que se está realizando en mejorar y ampliar la capacidad de refinación, consume importantes cantidades de recursos fiscales: en 2019 se le dotó de cuando menos 90 mil millones de pesos; se proyectaron 47 mil millones para 2020 y 91.6 mil para 2021. Se han contratado créditos nuevos para refinanciar su deuda y apalancar los bonos que ha emitido, calificados ya como basura por calificadoras internacionales, y faltan los daños colaterales.
El reciente acuerdo del CENACE, que limita la incorporación de energías limpias al sistema eléctrico mexicano, emitido con el pretexto de garantizar la continuidad y la calidad del servicio en la crisis generada por el COVID19, posiciona a la CFE, otra empresa productiva del Estado, como el ente monopólico que tiene preferencia para generar y vender la energía que produce a los particulares, sin importar que el costo sea mayor y que será imposible reducir el subsidio que hoy tienen las tarifas ante la ineficiencia de la empresa. Esta decisión tiene también que ver con PEMEX y su proyecto, ya que al aumentar su capacidad de refinación se incrementará la producción de combustóleo como residuo de la refinación y este producto, por su alto contenido de azufre, no puede ser vendido en el comercio internacional y tendrá que ser vendido al único consumidor posible que es la CFE, para lo cual tendrá que poner en operación plantas termoeléctricas obsoletas e ineficientes ante las tecnologías modernas, que desplazaran a su vez a la generación eólica y solar que ya empezaban a operar particulares, en esquemas de comercialización con CFE, más baratos que los costos de operación de la empresa nacional. No habrá pues, tarifas más baratas en cambio los subsidios serán más caros.
Es evidente que los números no dan para que estas dos empresas, CFE y PEMEX, recuperen el papel que tenían en el desarrollo nacional porque sus altos costos no habrán de generar la riqueza que el gobierno requiere para impulsar ese estado de bienestar que imagina, pero que no atina a aterrizar. Tampoco el cacareado combate a la corrupción ha generado los recursos que financiarían el desarrollo según el discurso de campaña. El combate a la corrupción se ha tornado en una selectiva aplicación de la justicia para efectos mediáticos y el odio a la mafia del poder se troca en comedia. Hoy los corruptos de ayer, comen tamales de chipilín de a 20 millones y se sientan en el Consejo Asesor del presidente.
