CONCIENCIA PÚBLICA
A estas alturas ya nos debe quedar muy claro que el presidente no va a rectificar el rumbo de su administración, en la que ya da por hecha una muy vaga cuarta transformación. La desesperación de algunos sectores, dramáticamente sacudidos por los efectos de la parálisis económica y la esperanza de otros que aún creen que existe racionalidad en las políticas gubernamentales, es lo que ha evitado que se generalice el consenso sobre la inmutabilidad del proyecto gubernamental.
Los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, a través de articulistas, columnistas, comentaristas y reporteros, casi llegan al consenso acerca de que las políticas y las acciones gubernamentales nos están conduciendo por un rumbo equivocado y muchos auguran un desastre epopéyico, me incluyo en ellos. Algunos pensamos que el choque con la realidad aún puede forzar a una rectificación, pero los hechos nos sitúan en un juego de espejos.
Una es la realidad que se ve desde fuera y otra la que se mira desde adentro de la esfera gubernamental. La diferencia estriba en que la mirada oficial tiene un fondo retrospectivo que influye demasiado en el horizonte y padece de una carga ideológica, no desprovista de resentimiento social, que le impide juzgar con objetividad tanto el pasado inmediato como la situación actual.
La obtusa mirada del entorno nacional e internacional le ha llevado a poner en marcha un proyecto de desarrollo no compartido por casi dos terceras partes de la población y que solo ha generado consenso en torno al combate a la corrupción y a la moralización de la vida pública, sobre las cuales gira la retórica oficial, no así las acciones que realiza.
La errática conducción de la administración pública, y por qué no decirlo, las viscerales decisiones sobre cancelación de obras y política energética, han costado y costarán al país más dinero que lo que se podrá ahorrar en el sexenio con la política de austeridad, que también ha tenido un alto costo al desmantelar instituciones y reducir la capacidad operativa y de inversión en infraestructura del gobierno.
Se podría enumerar aquí todo un catálogo de acciones gubernamentales que van contra toda lógica política y económica, que parecen más ocurrencias que acciones derivadas de políticas públicas, pero han sido ya ampliamente expuestas en los medios por centenares de artículos, reportajes, columnas, comentarios y editoriales que han llevado al titular del ejecutivo a descalificar e insultar a medios y personajes importantes del país.
La agenda nacional se pauta en las conferencias mañaneras, en las que no cabe la crítica ni la transparencia, solo el mensaje para los afines y son el mejor vehículo para mantener la popularidad del presidente, sin embargo, la escasa capacidad del mismo para asimilar las críticas y desarticularlas con datos duros comprobables y no con chascarrillos o referencias históricas, ha ido minando la credibilidad y la confianza en la conducción del país. Así lo reflejan las encuestas que muestran una tendencia decreciente en cuanto a la aprobación del presidente, que tiende a cruzarse con la desaprobación. Un rubro aparte es la popularidad, la cual ha disminuido pero se mantiene con buenos niveles, porque continúa fiel al mito de su figura como paladín de los débiles y para ello se inventa enemigos y complots, acechantes fuerzas obscuras que siempre han mantenido sojuzgado al pobre.
Es un buen manejo de imagen y una hábil estructuración de discurso, pero a la luz de los acontecimientos recientes parece que no será posible mantenerla durante el sexenio del cual, no ha transcurrido ni una tercera parte. La obcecación con que se ha impulsado el proyecto de transformación ha impedido conjuntar a la sociedad en el único consenso posible, que es la moralización de la vida pública, el combate a la corrupción y a la inseguridad. Empeñado en ganar respaldo popular a través de dadivas clientelares y en ganarse el favor del ejército, otorgándole participación y concesiones en actividades muy diferentes a su función primigenia, ha trastocado a la administración y sus niveles jerárquicos, se ha desnivelado el presupuesto y se han gastado los fondos de reserva sometiendo a las autoridades hacendarias a hacer piruetas para encontrar el dinero suficiente para fondear las ocurrencias presidenciales y el insuficiente programa de apoyo, a las empresas micro, pequeñas y medianas y a los comerciantes severamente golpeados por el largo periodo de aislamiento social.
La necesidad de tener siempre un adversario a quien culpar, le impide al presidente lograr ese consenso social, imperiosamente necesario ante lo que está por venir. Empeñado en ganar sus batallas parece no dimensionar el problema que intenta resolver con curitas de honestidad y más austeridad. El Banco de México afortunadamente ha tomado decisiones idóneas para que sea la iniciativa de particulares la que resuelva una problemática que el gobierno federal no quiere o no puede atender o entender. La obligación democrática de todo gobierno es buscar consensos para avanzar y esto no está sucediendo en México.
