CONCIENCIA PÚBLICA
Desde diciembre de 2018, la narrativa política y el acontecer cotidiano habían estado dominados por el discurso y la agenda presidencial introduciendo la percepción del cambio, hasta los umbrales de 2020, cuando la realidad empezó a desbordar al discurso y a mostrar las consecuencias de los arrebatos del régimen, ensoberbecido por el respaldo popular obtenido.
Las insuficiencia e ineficiencia de programas, negligentemente implementados, dieron lugar a una primera crisis en el sistema de salud que mostraba carencias aún antes de la emergencia sanitaria. La irritación por la sustitución del seguro popular, por un ente inacabado e insuficiente, empezó a cambiar la agenda oficial; simultáneamente, la inconformidad femenina tomó las calles y ni la rifa del avión presidencial y otras ocurrencias, lograron cambiar el tono de la discusión pública.
Ahora en el quinto mes del año de la pandemia, cuando se debate sobre el modelo matemático que supuestamente nos dice cuántos contagiados hay por el COVID19, se cierne sobre el país la peor crisis económica que se haya padecido en los últimos 80 años.
Las consecuencias son predecibles y muchos comienzan a hacerlo: CONEVAL ya pronosticó que hasta 10.7 millones de personas están en riesgo de caer en pobreza laboral, es decir que su salario no alcanzará para la canasta básica, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta un incremento de 4.8 puntos porcentuales en los niveles de pobreza extrema, en comparación con el año anterior, para quedar en 15.9 por ciento de la población en esta situación. Estas evaluaciones se suman a las que realizan expertos de instituciones internacionales que auguran un crecimiento negativo del PIB entre 7 y 14 puntos.
Es natural que los temas económicos y los que derivan de la atención a la pandemia tengan acaparada la agenda pública, pese a los intentos presidenciales de recuperar el dominio sobre la misma. Ni el intento fallido de pasar una iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o el decreto que militariza la seguridad pública, o la ley de amnistía aprobada, han marcado la discusión pública con tanto énfasis como la ominosa crisis post pandemia.
Sobre ella y los otros temas introducidos, se advierte una narrativa polarizada, tanto en medios tradicionales como en redes sociales y medios alternativos. La discordia, deliberadamente alentada por el discurso presidencial, que insiste en clasificar a los medios según la favorabilidad que percibe en la crítica, no ayuda a identificar y mucho menos a construir, una agenda nacional que responda a las aspiraciones de todos los sectores.
El gobierno está utilizando todos sus recursos de comunicación para dar a conocer sus acciones e intenciones; diariamente, mediante tres conferencias de prensa ocupa más de 6 horas de atención de los medios tradicionales, los organismos públicos como Notimex, Canal 11 y otros, se han convertido en escaparates para las acciones y programas gubernamentales, y aun así, los proyectos prioritarios del régimen (PEMEX, Dos Bocas, Tren Maya, Tren transístmico, Santa Lucía) no han logrado el apoyo para poder ostentarse como símbolos exitosos de la cuarta transformación que se pregona.
Lastre muy pesado es cargar con la peor crisis económica de la historia, en progreso desde 2019 y agravada por la epidemia en 2020, además, padece el aumento de la violencia y la inseguridad, el comportamiento errático del mercado petrolero, la inestabilidad de la economía mundial y la desconfianza de inversionistas y agencias internacionales, por ello, el gobierno tendrá que desplegar mayores recursos técnicos y de gobernabilidad por encima de sus habilidades de comunicación y manipulación de percepciones.
No es suficiente que se quiera cambiar los parámetros de juicio, como para eludir la falta de crecimiento del producto interno bruto y trocarlos por los indicadores de bienestar, ambos están muy relacionados. Cierto es que, en la situación que se avecina se aconseja fortalecer la economía de los que menos tienen, pero para ello se necesitan recursos que provienen de la riqueza que genera el crecimiento y en México se están agotando esas posibilidades. La menguante recaudación de recursos para apoyar programas sociales no puede ser suplida por medidas draconianas de austeridad, sin que estas no impliquen una disminución de las capacidades institucionales para servir a la ciudadanía y proveer los servicios esenciales que requiere. Es una situación que amerita una mayor reflexión y la posible reconsideración del proyecto unilateral de transformación que impulsa el régimen, que no implica que renuncie a la intención, sino una necesaria adecuación de los medios, estrategias y formas para conseguirlo.
Por el momento no se advierte esa intención, solamente una lucha sorda para determinar quién establecerá la épica del 2020, si será el gobierno o sus críticos. Me inclino a pensar que al menos la narrativa la impondrá el gobierno aunque la realidad le dé la razón a los críticos.
