Emilio Lozoya pasó a ser del ex director de Pemex al cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido como un patriota porque está ayudando al gobierno a desenmarañar el esquema de corrupción mediante el cual creen se aprobó la Reforma Energética, a un delincuente confeso cuya petición para obtener el criterio de oportunidad, delatando a cambio de su libertad, está suspendido. A ocho días de que tenga que presentarse ante el juez para presentar evidencias contra 17 personas que involucró en ese esquema, su libertad definitiva, literalmente, está en el aire.
Lozoya no ha entregado evidencias que respalden su acusación, incumpliendo hasta ahora un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que a cambio de ello no pisaría la cárcel y su madre y su hermana, a quien involucró aparentemente con engaños, en sus pillerías, enfrentarían su proceso bajo prisión domiciliaria. El ex director de Pemex ciertamente tiene peculiaridades éticas y sentimentales particulares. Él en la calle, y ellas encerradas y dependiendo de que cumpla para recuperar su libertad. Su esposa, una alemana hija de multimillonarios, a quien también involucró, ha cortado su relación con él, y contrató a sus propios abogados.
La familia de Lozoya no está en la misma situación que su exesposa. Los reportes que se tienen en el gobierno es que hay un fuerte deterioro familiar, con una creciente molestia de la madre de Lozoya con su padre, Emilio Lozoya Thalman, quien sin ser penalista es quien realmente lleva la defensa y las negociaciones de su hijo. La situación se ha tensado de tal manera, que la madre del ex director de Pemex, Gilda Austin, decidió contratar otros abogados para que la defiendan, aparentemente para no depender de las negociaciones políticas de su esposo e hijo.
La crisis familiar ha llevado a la exasperación a Lozoya Thalman, quien en varias reuniones en la Fiscalía General ha explotado contra su hijo. Hasta hace unas semanas tenía confianza de que el caso avanzara a favor de él, pero después de la cena en el restaurante Hunan hace ya casi un mes, todo se descompuso, y elevó los costos de la protección legal y los privilegios que le han otorgado al ex director de Pemex.
Consecuencia de aquel episodio, el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, con quien se negociaron los detalles del acuerdo que fue presentado a Gertz Manero, perdió la paciencia. También perdió tolerancia el fiscal, después de la reprimenda que le hizo López Obrador por la falta de criterios de comportamiento que impidieran imprudencias como ir a restaurantes de lujo. Asimismo, cambió el ánimo del presidente con Lozoya, con lo cual se redujeron los espacios de maniobra que tenía hasta ese momento.
Lozoya no ha aportado ninguna evidencia, y muchas de las imputaciones que hizo se han venido desmoronando. Una que parecía hasta hace un mes caminaría fácilmente, no tuvo alas para volar. La Dirección General de Asuntos Especiales envió a principios de septiembre un desglose del proceso del ex director de Pemex a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada para que armaran una acusación por ese delito en contra del ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
La apuesta de Gertz y Ramos era que al acusar al poderoso ex secretario de tales delitos y meterlo a una cárcel de máxima seguridad, Lozoya pudiera obtener finalmente el criterio de oportunidad. En la Fiscalía esperaban que antes de que terminara el mes pasado se llevara a cabo la audiencia para vincular a proceso a Videgaray, y que se giraran órdenes de aprehensión. Como es público, no sucedió. Tampoco pudieron consolidar el delito por delincuencia organizada, y ese proceso se derrumbó, como igualmente sucedió con el armado de ese mismo delito contra del expresidente Enrique Peña Nieto, y la acusación en el mismo sentido contra el excandidato presidencial, Ricardo Anaya.
Lozoya no ha aportado nada a la Fiscalía que no sean enunciados y acusaciones sin sustento, que después de lanzarlas, no proporciona las evidencias.
El otro fiasco importante de las últimas semanas, fue el del ex director de Pemex, Carlos Alberto Treviño, a quien a partir de las declaraciones de Lozoya, lo acusó de haber recibido cuatro millones de pesos en sobornos, de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada de esto, como hasta ahora en ninguno de los otros 16 casos originales en su denuncia, ha sido probado.
La Fiscalía, aunque muy molesta en todos sus niveles por sus frivolidades y abusos, lo sigue protegiendo. La defensa de Treviño presentó una denuncia contra Lozoya por falsedad de declaraciones, pero el ministerio público no la integró en una nueva carpeta y la dejó en la existente para evitar que el exdirector de Pemex tuviera abierto otro frente legal. A la periodista Lourdes Mendoza, que lo acusó por difamación, le negaron el acceso a su carpeta de investigación, pese a que copias de ella circulan abiertamente en el gobierno -el mismo presidente la mostró en una mañanera-, y haberse ausentado de las confesionales en este caso en específico, no tuvo consecuencia alguna contra Lozoya.
Falta una semana para que se realice la nueva audiencia y dentro de la Fiscalía están tratando de inventar acusaciones. La estrategia más reciente es tratar de vincular a proceso una vez más a José Antonio González Anaya, que sucedió a Lozoya en la dirección de Pemex, y que también demostró que las imputaciones que le hizo en su declaración del año pasado, eran falsas. La apuesta pueril de los fiscales es que si logran vincular a proceso a González Anaya con nuevas acusaciones, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que tiene rencores ocultos con su antecesor, acepte el acuerdo de reparación de daño de Lozoya, que hasta ahora ha rechazado por considerar que es insuficiente, y vuelva a inyectar oxígeno a un caso que, hasta hoy, se está muriendo.
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