SERGIO A. VENEGAS RAMÍREZ
Contra la mayoría de los pronósticos, la jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Miriam Lorena Trejo Ortega, determinó la libertad provisional del empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, acusado de falsedad ante la autoridad, al reanudar ayer la audiencia pública iniciada el sábado pasado.
Además, la juzgadora le dictó vinculación a proceso y dio un plazo de dos meses para que la Fiscalía del Estado de Querétaro realice las investigaciones complementarias.
A petición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro se ordenó que se le colocara un brazalete electrónico para su ubicación permanente y restringió su tránsito a la zona metropolitana del estado (Querétaro, Corregidora y El Marqués).
Al concluir la audiencia, uno de los abogados de la defensa, Sergio Martínez Herrera, fue entrevistado. Consideró que el juicio se está “resolviendo conforme a derecho” y la defensa respeta en todo momento las determinaciones de la jueza. Confió que esperaban cualquier resolución.
De hecho, antes de iniciar la diligencia, Bustamante Figueroa cesó a los abogados que lo representaron el sábado en la primera audiencia, quienes pidieron la ampliación de término y lo mantuvieron en la cárcel hasta ayer jueves.
Así, Sergio Martínez Herrera (ex funcionario de la Fiscalía del Estado) y los abogados José Vicente Herrera Pérez y Jorge Zaldúa Narváez, se enteraron minutos antes de iniciar, de los pormenores del caso, logrando -a pesar de la vinculación a proceso- que su cliente saliera del penal de San José El Alto.
Por parte de la Fiscalía del Estado, encabezó al equipo el director de Acusaciones, Edgar Francisco Varela Medina, apoyado por tres licenciados, quienes no pudieron mantener en prisión al acusado.
En un comunicado, la FGEQ celebro haber obtenido la “vinculación a proceso para un hombre por el delito de Falsedad ante autoridad, luego de que una Jueza de Control considerará pertinentes los datos de prueba expuestos por un Fiscal”.
Y señaló que la medida cautelar impuesta por la Jueza fue el uso del brazalete electrónico, con la finalidad de que sea la Unidad de Medidas Cautelares quien realice el monitoreo y vigilancia de su localización para dar certeza de que continúe con su proceso legal, dando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Las pruebas presentadas por la parte acusadora (según trascendió desde el sábado pasado), que llevaron a su detención, radican en dos declaraciones hechas por Bustamante Figueroa; la primera, el 22 de agosto de 2016, cuando dijo que era asesor de la empresa Operadora de Inmuebles SA de CV. Dos años después, en otra declaración ante la autoridad, dijo ser dueño del 50% de las acciones y el otro 50% de Antonio Rico Rico. Ahí radicaría la falsedad de declaración ante una autoridad.
Por ello, la jueza Trejo Ortega dictó la vinculación.
Cabe recordar que Operadora de Inmuebles sería la empresa a través de la cual se vendió el inmueble ubicado en Centro Sur que a llevado a un litigio que tiene en la cárcel a Antonio Rico y otros dos vinculados a proceso.
Sergio Hugo Bustamante se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía General de la República en la investigación contra Rico Rico, pero también contra los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
Así las cosas, el origen del diferendo, planteado en la denuncia presentada por Bustamante Figueroa el pasado 7 de junio ante la Fiscalía General de la República obedece a la compraventa de un edificio en 2015, por más de 156 millones de pesos, realizada por la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, de la que Rico y Bustamante eran dueños y el segundo no autorizó la venta ni mucho menos obtuvo su parte.
