- Plan “B” de López Obrador afecta gasto de propaganda
- Mauricio Kuri, encabeza la encuesta de México Elige
- Decidirá el PAN si replica alianza en Querétaro, dice el gobernador
- Hubo postulaciones comunes con Querétaro Independiente
Golpe avisa.
El 27 de diciembre pasado, entraron en vigor las reformas a la Ley de Comunicación Social, aprobadas dentro del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador que, según especialistas, limita la difusión de acciones de gobierno, viola el principio de equidad electoral, invade esferas autónomas de estados y municipios y pone en serios aprietos financieros a medios de comunicación.
Y es que, de entrada, el gasto anual de comunicación social que programen los entes públicos no debe rebasar 0.1% del presupuesto de egresos. Los párrafos 3 y 4 del artículo 26 obligan a las entidades federativas a homologar su límite de gasto en este rubro a la nueva disposición.
Con la disposición, por ejemplo, el municipio de Querétaro, que anualmente tiene una partida que ronda los 100 millones de pesos para difusión, con el nuevo mandato, solamente dispondría de 6 millones.
En teoría, las disposiciones no aplicarían para este año, porque el presupuesto fue aprobado antes de la entrada en vigor de la Ley.
Pero el año entrante sería muy complicado para gobierno y medios de comunicación.
Se acota la información que se puede difundir como campaña de comunicación social (ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos, programas económicos y sociales, funcionamiento de las instituciones públicas, así como acciones que tengan relevancia directa para la población. (se quitan acciones o logros de gobierno)
La Secretaría de Gobernación emitirá Lineamientos relacionados con los Programas Anuales de Comunicación Social, las Campañas de Comunicación Social y el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Un cambio importante es que no se considera propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas así como la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se aplica otro enfoque respecto a los principios rectores en materia de comunicación social, dejan de ser de tipo económico y presupuestal respecto al uso de los recursos públicos para pasar a tener un enfoque social y de cobertura plural, diversidad de opiniones y libertad de expresión.
Al adicionarse el concepto de propaganda gubernamental se establecen principios rectores que deberán observarse en el ejercicio del gasto, destacando:
• La austeridad republicana.
• Respeto a los topes presupuestales establecidos en cada ejercicio fiscal
• El tope máximo para destinar a gastos de comunicación social 0.1 por ciento del
• Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
• La prohibición de reclasificar el gasto asignado a comunicación social de una forma distinta a la aprobada en el presupuesto de egresos respectivo.
• Prohibición de contratar campañas a precios superiores a los que pagan anunciantes privados.
• Se prevén como referencia las tarifas registradas en la Secretaría de Hacienda.
Además, se impone la obligación a todos los entes públicos de presentar a los congresos locales la relación de todos los programas y campañas de comunicación social así como las erogaciones destinadas a sufragarlas.
En cuanto a las restricciones relativas a las ampliaciones presupuestales estarían sujetas a casos de carácter emergente, caso fortuito, fuerza mayor o, en su caso, si fueran necesarias para generar ingresos para el Estado.
Es importante mencionar que no existe legislación local que regule dicha materia, la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro señala que respecto al gasto en comunicación social se atenderá a lo establecido en la Ley General.
Según Alberto Aguirre, de El Economista, las unidades administradoras de cada dependencia deberán solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda para formular dichas adecuaciones. En caso de que la modificación implique un crecimiento del gasto asignado, deberán explicar las situaciones de carácter emergente, caso fortuito, fuerza mayor o en su caso, si fueran necesarias para generar ingresos para el Estado.
Y en los transitorios queda establecido un máximo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, para adecuar sus disposiciones legales y reglamentarias a las nuevas disposiciones. El plazo expira el próximo 30 de marzo.
En este sentido, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, explicó en un artículo para Reforma, que una de las piezas clave del llamado “plan B” del gobierno para trastocar el sistema electoral democrático. Falta aún que se vote y promulgue la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), pero lo que ya está vigente significa un daño importante a la integridad de las elecciones al afectar la equidad de la contienda al permitir, en contra de la letra de la Constitución, la intromisión de los gobernantes en los comicios.
Hoy, dice Murayama, la Constitución impone restricciones a los servidores públicos en materia electoral. El artículo 134 los obliga a “aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos”. La Ley de Comunicación Social se hizo en su origen (2018) para regular las restricciones del 134 al activismo político de los gobernantes, pero ahora se pretende que norme “el derecho de la ciudadanía a la información” que se desprende de otro artículo de la Constitución, el 6°. Así, de una ley para regular al poder nos dan una para que, en nombre de los derechos ciudadanos a la información, los poderosos puedan inmiscuirse en las elecciones.
La operación implica acotar lo que se considera propaganda gubernamental, que según dice el nuevo artículo 2 de la ley, sólo será aquella “con cargo al presupuesto público, etiquetado específicamente para ese fin por un Ente Público”. O sea, si no se etiqueta como tal, aunque se gasten recursos públicos, no se considerará propaganda gubernamental.
Así, por ejemplo, aunque el instrumento más poderoso y recurrente de propaganda del actual gobierno sean las “mañaneras”, como no están etiquetadas como gasto de comunicación social, no podrán considerarse propaganda. Tan se usan las conferencias matutinas del presidente para incidir en las elecciones, que el Tribunal Electoral determinó que en 80 por ciento de las mañaneras de las campañas de 2021 el titular del Ejecutivo contravino la Constitución.
Por lo pronto, el presidente del INE. Lorenzo Córdova Vianello, confirmó que prepara sendas controversias constitucionales a las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos.
También Marko Cortés, presidente nacional del PAN, anunció ayer que irá a la Corte con una Controversia Constitucional.
Así las cosas, al menos en el estado, se evalúa también la promoción de una controversia constitucional, toda vez que se está invadiendo la esfera de competencia de estado y municipios, al destinar un tope máximo de recursos invadiendo la autonomía y soslayando el principio de ejercer libremente los recursos de sus haciendas.
De pronóstico reservado.
-OÍDO EN EL 1810-
México elige.
Permanece Mauricio Kuri como el gobernador con mayor aprobación: 71.4 por ciento, en la primera encuesta nacional del 2023.
Doy fe.
-¡PREEEPAREN!-
Para el análisis.
Al reconocer la tarea de dejar buenos números como gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González dijo que corresponderá a su partido, Acción Nacional, decidir si replica o no en el estado la alianza Va por México en las elecciones del 2024, posibilidad que no descarta.
Esto luego de confirmarse el frente del PAN, PRI y PRD en la disputa por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.
Y es que, como ya se ha comentado, aquí nunca han ido juntos el tricolor y albiazul, al menos formalmente, aunque se presumen acuerdos entre personajes de ambas fuerzas en algunos comicios, especialmente a partir de la llamada “concertacesión” de 1991 en San Juan del Río.
Por lo pronto ya se han dado diversas expresiones locales, como la de la decana panista Natalia Carrillo García y el líder nacional de le Vieja Guardia del PRI, Rubén Galicia Medina, a favor de unir fuerzas para enfrentar al candidato o candidata presidencial de Morena.
Sin embargo para los efectos locales, a la presidenta estatal Leonor Mejía le parece innecesario ir juntos. El PAN, dice, gana solo y no requiere compartir posiciones, como sí lo hizo por cierto con el ya desaparecido Querétaro Independiente de Connie Herrera que metió diputados a la 60 Legislatura local, registrando cuatro formulas en candidaturas comunes.
Así fue.
-¡AAAPUNTEN!-
Recordemos.
Se registraron cuatro fórmulas de PAN y QI en candidaturas comunes.
Distrito 3: Enrique Correa Sada. La titularidad se acordó para Acción nacional, ya que es militante del PAN
Distrito 2. Manuel Pozo Cabrera, ex priista, que no tenía militancia en ningún partido y se acordó su registro con titularidad QI
Distrito 11: Daniela Salgado quien tampoco militaba en ninguno y se registró como QI.
Distrito 15 Selene Salazar, actual presidenta de la mesa directiva del Congreso, quien tampoco tenía militancia en ningún partido se apuntó con titularidad de QI.
Es decir cuatro fórmulas ganadoras registradas por una parte por QI y PAN de forma indistinta pero en candidaturas comunes.
Cuatro ganadas más de 90 mil votos. Tres fueron reconocidas por la autoridad electoral para Querétaro Independiente, fracción liderada por el expriista y Calzadista, Manuel Pozo Cabrera.
El PAN no podía tener más de 13 diputados, pero con Correa y los tres de QI sumó 16 de 25.
Así de fácil.
Así de difícil.
-¡FUEGO-
En veremos.
En fin, todavía falta para el 2024 y se esperará el resultado del 2023 en el Estado de México y Coahuila, dos de los últimos bastiones del Revolucionario Institucional en donde lo apoya Acción Nacional con el compromiso (aunque lo niegue “Alito”) de tener mano en la nominación de la carta presidencial de la Alianza Va por México.
Y los de Morena dirán:
¡Porca miseria!
