La semana pasada se votó el dictamen con proyecto de decreto en el que se proponían modificaciones a la Constitución en materia electoral. Como se había anunciado, después de la nutrida marcha ciudadana celebrada en noviembre, los partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC) lograron que la propuesta se desechara con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra. De esta forma, al no alcanzar las dos terceras partes que comprenden la mayoría calificada, en el Pleno de la Cámara de Diputados se echó para atrás la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo Federal, la cual contemplaba entre otros aspectos, la votación de autoridades electorales, la reducción del número de legisladoras y legisladores federales, asi como de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.
Ese miso día, ante el inminente tropiezo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó el llamado “Plan B” gubernamental de la reforma electoral, la cual constaba únicamente de modificaciones a las leyes secundarias. Lo anterior, con el objetivo de subirla a discusión y votación del pleno, inmediatamente después de que fueran desechadas las propuestas originales.
Una vez más, quedó claro que, en el actual gobierno, lo que más importa son los símbolos y las percepciones. Prefirieron brincarse los procedimientos reglamentarios ordinarios, dispensar todos los trámites, evitar la discusión previa en comisiones e incluso ignorar que los legisladores desconocieran el contenido de las iniciativas, para votar en tiempo récord su propuesta sustituta y minar con ello, la percepción de una derrota legislativa previa. De esta forma, sobre las rodillas, se reformaron más de 450 artículos en cinco leyes: la General de Instituciones y Procedimientos Electorales; General de Partidos Políticos; General de Comunicación; General de Responsabilidades administrativas y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, se expidió una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral que abrogaría la vigente.
Expertos en materia electoral han manifestado su preocupación pues los cambios aceptados por los diputados, debilitarían la autonomía presupuestaria del INE, al exigir que todos los recursos del Instituto estén expresamente etiquetados en el PEF (recortados de antemano en alrededor de 5 mmdp para 2023). También han criticado que se restringirían capacidades sancionatorias, regulatorias y de fiscalización, al mismo tiempo que se expandiría la capacidad propagandística de los servidores públicos en detrimento del “piso parejo” entre candidatos. Por solo citar un ejemplo, el propio presidente podría realizar declaraciones durante las campañas, mismas que ya no serían castigadas como “propaganda gubernamental”. Con ello se provocarían sesgos a favor de los candidatos oficiales. Adicionalmente, el hecho de que “se flexibilicen” las causales de pérdida de registro para los partidos pequeños, ha dejado un muy mal sabor de boca, tras ser avaladas sospechosamente en el último minuto, por el PT y el PVEM.
El factor de la balanza ha quedado en el Senado, de manera específica y trascendente en Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista. El zacatecano anunció que a diferencia del trámite exprés que dio la Cámara de Diputados, en el Senado se analizará y estudiará el contenido de dicha iniciativa, “sin precipitación, con serenidad” y no se permitirá el “fast-track”.
Todo indica que estamos por ver una de las definiciones políticas estelares del sexenio. El resultado aún es incierto. La composición actual del Senado, con 128 integrantes, marca que 76 son integrantes de Morena (61), PVEM (6), PT (5), PES (4), mientras que 52 son de oposición, PAN (20), PRI (13), MC (12), PRD (3) y SP (4). Para frenar una votación de ley secundaria, se requieren 13 votos del oficialismo. ¿Votará Monreal en contra de estas modificaciones? ¿Lo hará sólo o contará con el respaldo de integrantes de su bancada? Si así fuera, ¿De cuántos exactamente? Todo indica que este tema definirá el futuro político del experimentado Monreal.
La #SociedadHorizontal deberá estar muy atenta en la forma como se desarrollan los hechos a lo largo de la semana que inicia. Ante la falta de amplios consensos entre todas las fuerzas políticas y el deficiente análisis provocado por la absurda celeridad procedimental, este asunto terminará en la Suprema Corte de Justicia. Con temple y firmeza, habrá que evaluar si será necesaria una nueva movilización popular, que mande una señal contundente al Poder Judicial sobre las preocupaciones ciudadanas en esta materia.
