Los recientes ataques a Israel se enmarcan en un conflicto complejo, añejo, que tiene que ver con la esperanza de que Israel y Palestina coexistan de manera segura, pacífica y libre, como dos Estados. Los antecedentes, el curso y las consecuencias de la crisis se pueden analizar desde diferentes ópticas. Lo que parece claro es que vienen tiempos complicados para la paz y que serán necesarios todos los esfuerzos de la comunidad de naciones para delinear un futuro estable en la región.
Cuando supimos del ataque del 7 de octubre, la gran mayoría de la comunidad internacional lo condenó por la brutalidad y el terror que Hamás imprimió en contra de la población civil. Este grupo no reconoce la existencia de Israel y se opone a lograr cualquier acuerdo de paz con el Estado hebreo. Ha declarado que su objetivo es matar a los judíos en Israel y establecer un Estado islámico, y no le preocupa ofrecer condiciones básicas de bienestar a la población palestina que habita en la Franja de Gaza, además de que utiliza a las personas e infraestructuras civiles como escudos de protección.
Desde 1945, la Carta de Naciones Unidas estableció que los Estados pueden recurrir a la fuerza armada en casos de legítima defensa o “en caso de un ataque”; la respuesta de Israel debe enmarcarse en los postulados del derecho internacional humanitario, el consuetudinario y los Convenios de Ginebra. Un principio clave de esta reacción deberá ser el de proporcionalidad, esto es, limitar los daños causados por las operaciones militares a las poblaciones e infraestructuras civiles.
El derecho internacional humanitario define que tomar como rehenes a civiles y los ataques deliberados en su contra, así como las agresiones indiscriminadas con cohetes constituyen crímenes de guerra. Sin embargo, un asedio se puede considerar también violatorio de las normas si tiene como objetivo a civiles, en lugar de ser un medio para minar las capacidades militares de Hamás. Israel señala que está alertando a la población civil para que abandone la zona en riesgo de la Franja antes de profundizar sus operaciones.
Las reglas de la guerra también reconocen que se debe permitir que las organizaciones humanitarias entreguen ayuda a la población civil y, según el derecho internacional, las partes en conflicto deben “facilitar su paso”. En este sentido, los Estados que no tienen parte en la crisis deben buscar generar estos espacios de ayuda. En la Franja de Gaza se sabe que están en marcha negociaciones diplomáticas para buscar la liberación de algunos de los rehenes del grupo Hamás, promover el flujo de la ayuda humanitaria y ayudar a ciudadanas y ciudadanos extranjeros —cuando menos— a salir del enclave.
La institución responsable de investigar y, en su caso, castigar los posibles crímenes de guerra es la Corte Penal Internacional (CPI). El Estatuto de Roma le otorga autoridad legal para investigar presuntos crímenes en el territorio de sus miembros o cometidos por sus nacionales, cuando las autoridades del país no quieran o puedan hacerlo. En este caso, la fiscalía de la Corte ya confirmó que su mandato tiene la prerrogativa de indagar sobre posibles crímenes cometidos en la Franja de Gaza y afirmó que seguirá obteniendo información al respecto. La CPI reconoce a Palestina como Estado miembro, mientras que Israel rechaza su jurisdicción y no participa en el organismo.
El ataque de Hamás a Israel provocó la mayor conmoción, al menos desde 1973, y la población perdió su sentido de seguridad. Por tanto, se delibera internamente sobre la contundencia de la respuesta. Una de carácter masivo, al contrario de lo que la mayoría queremos, puede conducir a una mayor espiral de violencia; incluso se puede extender el conflicto en la región.
Israel amenazó con utilizar toda su fuerza para destruir a Hamás; el problema es que enfrenta a un enemigo difícil de identificar y aislar. El uso del poder militar sin restricciones generaría cuantiosas pérdidas civiles e incluso podría conducir al fracaso de la operación, pues esa organización paramilitar tiene un sistema de túneles bajo Gaza que le permiten moverse con facilidad sin que se le vea.
Israel debe proteger a civiles inocentes y distinguir entre el grupo rebelde y la población palestina. Las autoridades señalan que así lo están haciendo. De otra manera, nos alejaremos más de la anhelada paz en la región.
