Desde mediados del mes pasado, se llevaron a cabo diferentes protestas agrícolas en Francia, las cuales fueron organizadas por varios sindicatos y agrupaciones del sector, entre ellos, Jóvenes Agricultores y la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores.
Cabe recordar que en distintos puntos del Viejo Continente —como en los Países Bajos, Bélgica y Alemania, entre otros puntos— desde 2019 se han manifestado agricultores que están inconformes con diversas políticas nacionales y de la Unión Europea (ue). Sin embargo, las protestas de los agricultores franceses son un punto de quiebre al respecto, sobre todo por lo que significa el país galo como potencia agrícola y en cuanto a su peso político dentro del bloque comunitario.
En cualquier caso, cada país europeo hace frente a sus retos, aunque prácticamente la mayoría de los agricultores coinciden en señalar que las normas de producción en la ue y las importaciones agrícolas o de otros productos relacionados con este sector, provenientes de naciones que se encuentran fuera del bloque comunitario, son causantes de la pérdida de competitividad de aquellos y de la caída de ingresos.
Los agricultores franceses también protestan por sus bajos salarios; el aumento del costo de los fertilizantes; la mayor importación en la comunidad europea de alimentos más económicos que los cultivados en la propia ue (lo que genera una competencia desleal, ya que no se cumplen las mismas regulaciones, según afirman); reglas cada vez más estrictas de la ue para la agricultura; crecientes y más estrictas medidas medioambientales y políticas ecológicas plasmadas en el Pacto Verde Europeo (un paquete de iniciativas políticas, cuyo objetivo es que la ue se dirija a una transición ecológica); una burocracia importante en trámites administrativos impuestos a menudo a nivel europeo, y la inconformidad por la imposición de reglas que prohíben la utilización de insecticidas (por ejemplo, para la remolacha, que provoca el cierre de productores de azúcar).
Asimismo, protestaron por la norma europea que obliga a los agricultores a destinar el cuatro por ciento de sus tierras al barbecho, las importaciones de pollo ucraniano e incluso el acuerdo negociado entre la misma ue con el Mercosur.
El Gobierno francés, por su parte, determinó diversas acciones, como suprimir el aumento previsto de la tasa para el combustible que utilizan los tractores; reducir trámites burocráticos; permitir el uso de pesticidas que estén autorizados en otros países de la ue; prohibir la importación de frutas y verduras procedentes de otras naciones fuera de la Unión Europea, que hayan sido tratadas con tiacloprida (un insecticida prohibido a nivel comunitario); crear una fuerza de control europea para combatir el fraude, en especial en lo que se refiere a las normas sanitarias y a la lucha contra las importaciones de productos alimenticios que están en contra de las reglas sanitarias francesas y europeas, y apoyar a los ganaderos con 150 millones de euros (162 millones de dólares), entre otras.
Por otro lado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se refirió a las propuestas presentadas por esta para brindar flexibilidad adicional en el uso de la tierra de barbecho y para establecer salvaguardas a las importaciones de Ucrania. Asimismo, mencionó un diálogo estratégico con agricultores, académicos y otros interesados, para desarrollar una idea, una visión y una hoja de ruta sobre el futuro del campo europeo.
Ese porvenir transita, sin duda, por una visión sostenible del campo, en la que se cuiden los recursos naturales y no se sobreexplote la tierra, pero en la que también se brinde apoyo a campesinos y agricultores.
El ejemplo de los agricultores franceses y europeos, así como sus inconformidades, nos recuerda que el equilibrio entre mercado y Estado es siempre frágil, sobre todo cuando se trata de cuidar el medio ambiente, y también para apoyar a quienes nos dan de comer.
