Una de tantas promesas del presidente López fue esclarecer la verdad del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Para ello creó una “Comisión de la verdad y acceso a la justicia” de la que se hizo cargo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. El primer paso fue la aprehensión de Murillo Karam, procurador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De las investigaciones de Encinas se desprende que fue un ‘Crimen de Estado’ que involucra autoridades municipales, estatales y miembros del ejército mexicano que para López resulta intocable dada su alianza con el Verde Olivo. Resulta claro que Gertz Manero no se atreverá a someter a la Justicia a la milicia responsable del caso. En éste sentido, López ha caído en su propia trampa. Pues, según él, que todo debe quedar al descubierto sin remilgo alguno.
¿Cómo quedan los militares, asesinos? ¿impunes? Al parecer, sí. Pues que la SEDENA se rehúsa a aceptar el involucramiento de la corporación castrense. Gran maricha por el verde olivo, si López se opone del lado de Encinas, se abre una fisura entre el gobierno y el ejército mimado por él. Era de esperarse entonces la decepción y furia de las familias de los desaparecidos, cuyo atroz destino ha puesto una relevancia la periodista Peniley Ramírez. Revelaciones que por pudor evito narrar en ésta columna, pues que sólo ponen de manifiesto la insólita barbarie de la milicia en complicidad con el crimen organizado, concretamente ‘Guerreros Unidos’.
La ‘verdad histórica’ de Murillo Karam, hoy chivo expiatorio, queda atrás. Pero la nueva verdad tampoco satisface a nadie. Ocho años sin justicia para las víctimas, quiero decir para los deudos que han perdido toda esperanza de encontrar vivos a esos jóvenes que sólo buscaban solidarizarse con los caídos del 2 de octubre. Y sólo encontraron la muerte en manos de los impíos. Este es el México que se pudre día con día. En medio de la impunidad y la mentira.
