Qué deteriorada debe estar la relación entre México y Estados Unidos para que el único vaso comunicante entre los dos gobiernos se cerrara definitivamente tras el enfrentamiento verbal entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el embajador Ken Salazar. La relación entre ellos es lo que mantenía abierto un canal de comunicación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, obstruido desde principios de año cuando altos funcionarios de la Administración Biden se cansaron de las tomaduras de pelo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del fentanilo, que detonó la operación para capturar a Ismael El Mayo Zambada.
Cuando finalmente decidieron en ese entonces tomar acciones unilaterales en Washington, la única ventanilla que dejaron ligeramente abierta fue la de esos funcionarios. La captura de Zambada a espaldas del gobierno desquició a López Obrador, pero no fue el único al que le aplicaron el frío. Salazar también fue dejado en la oscuridad sobre lo que vendría, ante el temor de que si lo hubieran puesto sobre aviso alertara a López Obrador. Igual pasó con la DEA en México, a la que imputan en Washington vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Salazar entendió el mensaje. Dejó de trabajar como embajador de López Obrador en el Departamento de Estado y comenzó a operar como representante de su gobierno. Salazar comenzó a alejarse de Gertz Manero, informándole por goteo sobre la detención de Zambada y contaba los días para que terminara el mandato de López Obrador. Para su sorpresa, la presidenta Claudia Sheinbaum le echó agua fría y dijo públicamente que no podría hablar con nadie que no fuera el secretario de Relaciones Exteriores, bajando un grado más el entendimiento bilateral.
El canciller Juan Ramón de la Fuente, totalmente ausente en esta crisis política y diplomática con Estados Unidos, tampoco parece haber hecho nada por rociar un poco de bálsamo en las heridas del humillado Salazar, que el martes, luego de que Gertz Manero se quejó públicamente que Washington no les ha dado información sobre cómo llegó Zambada a Estados Unidos, mostró dos cartas de su gobierno y dejó asomar con ironías las relaciones inconfesables del régimen obradorista con el Cártel de Sinaloa.
Las palabras de Salazar del miércoles no tienen desperdicio, al mostrarse sorprendido porque en lugar de festejar la “victoria del pueblo de México” por la captura de Zambada, la reacción del gobierno mexicano solo hubiera sido de quejas por la falta de información. No creían López Obrador ni Sheinbaum la versión oficial de que no hubo participación estadounidense en la detención. Admiten que fue un “secuestro”, pero reconocen implícitamente que fue parte de un operativo mayor montado por el gobierno en Washington. “El fin no justifica los medios”, dijo ayer la presidenta.
El interlineado de las palabras que está utilizando dice otras cosas. Si hubo un medio para un fin, significa que el gobierno estadounidense operó para llevarse a Zambada. Y es cierto. Un equipo coordinado por el principal especialista del FBI en el Cártel de Sinaloa que trabaja desde Washington, fue preparando por meses la operación, ejecutada por la poco conocida oficina de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Interna, facultada para neutralizar globalmente contra organizaciones criminales -terroristas- que atenten contra Estados Unidos. Sheinbaum sabe, como también López Obrador, que hubo una acción ilegal en territorio mexicano, pero no pueden decirlo abiertamente porque tendría que ser ido acompañado de una protesta diplomática enérgica, que ni el ex ni la actual presidenta se sienten, por lo que se ve, en condiciones de hacer.
La participación de esa unidad la hizo pública el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, mientras que el procurador general, Merrick Garland, agregó que la captura había sido producto de una investigación de varios meses. En su respuesta a Gertz Manero, Salazar fraseó cáusticamente que en la detención no había habido ningún operativo policial -de la DEA o el FBI- en México, y reiterando la postura oficial, negó que su gobierno, directamente o a través de algún contratista, hubiera actuado en territorio mexicano.
No es lo que había dicho Gertz Manero, quien de manera vaga describió los protocolos de seguridad de Estados Unidos para el ingreso de un avión a su espacio aéreo, dejando abierta la sospecha de que si era una nave estadounidense o no, con un piloto estadounidense o no, con una matrícula clonada, fue autorizado para que con un plan de vuelo que tampoco les han entregado, aterrizara en un aeropuerto local en Nuevo México. Ese avión, que partió de un aeródromo cerca de Culiacán que se encuentra bajo vigilancia del Ejército -que tampoco ha mencionado el fiscal en sus averiguaciones-, voló por debajo del alcance de los radares mexicanos para evitar ser detectado, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno.
La acción unilateral proviene de la certeza que verbalizó Salazar sutilmente de la colusión entre el gobierno de López Obrador -a Sheinbaum la revisaron las agencias de inteligencia tiempo antes de las elecciones y no le encontraron ningún vínculo con el crimen organizado- y el Cártel de Sinaloa. Esta creencia se sigue alimentando todos los días, que es la nuez del crítico mensaje del embajador, pero que no parece haber sido oído en Palacio Nacional.
“Lo que estamos planteando no es la detención per sé, sino cómo se hizo”, dijo Sheinbaum ayer. Lo que se ejecutó, por las palabras presidenciales, no fue un mero “secuestro” de Zambada planeado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, cuyo curso de acción, que ya emprendió la Fiscalía General, es procesarlo por el delito de traición a la patria. Lo que hubo fue una acción estadounidense en la planeación y la ejecución, donde avalaron, véase por donde se quiera, una operación ilegal de captura y extracción de Zambada, que describe la presidenta como el fin que no justifica los medios.
En la resaca, ¿qué queda? Mucho grito. Cero represalia contra Estados Unidos. Mucha distracción en la forma y respaldo indirecto a Zambada en el fondo. Solo falta que por las razones esgrimidas, pidan su regreso a México para que aquí sea juzgado.
