Hoy no se puede concebir la viabilidad de una metrópolis como Querétaro sin la garantía en el abasto de agua y energía eléctrica, que son la base los servicios públicos, y junto con la seguridad pública las columnas de cualquier ciudad moderna.
El proyecto hidráulico “El Batán Agua para Todos”, concebido como una solución de largo plazo para garantizar el abasto de agua potable, a una parte de los más de 1.5 millones de queretanos que viven en la zona metropolitana, es un megaproyecto que también ha desatado críticas, resistencias y cuestionamientos, no sólo por parte de la oposición, sino también por sectores de la sociedad civil, especialistas en gestión hídrica y algunos académicos.
Presentado por el Gobierno del Estado de Querétaro como una de sus apuestas estratégicas de infraestructura, se está empezando a tambalear, más por la falta de oficio político, que por la complejidad técnica o financiera.
La obra, necesaria e impulsada por el gobernador Mauricio Kuri, busca aprovechar el caudal de aguas utilizadas -no las llamemos negras, para evitar confusiones-, por la población de la zona Surponiente, principalmente de los municipios de Corregidora y Querétaro, mediante una obra de captación, tratamiento y reutilización en la presa El Batán.
Una vez tratada y saneada el agua mediante modernas técnicas, se trasladaría el vital recurso para su reutilización -en un número aún indefinido de ocasiones-, por la misma población de esa zona del área metropolitana de Querétaro, reduciendo la extracción de las aguas del subsuelo y permitiendo la recarga de los mantos acuíferos. El proyecto contempla, según datos oficiales, una inversión superior a 31 mil millones de pesos en varias etapas, financiados parcialmente mediante el esquema de asociación público-privada.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), el proyecto tiene una capacidad nominal de 1,700 litros por segundo, casi equivalente al actual Acueducto II, y pretende ofrecer agua renovable para los próximos 20 años. También se afirma que incrementaría en un 43 % la disponibilidad del suministro hídrico inicial, alcanzando hasta 850,000 domicilios desde el primer año.
Por su volumen, tecnología y escala —supuestamente el primer sistema metropolitano de reúso indirecto permanente en América Latina— el proyecto del Batán promete ser un hito. Sin embargo, estas promesas no han sido acompañadas de una estrategia asertiva de comunicación pública ni acuerdos con los actores políticos de oposición.
Sin embargo, más allá de las cifras y los datos técnicos, la iniciativa -que es necesaria y urgente-, ha naufragado en el terreno donde debería haberse consolidado primero: el consenso político al interior de la Legislatura estatal, y la sociabilización externa.
El foro abierto que se convocó para celebrarse el pasado viernes 28 de junio en el Congreso del Estado —con el fin de escuchar las voces de actores sociales, expertos y opositores— terminó por cancelarse por el grupo parlamentario panista ante la falta de acuerdos mínimos entre bancadas, dejando un vacío simbólico que exhibe la torpeza del aparato estatal en construir legitimidad democrática para un proyecto de esta envergadura. Morena y sus aliados de la 4T aprovecharon para desahogar el foro, en una versión muy distinta a la planeada originalmente y desacreditar la propuesta ante el vacío dejado por los demás grupos parlamentarios.
Una obra de tal envergadura sin consenso político y con poca legitimidad social es difícil de echar a andar. Los cuestionamientos al proyecto no son nuevos. Desde su anuncio, partidos como Morena y el Partido del Trabajo han manifestado -desde su perspectiva-, su preocupación por la falta de transparencia, el alto costo, la poca planeación, el nulo diálogo con las demás fuerzas políticas, la opacidad en los estudios de impacto ambiental y social, así como la ausencia de alternativas evaluadas.
Cabe recordar que el contexto político está muy revuelto y que, si bien es una apuesta técnica pionera, hoy enfrenta un déficit político. La suspensión del diálogo legislativo por falta de acuerdos entre bancadas evidenció con crudeza la carencia de oficio político. El gobierno estatal ofreció un proyecto de alta tecnología, sin acompañarlo de pedagogía ciudadana ni de la construcción de confianza política, lo cual en el servicio público es fundamental.
Aunque la inversión se plantea por la vía de la asociación público-privada, y por ello es necesario que se apruebe por una mayoría calificada en la Legislatura del Estado, organismos como el IMCO han advertido, anteriormente, sobre el impacto en las finanzas de proyectos APP mal diseñados o con adhesión opaca, lo cual genera dudas legales y financieras sobre los futuros compromisos de deuda, participación privada en infraestructura vital y repercusiones presupuestales.
Bajo este contexto la Comisión Estatal de Agua (CEA) ha actuado más como oficina técnica que como ente comunicador e incluyente. No se ha visto una coordinación de campañas informativas, consultas a usuarios, foros territoriales ni alianzas con la sociedad civil.
Peor aún, la Secretaría de Gobierno no ha mediado políticamente: la oposición denuncia falta de apertura y exige transparencia. Esa ausencia de interlocución y de oficio político deja al gobernador Mauricio Kuri completamente solo (otra vez) y sin respaldo legislativo ni público más allá de los comunicados oficiales. Ya ni qué decir del grupo parlamentario del PAN que ha brillado por su ausencia, a pesar de controlar la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.
El riesgo de polarización se volvió una realidad, pues la obra se está convirtiendo en una moneda de cambio electoral, que solo abona al mito de la privatización y la venta del agua, y que sin duda no está exenta de que el proyecto se convierta en objeto de amparos o bloqueos judiciales ante la ausencia de consulta previa o impacto ambiental revisado, o de cualquier otro tema que pueda surgir.
El potencial técnico del Batán existe, ya lo dijo la presidente Claudia Sheinbaum, aunque al parecer la Comisión Nacional del Agua y su partido Morena opinan de manera distinta; pero sin legitimidad será una espada de doble filo: no garantizará inversión, sino protagonismo político en riesgo.
Si se desea rencaminar el sistema El Batán se requiere ser asertivos políticamente; hacer públicos los estudios técnicos, financieros y ambientalmente; abrir un proceso real de consulta y rendición tramo por tramo; involucrar a la oposición con mesas técnicas y académicas; asegurar mecanismos de fiscalización y vigilancia ciudadana de la APP; y alinear campañas informativas con transparencia horizontal.
Querétaro necesita el proactivo avance tecnológico que propone El Batán, sí. Pero no a costa de institucionalidad frágil, opacidad y desconfianza ciudadana que han generado el PAN, Morena, y sus actores políticos. Un proyecto hídrico de este calibre exige que sus impulsores prueben que saben construir más que plantas: saben construir puentes políticos, sociales y de transparencia.
El reto para el gobierno de Kuri es entender que la técnica sin consenso no garantiza legado; convoca resistencia. El verdadero reto no es reusar agua, sino reusar la voluntad de dialogar y sumar. De lo contrario, El Batán no será agua para todos sino contrapeso al desgaste institucional.
