Por una #SociedadHorizontal
Una de las noticias que mayor sorpresa generaron en días pasados, fue el anuncio hecho por el presidente López Obrador, al dar a conocer que propondía a Quirino Ordaz Coppel, gobernador priísta de Sinaloa, como embajador de México en España. Días después, a siete días de que Antonio Echevarría García concluyera su periodo como gobernador de Nayarit, también haría una invitación, para “formar parte de su gobierno”. En ambos casos, el primer mandatario se expresó de manera positiva por el trabajo realizado por ambos gobernadores. Aún cuando ambos nombramientos deberán pasar por los cauces parlamentarios y diplomáticos, la polémica que generaron dichos anuncios, no se hizo esperar.
La reacciones de los presidentes de los partidos de oposición fue estridente. Alejandro Moreno, PRI, advirtió que se requeriría la aprobación del Consejo Político Nacional de su partido, para aceptar un cargo a través de otro instituto político. De lo contrario, quien lo hiciera sin consultarlo, “podrá ser expulsado y perder su militancia”. Por su parte, los líderes del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, se pronunciaron contra AMLO por la invitación que hizo. El panista puso en su cuenta de tweeter: “Presidente López Obrador, incorporar Gobernadores de Oposición a su Gobierno evidencia su complicidad electoral y sus vergonzosos pactos de impunidad”. Por su parte, Zambrano escribió por el mismo medio: “¡Su objetivo es desmadrar a la coalición, no lo permitiremos!”.
Más allá de los cuestionamientos hechos por militantes políticos, sin duda alguna, los hechos han abierto amplios cuestionamientos por parte de los votantes que confiaron en las pasadas elecciones por la coalición “Va por México”. Las dudas están sobre la mesa: ¿Qué tan sólida será la coalición legislativa?
Es indispensable recordar que el pasado 6 de junio, un importante segmento de la ciudadanía votó por la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, con el fin e contrapesar las decisiones del actual mandatario a través del Poder Legislativo. Si bien es cierto que Morena junto con sus partidos aliados (PVEM y PT) obtuvieron una cómoda mayoría para celebrar modificaciones a las leyes, la coalición legislativa que apoya a AMLO no obtuvo los votos suficientes para realizar modificaciones constitucionales. Los aliados amlistas solo aglutinan 280 curules. Dado que para cambiar la Constitución se requieren 331 votos, Morena tiene que echar mano de alguno de los integrantes de la coalición, ya sea del PRI o del PAN.
Las preguntas latentes son: ¿Lograrán convencer a alguno de estos partidos para apoyar la Reforma Eléctrica que López Obrador prometió mandar al Congreso de la Unión en las próximas semanas? ¿Conseguiran el apoyo del PRI con sus 70 votos? O en su caso, ¿convencerán al PAN de apoyar con sus 114 legisladores? ¿Habrá negociaciones políticas que vayan más allá del simple amedrentamiento a los opositores? Si se ha invitado a ex gobernadores de estas dos fuerzas políticas, ¿podrían darse negociaciones en torno a instrumentos como el Presupuesto de Egresos, con el fin de jalar el apoyo de los mandatarios en turno y los legisladores de sus entidades?
Por lo pronto, la primera semana de sesiones, con la Ley Orgánica de la Armada de México -para ratificar la intervención de la Marina en el control de puertos, zonas marítimas y costeras- fue aprobada con 338 votos a favor, 142 en contra y dos abstenciones. De los votos a favor, al menos 66 integrantes de la bancada del Revolucionario Institucional -incluyendo al coordinador Rubén Moreira- acompañaron a la mayoría encabezada por Morena. Los únicos tres priístas que no se sumaron al proyecto fueron el presidente del partido, Alejandro Moreno, la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano y el veracruzano José Yunes Zorrilla. Aún no es claro que Morena siga la ruta de la negociación amplia, no obstante, la necesidad de alcanzar los votos suficientes para una Reforma Constitucional, ha abierto la oportunidad de que se den nuevos tipos de acercamiento político. En cualquier caso, la #SociedadHorizontal deberá exigir una discusión transparente y congruente sobre compromisos y la forma de votar de cada uno de los actores involucrados. De ello dependerá su imagen rumbo al 2024.
