El uno de diciembre de 2018, el presidente López Obrador protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Dos años después rompió esa obligación constitucional al lanzar su máxima de no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley.
En ese tenor, esta semana declaró que aceptaba bajo protesta la notificación del INE para no hablar de la oposición, eludiendo aquel compromiso obligatorio al violar la ley electoral que es la que le aplicó ese Instituto.
Este normalizar la ilegalidad comenzó tras el descalabro electoral de 2021 que lo llevó a abrir la sucesión al designar a sus corcholatas, de las que él se autodesignó sin pudor pero con exactitud, su destapador.
Y destapó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y luego Ricardo Monreal, que iniciaron sus precampañas por todo el país mientras él reforzaba su propaganda electoral desde la plataforma matutina de su palacio. Llegó el 5 de julio y en una cena les leyó carta y cartilla con las condiciones y tiempos en que debían renunciar, registrarse y relanzar sus precampañas lo que todos acataron y esto se contagió al llamado frente opositor que copió el procedimiento ilegal: designó a sus precandidatos que iniciaron sus campañas.
Para la autoridad electoral, esto que tenía cola de pato, plumas de pato, pico de pato y parpaba como pato, era un ganso, y todos siguieron en la ilegalidad. Sí, sí es un ganso lo que ayer confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al fallar que los precandidatos no son tales ni sus precampañas tampoco.
Así, el mundo político hizo suyo el esquema de la ilegalidad de López Obrador y todos al unísono gritaron que eran gansos, no patos.
E hicieron suya su máxima de que no les vayan con el cuento de que la ley es la ley que está para violarla, no para cumplirla.
