La seguridad pública del Estado de Querétaro debe enfrentarse con inteligencia y decisión, pero no sólo por el ejecutivo, sino por éste junto con toda la sociedad. Es verdad que la seguridad es una responsabilidad esencial del estado y que éste tiene el monopolio de la violencia, pero también es cierto que esta función no tiene éxito alguno si se realiza sin la participación de la sociedad civil.
En este espacio de reflexión de Plaza de Armas, se ha mencionado reiteradamente la presencia del crimen organizado en la entidad. Esta realidad no es nueva y no deja de existir sólo porque el gobierno la niegue. Lo que se ha visto en los diferentes planes de gobierno, estatales y municipales, es que se ha dado una prevalencia casi exclusiva a las visiones reducidas, casi exclusivamente coercitivas, a enfrentar la seguridad pública con instrumentos estrictamente policiacos, con muy poca planeación de inteligencia y casi nula participación social, como si la finalidad fuera sólo proteger la imagen de los gobernantes en turno sin atender el centro del problema.
La verdad es que dejar al frente de la responsabilidad a un “policía”, aún con mucha experiencia policiaca, pero escasa formación para el análisis del fenómeno criminalístico, de encargarse de la seguridad pública conduce a enfrentar el delito con medidas coercitivas, sin una teoría integradora, sin una metodología que atienda el fondo del problema. Lo que ha sucedido hasta ahora es que ha crecido la inseguridad y el crimen organizado ha penetrado en Querétaro y enfrentamos casos cada vez más graves de crímenes generados por su acción violenta. La asimetría entre un ciudadano de a pie frente al crimen organizado es terrorífica. Con este enfoque a lo más que se llega es a informes y cifras, la mayoría de las veces maquillados, sin que se hable de progresos reales, de métodos y sistemas que reduzcan y terminen con el crimen organizado.
Ningún gobernador o presidente municipal ha enfrentado de manera integral el problema de la inseguridad en los últimos años en Querétaro, prevalecen las visiones unilaterales de la coerción y la vigilancia policiaca alejadas de la gente, prueba de ello es el despilfarro en la construcción de instalaciones y equipo, otorgados a policías sólo entrenados para su uso, sin formarlos en un contexto más amplio y complejo, como es el fenómeno de la criminalidad y más allá de ésta, de la gobernabilidad y la gobernanza. Sin teoría e inteligencia sólo se dan palos de ciego.
El Colegio de México acaba de publicar un excelente análisis sobre cómo se llegó a solucionar el gravísimo problema de inseguridad en la región de La Laguna, Coahuila. El libro de Sergio Aguayo, Jacobo Dayán y Gabriel Garza “Reconquistando La Laguna”, nos da cuenta de la necesarísima colaboración de los tres órdenes de gobierno junto con la sociedad civil para enfrentar y solucionar el problema. Es posible y necesario replicar en Querétaro el “modelo lagunero” para corregir deficiencias de enfoque y de operación y mejorar la armonización del combate contra el crimen organizado, enfocándolo a la atención integral de las víctimas, aplicando estrategias y paradigmas que ya probaron su eficacia no sólo en la Laguna, sino en Chicago, Nueva York y Sicilia.
La investigación de El Colegio de México contiene una explicación muy precisa sobre los métodos y estrategias que se aplicaron en La Laguna para derrotar al crimen organizado, reduciendo drásticamente los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas, para ello se requirió, en primer término, una necesarísima voluntad política de los tres órdenes de gobierno. La no participación del gobierno estatal de Querétaro en la coordinación que se propicia en las reuniones sobre seguridad pública federal es una señal inequívoca de la falta de compromiso por solucionar este gravísimo problema. Esa voluntad política también implica que los gobernantes estén dispuestos a dialogar, escuchar y atender a los organismos civiles y empresarios que tengan propuestas concretas, viables e inteligentes.
En este proceso también es clave la participación de los seis grupos de la sociedad organizada: empresarios, colectivos de víctimas, medios de comunicación, iglesias, organismos civiles y académicos. Lo que demostró el “modelo lagunero” fue que la operatividad se asignó a la policía estatal, se creó una policía metropolitana y se dio una coordinación muy estrecha con la Guardia Nacional y el Ejército. Esta investigación de El Colegio de México permite ratificar la importancia del conocimiento y la investigación académica, así como la labor de los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En los nueve capítulos que comprende el libro, también se habla del papel de los medios de comunicación, sus repercusiones y la forma de ejercer el periodismo en los tiempos de más violencia; el papel de los empresarios y de la sociedad civil organizada. Se ve con claridad que la participación social es necesaria para vincular la seguridad pública con todos y cada uno de los organismos sociales, porque es precisamente el concepto de gobernanza lo que está en juego. Cualquier gobierno moderno sabe que para gobernar es preciso tomar en cuenta a la sociedad en la toma de decisiones.
Es necesario, por un lado, resarcir la confianza y la credibilidad social en las instituciones del estado y la integridad y honradez de los servidores públicos encargados de la seguridad pública y procuración de justicia, y, por otro lado, es importante reactivar la denuncia ciudadana y la capacidad de organización e información de la población de barrios y colonias. Se ha olvidado preguntar al ciudadano el qué, el cómo, el cuándo de la seguridad que se le ofrece. Desde la perspectiva de la protección de las instituciones del estado, es preponderante el combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y al terrorismo por su alto poder para permear y corromper a algunos de los integrantes de las instituciones o poner en riesgo la paz social y el proceso democrático. Pero ver sólo este aspecto de la seguridad es insuficiente. Hay que tomar en cuenta al tejido social, que ahora se intenta reconstruir en otros lugares, donde prevaleció la visión de la gobernabilidad sin la gobernanza.
Es urgente revertir los presupuestos excesivos de la seguridad pública hacia el desarrollo social, la educación, la construcción de una cultura de la legalidad y del Estado de Derecho y de valores, así como la prevención y el enfoque de la seguridad pública desde una perspectiva sistémica, integral, holística, metropolitana, atendiendo a la vinculación con la economía, la generación de empleos, el desarrollo urbano y el respeto al medio ambiente, el rezago educativo, la educación en valores para la democracia y la convivencia (aprender a ser y aprender a convivir), la ética pública sin separarla de los códigos de ética individual y la gobernanza. Una cultura de la paz, no de guerra.
