La comida entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum ayer en Palacio Nacional fue vasta en temas pero solo uno altamente delicado: la reforma al Poder Judicial. Acordaron que antes de que se instale la nueva legislatura, con la mayoría calificada de la coalición en el poder, se abrirá una discusión nacional sobre el tema pero, como ha trascendido, no modificará la esencia que tanto temen los inversionistas, eliminar contrapesos que garanticen la certidumbre jurídica.
López Obrador parece haber hecho a un lado el mensaje que envió hace unos días Sheinbaum al presidente de aplazar la aprobación para cuando tenga los controles del país en la mano, ante la reacción negativa de los mercados que puede tener un impacto en la economía. Prevalecerá su dogma, porque como aseguró el viernes, la justicia está por encima de los mercados. López Obrador le reiteró a Sheinbaum que había que oír al pueblo, y el pueblo votó masivamente por lo que quiere el presidente.
Si con el mandato de las urnas en 2018 canceló el aeropuerto de Texcoco, que provocó la depreciación del peso frente al dólar y pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores, con mayor razón con el mandato de 2024. Mal haría el presidente en equiparar los dos momentos. No es lo mismo crear condiciones que afecten la certeza jurídica, que suspender una obra, por más grande que sea. La primera tiene efectos para el país; la segunda le restó credibilidad a él y limitó la inversión. Un mal diagnóstico puede ser desastroso para el país. Ayudaría que revisara la historia.
Septiembre -otro septiembre crítico- de 1982, el último informe presidencial de José López Portillo, donde el presidente electo Miguel de la Madrid, era uno de los invitados especiales. En medio de una crisis de endeudamiento externo y fuga de capitales, nacionalizó la banca. De la Madrid, quien había sido informado de la decisión la noche anterior, visiblemente molesto por esa medida que rechazaba, le aplaudió con desgano, entendiendo lo que vendría.
La nacionalización de la banca llevó a la desintermediación financiera, donde todos los bancos eran del Estado y competían muy poco entre sí. Durante nueve años, de 1982 a 1991, cuando se desnacionalizó, obstaculizaron el crecimiento del país, al frenar financiamientos y créditos para ampliar la infraestructura. La inflación anual llegó al 150% y disminuyó la masa monetaria, que es la disponibilidad de dinero.
El otro momento es el 15 noviembre de 1994, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos hizo un ajuste muy agresivo a su política económica e incrementó en 75 puntos base su tasa de interés. Los efectos en México fueron inmediatos.
El sábado 19 de noviembre hubo una reunión en la casa del presidente Carlos Salinas junto al Bosque de Tlalpan -ya no vivía en Los Pinos-, donde dijo que si era necesario devaluar, devaluaría. Antes, en septiembre, el presidente electo Ernesto Zedillo, por medio de quien fue su jefe de Oficina, Luis Téllez, le había pedido a Salinas que devaluara, pero el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, cuando se lo comentó el presidente, se negó a hacerlo, amenazando con renunciar.
Para el 19 de noviembre, 10 días antes de la toma de posesión de Zedillo, las condiciones habían cambiado. Zedillo rechazó la idea de Salinas y decidieron que aguantarían. Aspe se ofreció a seguir en el cargo de Hacienda para manejar una devaluación, acompañada de su renuncia posdatada. Zedillo rechazó de inmediato la propuesta y sugirió que durante ese periodo, hasta el primero de diciembre, hubiera dos secretarios de Hacienda. Salinas se negó, pese a ser amigo de Jaime Serra Puche, quien sería el secretario de Hacienda, llegando con tensión y enfrentamiento entre los equipos entrante y saliente.
El 19 de diciembre, un mes después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció la creación de municipios autónomos, que, registró el Banco de México, “provocaron un ataque especulativo de gran magnitud” contra el peso que ya no pudo ser contenido por las medidas. Para enfrentarlo, la Comisión de Cambios acordó abandonar el régimen cambiario, pero guardar las reservas. Hasta ese entonces, el tipo de cambio era fijo, por lo que cada alteración no se reflejaba en la paridad contra el dólar, sino en la pérdida de reservas, que es lo que quería evitar el Banco de México.
Zedillo no atendió las recomendaciones del Banco de México. Serra Puche dijo que se abandonaría el tipo de cambio fijo y se abriría la banda de flotación en 15% el 22 de diciembre. La decisión no se procesó adecuadamente, ni se buscó apoyo del gobierno de Estados Unidos para que lo ayudara a contener una nueva corrida de capitales, por lo que el peso terminó depreciándose 71%. Aquel momento se conoce como “el error de diciembre”, pero igual podría llamarse “el error de septiembre” o “el error de noviembre”.
En ambos casos de nuestra historia reciente, decisiones que resultaron equivocadas por los resultados obtenidos, provocaron inicios de gobierno muy tortuosos para los presidentes entrantes, que es el escenario que vivimos actualmente con las reformas constitucionales que insiste López Obrador se aprueben en septiembre.
Hoy, a diferencia de 1994, porque en 1982 se decretó el control de cambios, no hay un tipo de cambio fijo, por lo que las turbulencias en los mercados financieros no agotan las reservas, pero impactan directamente sobre el tipo de cambio. La mayoría calificada que tendrá López Obrador provocó el tercer repunte más drástico del dólar frente al peso desde 1968, que se tiene registrado, solo atrás de 1985 tras el terremoto en la Ciudad de México y 1995. Hay otras implicaciones, y probablemente obligará la próxima semana al Banco de México, cuando analice si baja la tasa de interés, como se espera, que postergue su decisión.
Lamentablemente López Obrador, un etnocentrista, no tomará en cuenta las experiencias mexicanas sobre lo que una decisión del presidente saliente puede provocar al gobierno entrante. No está viendo más allá del 30 de septiembre, aunque el tipo de cambio continuó depreciándose ayer tras su comida.
