Desde el primer día del gobierno de Joe Biden, el tema migratorio ha dividido a Washington. Una historia conocida y que se repite administración tras administración.
Cada año se hace más evidente la urgencia de una reforma, ya que, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, cerca del 70 por ciento de los 42 millones de personas adultas de origen hispano/latino tienen vínculos cercanos con la migración: 19 millones son migrantes y alrededor de 10 millones nacieron en Estados Unidos, con madre o padre migrante.
Algunas medidas que forman parte del plan de reforma migratoria del presidente Biden tienen claro apoyo bipartidista, como la reintroducción de la llamada legislación DREAM, que refleja medidas similares a las ofrecidas previamente: extender la residencia permanente y dar la oportunidad a que quienes llegaron de manera irregular al país cuando eran menores cuenten con una ciudadanía.
Este apoyo bipartidista, que para muchas personas representa un punto de entrada viable hacia la reforma migratoria, tiene eco en la población; según encuestas del Centro Pew, el 74 por cierto de estadounidenses están a favor de una ley que otorgue estatus legal a migrantes que arribaron ilícitamente a EUA en la infancia. No obstante, al analizarlo por preferencia partidista, se nota un contraste claro entre el 91 por ciento de personas con preferencias demócratas contra un 54 por cierto de las que tienen preferencia republicana que se muestran a favor de abrir un camino hacia el estatus legal.
En el Legislativo la división es y será muy clara. Hay congresistas demócratas que consideran a la reforma migratoria como una misión, una deuda. Las cortes tampoco se quedarán calladas: ya vimos el primer revés en Texas, donde un juez bloqueó la orden presidencial de suspender deportaciones por 100 días. Pero mientras circulan las especulaciones sobre el futuro de la legislación propuesta por Joe Biden, así como las opiniones republicanas y los temores ante posibles técnicas obstruccionistas (por ejemplo, la regla del filibuster, como el líder republicano Mitch McConnell ejemplificó en días pasados), siguen creciendo las expectativas de personas migrantes varadas en México en tanto esperan la solución de sus casos como solicitantes de asilo, al igual que la desesperación.
El tema de la discordia absoluta es el camino a la ciudadanía para 11 millones de migrantes con estatus irregular. Lo que está argumentando buena parte del ala republicana es que se traducirá en un incentivo a la migración y podría generar saturación del sistema de asilo —más de la que ya se tiene—, así como crisis humanitaria en la frontera. Y no es un temor infundado: desde el sur sabemos los retos que supone la saturación de un sistema migratorio nacional, pero también, que el fenómeno migratorio tiene múltiples aristas que requieren de narrativas y enfoques actuales, así como de esfuerzos coordinados, como la inversión en desarrollo integral en Centroamérica y el Sur de México. En nuestro país lo tenemos muy claro, así se ha reflejado en la política de cooperación al desarrollo, y se ha expresado de manera elocuente la disposición para trabajar con Estados Unidos en iniciativas conjuntas. La propuesta integral del presidente Biden también lo contempla.
De manera paralela a la discusión sobre la legislación, el Departamento de Seguridad Interna dirigió un memorando hacia las agencias dedicadas a aduanas y protección fronteriza, inmigración y ciudadanía, instruyendo la revisión de las políticas y prácticas vinculadas al cumplimiento de las normas de inmigración con la correspondiente emisión de recomendaciones dentro de los próximos 100 días, y una pausa a la aplicación de ciertas medidas, como la remoción de quienes no tengan la ciudadanía, para redirigir esfuerzos a donde sean más necesarios. Este paso no es menor.
Si bien la aprobación de la legislación podría representar un parteaguas en la historia de la política migratoria, cualquier reforma semejante en un sistema tan complejo como el estadounidense —o incluso, en el caso más modesto, todo ajuste derivado únicamente de órdenes ejecutivas— conlleva cambios en procedimientos y en capacidad administrativa que requieren de tiempo y recursos. Simplemente, el retraso en la atención de casos de asilo será una carga difícil de aliviar de manera ágil. El reto administrativo es mucho mayor, si a esto se le suma una eventual orden que incremente los niveles de recepción de personas refugiadas, de 15,000 a 125,000.
En cualquier caso, la demografía y la composición de la sociedad actual en Estados Unidos cada vez son más elocuentes. En una encuesta realizada en agosto de 2019 por el mismo Centro Pew, el 77 por cierto de estadounidenses dijo que las personas inmigrantes principalmente ocupan trabajos que la ciudadanía local no quiere. Incluso entre personas con preferencias republicanas, únicamente el 66 por cierto comparte esa visión.
Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío; en cualquier caso, el presidente Biden conoce las dinámicas en el Congreso, así que es improbable que haya sorpresas para esta administración. La trayectoria de la iniciativa en el Congreso dará mucho que analizar sobre el sistema político estadounidense, el nuevo balance de fuerzas entre y al interior de los partidos, y el impacto que otros pesos puedan tener en este nuevo gobierno demócrata.
El lanzamiento de una iniciativa de reforma migratoria de este calado es buena noticia, especialmente si a esto se suman órdenes ejecutivas que pueden reestablecer la dignidad de migrantes, como la decisión de no excluir a las personas indocumentadas del censo estadounidense.
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