Desde el primer día de la administración de Joe Biden, el tema migratorio ha divido a Washington. Una historia conocida y que se repite administración tras administración.
Cada año se hace más evidente la urgencia de esta reforma, pues, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, cerca del 70 por ciento de los 42 millones de personas adultas de origen hispano/latino tiene vínculos cercanos con la migración: 19 millones son migrantes y alrededor de 10 millones nacieron en Estados Unidos con madre o padre migrante.
Algunas medidas que forman parte del plan de reforma migratoria de Biden tienen claro apoyo bipartidista, como la reintroducción de la llamada legislación DREAM, que refleja medidas similares a las ofrecidas previamente: extender la residencia permanente y dar la oportunidad para que las personas que llegaron de manera irregular al país cuando eran menores cuenten con la ciudadanía. Este apoyo bipartidista, que para muchas voces representa un punto de entrada viable hacia la reforma migratoria, tiene eco en la población, pues según encuestas del Centro Pew, el 74 por cierto de estadounidenses están a favor de una ley que otorgue estatus legal a migrantes que llegaron de manera irregular al país en la infancia. No obstante, al analizarlo por preferencia partidista, se nota un contraste claro entre el 91 por ciento de personas con inclinaciones demócratas contra un 54 por cierto de quienes tienen tendencia republicana, que se muestran a favor de abrir un camino hacia la situación legal.
En el Congreso la división es y será muy clara, pero las cortes tampoco se quedarán calladas, ya vimos el primer revés en Texas, donde un juez bloqueó la orden del presidente Biden de suspender deportaciones por 100 días. Pero mientras circulan las especulaciones sobre el futuro de la legislación propuesta por el mandatario entrante, las opiniones republicanas y los temores ante posibles técnicas obstruccionistas, como la regla del filibuster (según ejemplificó en días pasados el líder republicano Mitch McConnell), siguen creciendo, al igual que las expectativas de personas migrantes varadas en México en tanto aguardan la solución de sus casos como solicitantes de asilo, así como la desesperación.
El tema de la discordia absoluta es el camino a la ciudadanía para 11 millones de migrantes con estatus irregular. Un argumento republicano es que se podría traducir en un incentivo a la migración y generar saturación del sistema de asilo —más de la que ya se tiene—, así como crisis humanitaria en la frontera. Y no es un temor infundado: desde el sur conocemos los retos que supone la saturación de un sistema migratorio nacional, pero también sabemos que el fenómeno migratorio tiene múltiples aristas que requieren de narrativas y enfoques actuales, junto con esfuerzos coordinados, como la inversión en desarrollo integral en Centroamérica y el sur de México. En nuestro país lo tenemos muy claro, y así se ha reflejado en la política de cooperación al desarrollo. La propuesta integral del presidente Biden también lo contempla, y México está listo para trabajar con Estados Unidos en iniciativas conjuntas.
De manera paralela a la discusión sobre la legislación, el Departamento de Seguridad Interna dirigió un memorando a las agencias dedicadas a aduanas y protección fronteriza, inmigración y ciudadanía, instruyendo la revisión de las políticas y prácticas vinculadas al cumplimiento de las normas de inmigración, con la correspondiente emisión de recomendaciones dentro de los próximos 100 días, y una pausa a la aplicación de ciertas medidas, como las remoción de quienes no tengan ciudadanía, para redirigir esfuerzos a donde son más necesarios. Este paso no es menor.
Si bien la aprobación de la legislación podría representar un parteaguas en la historia de la política migratoria, cualquier reforma en un sistema migratorio tan complejo como el estadounidense —o incluso, en el caso más modesto, cualquier ajuste derivado únicamente de órdenes ejecutivas— implica cambios en procedimientos y en capacidad administrativa, que requieren de tiempo y recursos. Simplemente, el retraso en la atención de casos de asilo será una carga difícil de aliviar de manera ágil. El reto administrativo es mucho mayor, si a esto se le suma una eventual orden que incremente los niveles de recepción de personas refugiadas de 15,000 a 125,000.
En cualquier caso, la demografía y la composición de la sociedad actual en la Unión Americana cada vez son más elocuentes. En una encuesta realizada en agosto de 2019 por el mismo centro Pew, el 77 por cierto de estadounidenses dijeron que las personas inmigrantes principalmente ocupan trabajos que las y los ciudadanos no quieren. Incluso entre personas con preferencias republicanas, el 66 por cierto comparte esta visión.
En cualquier caso, el presidente Biden conoce las dinámicas en el Congreso, así que no se espera que haya sorpresas para esta administración. La trayectoria de la iniciativa en el Legislativo dará mucho para analizar en torno al sistema político estadounidense, al nuevo balance de fuerzas entre y al interior de los partidos y al impacto que otros pesos puedan tener en esta nueva administración demócrata.
El lanzamiento de una iniciativa de reforma migratoria de este calado podría ser una buena noticia, especialmente si a esto se suman órdenes ejecutivas que ayuden a restablecer la dignidad de las y los migrantes, como la decisión de no excluir a las personas indocumentadas del censo estadounidense.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
