La preocupación acerca de la reforma judicial en México trasciende nuestras fronteras entre políticos y académicos. Manuel Atienza, catedrático de filosofía de Derecho en la Universidad de Alicante, España, ha afirmado que implantarse dicha reforma devasta la división de poderes y, por ende, la independencia judicial de nuestro país. La votación popular no resuelve la supuesta corrupción de la judicatura. Por el contrario causará más problemas. Con extrema prudencia, el catedrático español reconoce la heroica defensa del Estado de derecho por parte de Norma Piña, presidenta de la Corte en gesto loable dignidad.
Por otro lado, expertos constitucionalistas mexicanos consideran como una ‘regresión’, como un abatimiento del régimen democrático. De hecho, digámoslo claramente, como un desgarriate. Miles de juristas se han apuntado para aspirar a formar parte de la judicatura “a modo”, es decir, obediente al poder ejecutivo. En el fondo, se trata, como lo pretendía López Obrador, de consumar un régimen autocrático, al que está inevitablemente atada la presidenta Claudia Sheinbaum.
El sistema de justicia no era perfecto. Requiere ciertamente atención pero, como alguien ha dicho, ‘ese paciente no se curará con la reforma’. Más bien, la reforma significa la aplicación de la “eutanasia”.
